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:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/02f424e7-280a-41a8-8a12-8fde1a693ab7.png "Fernando Vivas")
Fue un lunes de ruido político, ese del que se quejó no hace mucho el primer ministro Gustavo Adrianzén. José Arista le respondió a Mávila Huertas en RPP que el gobierno es ‘débil’ porque no tiene “fuerza suficiente” en el Congreso. En la tarde, Boluarte, en un evento sobre políticas públicas en beneficio de los discapacitados, alzó la voz para decir que “no somos un gobierno débil” y se jactó de su auspiciosa relación con el Congreso. La situación incómoda de Arista, agravada por declaraciones de ministros ‘dinistas’, merece una ampliación.
1. Bulla en el gobierno, aumento en el Congreso
Aprovechando que los reflectores estaban puestos en el Ejecutivo y en el lío entre el TC y la JNJ; la mesa directiva del Congreso aprobó, ejecutando una decisión de la Junta de Portavoces, un aumento del ingreso de los congresistas. La reacción popular indignada tardó unas horas en expresarse, pero ya en la mañana del lunes era suficiente como para obligarlos a pensar en un retroceso.
César Acuña, líder no solo de APP sino de Alejandro Soto (presidente de la mesa directiva y principal responsable de ejecutar el acuerdo), dijo que el aumento era “una cachetada a la pobreza”. Algunas voces ajenas a la Junta de Portavoces reclamaban a viva voz deshacer el entuerto el martes en la propia mesa o en el próximo pleno. La Junta se reunió ese martes pero no tocaron el tema esperando que el feriado del 1 de mayo apagara la pica ciudadana y quedara estampada una raya más sobre el otorongo. Así fue.
2. Los suplentes renuentes
“Sino [la destituyen] y se vence su plazo de suspensión el 6 de junio, Patricia Benavides, en teoría, volvería a ocupar su cargo de fiscal de la nación. Dependería de la junta de fiscales supremos conjurar, con la colaboración de la propia Benavides, ese escenario políticamente inviable”
Si el TC quiso calmar sus aguas dando razón a ambos bandos (ganó la JNJ ante una demanda competencial de Patricia Benavides; perdió la JNJ al ver nuevamente inhabilitados a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez); por el contrario, las volvió a agitar. Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, acató el fallo del TC y preguntó por su disponibilidad a los suplentes Abraham Siles y Mónica Rossell. Ambos se negaron. Siles lo hizo con una carta indignada contra el TC, en la que evoca al personaje vargasllosiano de Henry Chirinos, un enrevesado ayayero jurídico del dictador dominicano Rafael Trujillo en “La fiesta del Chivo”, para el que Vargas Llosa se inspiró maliciosamente en el gran constitucionalista y ex congresista del Fredemo, Enrique Chirinos Soto, padre de Patricia y de causas políticas que se sucedieron contradictoriamente en su hoja de vida. Las crisis de la semana tienen historias, retorcidas o refinadas, según quien las evoque.
“Voces ajenas a la Junta de Portavoces reclamaban a viva voz deshacer el aumento el martes en la propia mesa o en el próximo pleno. La Junta se reunió pero no tocaron el tema esperando que el feriado del 1 de mayo apagara la pica ciudadana y quedara estampada una raya más sobre el otorongo. Así fue"
El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien, de acuerdo a la norma, preside la instalación de la JNJ y de sus suplentes, presentó un proyecto de ley para que se permita escoger entre todos los que aprobaron el examen de candidatos a la JNJ. El Congreso ya lo aprobó. Sucede que, si se siguen negando (por razones ideológicas o porque la perspectiva de ser magistrados por unos pocos meses no les cuadra) los 3 suplentes que quedan, no habrá de donde llamar más. Mientras no haya reemplazo, eso sí, los 5 titulares que quedan podrían tomar la decisión de suspender a Patricia Benavides. Sino lo hacen y se vence su plazo de suspensión el 6 de junio, ella, en teoría, volvería a ocupar su cargo de fiscal de la nación. Dependería de la junta de fiscales supremos conjurar, con la colaboración de la propia Benavides, ese escenario políticamente inviable para el Ministerio Público.
3. Sigue la armonía
La fortaleza del Ejecutivo declamada por Dina, fue puesta a prueba por el Congreso y por los poderes fiscalizadores. La Contraloría concluyó que la contratación de la plataforma Joinnus para vender tickets a Machu Picchu es irregular y ello ha reactivado voces de censura contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.
La bancada de Cambio Democrático, por su lado, ha puesto el ojo sobre el ministro de Inclusión Social, Julio Demartini, y los problemas en el programa Qali Warma de alimentación escolar. Lamentablemente, la estrategia del Ejecutivo para repeler ánimos y riesgos interpeladores, es no cruzarse en la ruta de los afanes congresales: si la mesa directiva aprobó un aumento propio, pues, ¿quién es Dina para recordarles que la austeridad es un valor republicano; si se aprobó mantener el permiso al retiro del 100% de la CTS, pues, ¿quiénes son los ministros para decirles a los congresistas que su cortoplacismo está en las antípodas de la mirada previsora y planificadora que debe primar en las políticas públicas?; si el Congreso quiere hacer lo que le dé la gana y el gobierno permitirlo, ¿quién es el MEF para cuestionarlo?