La historia detrás del Palacio de Justicia: un recorrido por su construcción y los obstáculos de su retraso

A mediados de 1868, luego de la constitución de la Corte Suprema en 1824 en los inicios de la República, hubo un interés en que el Poder Judicial contara con un espacio propio y se dispuso su traslado de la Casa de Pizarro a una casona ocupada antes como sede universitaria, ubicada en la Calle de la Aduana.

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No pasó mucho tiempo para que el deterioro del edificio y el mobiliario hicieran notar la necesidad de un nuevo espacio para los administradores de justicia. Pero no fue sino hasta la conmemoración del primer centenario de la Corte Suprema, ya durante el oncenio del presidente Augusto B. Leguía, que la construcción de un nuevo edificio parecía materializarse.

Previamente, a inicios del siglo XX, el presidente José Pardo había establecido que un nuevo edificio judicial debía alzarse “al sur” de la plaza San Martín, y se realizaron algunos trabajos, aunque un litigio dejó en suspenso esa idea.

“Leguía tenía en mente una reestructuración arquitectónica de Lima. (…) Este deseo venía a satisfacer una necesidad hondamente sentida, pues a todas luces abochornaba y desmerecía a la cultura limeña el vetusto y antihigiénico establecimiento en que funcionaba el Poder Judicial”, escribió Carlos Ramos Núñez en “Historia del Palacio Nacional de Justicia” (2008).

Se encargó el diseño de los planos y también se dispusieron las expropiaciones. La propuesta que trabajó el arquitecto polaco Bruno Paprocki fue un modelo del imponente Palacio de Justicia de Bruselas (Bélgica); y los terrenos abarcaban la antigua cárcel de Guadalupe y se extendían por un área de diez mil metros cuadrados.

El proyecto original, similar al tribunal europeo, contemplaba una alta cúpula al centro de unos 40 metros de alto, conformada por tres cuerpos de forma cuadrada y estatuas en los vértices; en el último cuerpo remataba una cupulina sobre la que iría el asta de la bandera.

Según algunos registros, los trabajos se iniciaron en 1929, pero con paralizaciones que ralentizaron su construcción, en parte por el tema económico, por discrepancias con el contratista y otras crisis, lo que se refleja en la carta de renuncia del arquitecto ante la Gildred Company Inc., la primera firma a la que se le encargó el proyecto, en noviembre de 1930.

Recién en junio de 1937, el presidente Óscar R. Benavides dispuso la continuación del proyecto y se otorgó la licitación a la constructora Juvenal Monge S.A. para su culminación.

A escasos días de la entrega de mando, en 1939 –y aún sin haberse construido la cúpula–, Benavides optó por celebrar la inauguración del magno recinto, en un evento que se inició pasado el mediodía y al que acudieron las más altas autoridades políticas y militares, diplomáticos, entre otros.

“Nunca había tenido la magistratura capitalina un local digno de ella. No era posible que se postergara indefinidamente tan legítimo anhelo”, dijo Benavides en su discurso, durante la inauguración el 5 de diciembre de 1939. En el evento se obsequió a los concurrentes medallas que reproducían el edificio nuevo del palacio; de oro para los ministros y representantes extranjeros, y de plata para los demás.

En plena inauguración, tal como registró El Comercio en sus páginas, el entonces presidente de la Corte Suprema, Manuel Benigno Valdivia, hizo un repaso de las calamidades que se tuvo que pasar para la concepción del nuevo recinto judicial, e incidió ante los presentes en la notable falencia.

“Falta poco para terminar esta obra: la construcción de la cúpula que corone el edificio y de la que no puede prescindirse”, expresó. Pero la obra nunca fue terminada conforme sus planos originales; y el palacio quedó inconcluso.