Comisión del Congreso aprueba proyecto que prohíbe que los partidos políticos sean sancionados judicialmente: Los alcances de la medida

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La propuesta fue aprobada con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Durante el debate, que duró menos de una hora, Moyano explicó que la iniciativa busca que los delitos cometidos por algún directivo o militante de una agrupación política son de carácter personal.

Además, subrayó que las organizaciones políticas se rigen por la Ley de Organizaciones Políticas y que, por tanto, corresponde que sean sancionadas según los criterios de esa norma.

La presidenta de la comisión señaló, además, que la Corte Suprema estableció, en el 2017, que “los partidos políticos no pueden ser equiparados a organizaciones criminales”.

“Aún cuando el directivo cometa delitos, deben asumirse de manera individual, y será su partido quien señale la separación o expulsados”, agregó.

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En el breve debate, la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular) opinó que la norma no es necesaria porque ya existe un pronunciamiento de la Corte Suprema, pero que tendría “sentido” aprobarla “para evitar confusiones en los fiscales”.

“Las personas jurídicas son sancionables, pero hay fiscales que no saben diferenciar a las personas jurídicas, que nacen con fines ilícitos, de las organizaciones políticas, que nacen y crecen con la finalidad de fomentar, de darle estabilidad a un país. Si la ley tiene como finalidad evitar confusiones en los fiscales, sí tendría sentido, pero de otra manera no”, expresó.

En tanto, Waldemar Cerrón, promotor de la iniciativa, afirmó que “la justicia está integrada por hombres que también tienen una posición política, pudiera entenderse que si quiero eliminar a un partido político, empiezo a tildarlo de organización criminal”.

“Hay muchos casos de dirigentes que han sido o están siendo investigados. ¿Por eso vamos a tildar a los partidos de organización criminal, pese a que han pasado todos los filtros para su inscripción?”, cuestionó.

Minutos después, Cerrón aseveró que cuando un partido político “llega a ganar [las elecciones] también es un poder el Estado”. Ello luego de que su excolega de bancada Víctor Cutipa (Cambio Democrático) expresara que, a su criterio, “los partidos deben ser pasibles de investigaciones penales porque puede ocurrir que sus afiliados, su órgano directivo incurran en ilícitos y [estos] se puedan dirigir desde el partido político”.

“De plano nadie dice que un partido político es una organización criminal, pero no podemos negar que un partido político en el tiempo puede convertirse en una organización criminal”, añadió.

A su turno, Alejandro Muñante (Renovación Popular) pidió a la presidenta de la Comisión de Constitución la creación de “un marco normativo para que el Jurado Nacional de Elecciones no se sustraiga la función de supervisar a los partidos políticos y anular su inscripción si incurren en conductas abiertamente antidemocráticas”.

Por su parte, Patricia Juárez (Fuerza Popular), saludó el dictamen e indicó que “pone las cosas en su real dimensión”. “Hace un buen tiempo se viene ocurriendo una situación de persecución y criminalización de la política, lo que ha devenido en una persecución contra los líderes de los partidos políticos”, dijo.

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Mira aquí la sesión:

El exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y los abogados Jefferson Moreno y Andy Carrión consideraron que el proyecto es peligroso.

Andía opinó que lo que busca la propuesta “es generar un espacio de impunidad, generando un trato desigual ante la ley”.

“Las personas jurídicas tienen la obligación de organizarse y ejecutar sus objetivos con respeto a las leyes y a la Constitución, esa es la parte fundamental sea en el ámbito empresarial o político o si se trata de organizaciones sin fines de lucro”, subrayó.

“Lo que dice este proyecto de ley es que como las organizaciones políticas tienen un fin público, así sus integrantes cometan delitos, la persona jurídica nunca podrá ser sancionada con la pena de disolución, la pena de cierre de locales. Nada más podría ser multada”, explicó también.

Añadió que dentro de un partido político puede “haber lavado de activos, corrupción” y que la propuesta aprobada por la Comisión Constitución dice que “no se les puede tocar porque tienen un fin público”. Ello a pesar de que la organización política puede estar siendo mal utilizada por los integrantes para generar delitos.

“Eso no puede ser sostenido por un Estado de derecho, donde ante la ley todos somos iguales. Están generando una situación de diferenciación superior. Imaginemos, por ejemplo, que el Movadef logre su inscripción bajo otro nombre y luego descubramos que hace financiamiento del terrorismo, no lo podríamos disolver gracias a esta norma”, concluyó.

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Para Vargas Valdivia, la propuesta aprobada es “un salvavidas para los partidos políticos que están comprendidos como parte acusada en los procesos penales, en los que podrían ser sancionados, conforme al artículo 105 del código penal”.

Agregó que también representa un “obvio conflicto de interés”.

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Carrión se sumó a las críticas. “Lo que busca esta propuesta es extraer a los partidos políticos de los alcances de la ley 30424 [...] Es por eso que plantean dejar sin efecto las sanciones establecidas en el apartado e, es decir, la imposición de cualquier tipo de sanción, inclusive la disolución″, señaló.

“En buena cuenta dice que la ley rige para todas las personas jurídicas, menos para los partidos políticos [...] La norma alcanza a todos los partidos políticos, que en varios casos tienen líderes investigados”, añadió.

Una postura similar tuvo Moreno. “Lo que pretende esta modificación es que cuando la persona jurídica sea un partido político, no proceda la disolución sino que lo que proceda sea el alejamiento de las personas que cometieron el delito y eso, en realidad, debe evaluarse caso a caso porque cuando las personas naturales instrumentalizan a la persona jurídica, esta debe responder porque ha sido utilizada y no ha tenido mecanismos para evitarlo, esto puede pasar tanto en empresas privadas, como en partidos políticos”, dijo.

“Es peligroso lo que se está consignando”, acotó.