Alberto Fujimori: las implicancias de no seguir lo dispuesto por la Corte IDH y las incidencias de su excarcelación

Minutos antes de las seis y media de la tarde, y luego de una serie de complicaciones con la notificación al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la validación del control biométrico, el exmandatario de 85 años fue liberado del penal de Barbadillo, en donde volvió a ser recluido en el 2019 luego que la Corte Suprema anulara el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

A su salida, Fujimori llevaba consigo una mascarilla quirúrgica y asistencia de oxígeno, según quedó registrado en las primeras imágenes, siendo recibido por sus hijos Kenji y Keiko, así como también por su abogado, parlamentarios, dirigentes y militantes de Fuerza Popular.

Tras su liberación, Fujimori —cuya condena por los casos Barrios Altos y La Cantuta aún se cumplía en febrero del 2032— fue trasladado en una camioneta desde Ate hasta el domicilio de la excandidata presidencial en San Borja, en una comitiva de simpatizantes, periodistas y policías. Desde la mañana, un nutrido grupo de seguidores se había apostado en los exteriores del establecimiento penitenciario, con pancartas y fotografías, a la espera de su puesta en libertad, lo que se prolongó por horas.

“Han sido varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. Su salud es grave. (…) Finalmente la justicia y la humanidad hoy se impuso”, declaró a la prensa la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, tras la llegada del exmandatario a San Borja.

En la víspera, tras la resolución del TC en la que se disponía expresamente en su excarcelación, el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez, requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del tribunal “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, como parte del proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias en los casos Barrios Altos y Cantuta.

Y, a pesar de la expectativa que primó durante el día sobre la postura que iba a adoptar el Ejecutivo tras esta disposición, la presidenta Boluarte no se pronunció al respecto. En cambio sí participó en una actividad en Chorrillos por la declaratoria de ceviche como patrimonio cultural de la UNESCO, así como tuvo una intervención en la Expo Perú Regiones 2023, en el Centro de Exposiciones del Jockey (Surco).

En el interín de ambas actividades, Boluarte se reunió con su jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en donde se decidió desde el Gobierno ejecutar el fallo del TC, contraponiéndose a lo señalado por el organismo internacional, tal como lo confirmó El Comercio.

El expresidente del TC, Óscar Urviola, señaló a este Diario que, ante esta decisión, el tema solo pasaría porque la Corte-IDH informe del incumplimiento del Perú ante la asamblea general de la OEA “y ahí queda todo”, “no pasa a mayores”. Mencionó que ya otros países como Colombia y Argentina habían optado en años anteriores por incumplir disposiciones de la corte.

“Y, sobre todo, porque se trata del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que reestablece el indulto, que corresponde, precisamente, a lo que en su oportunidad dispuso la Corte-IDH de que el indulto que otorgó el señor Kuczynski se someta al control de constitucionalidad por parte de la jurisdicción interna”, refirió Urviola a El Comercio.

Así, a juicio de Urviola, con la ejecución de la sentencia emitida en el 2022 por parte del TC (el máximo intérprete de la Constitución) que disponía la excarcelación de Fujimori, recién se está cumpliendo con la revisión del indulto al exmandatario en el fuero interno peruano.

Urviola indicó también que “extraña el activismo de la corte y, en este caso, de su presidente, en una causa en la que el TC del Perú ha reconocido un derecho fundamental a una persona que, por estado de salud y edad, debe ser excarcelada”. “El mismo comportamiento no se observa en otros países, lo cual significa que hay un sesgo ideológico que no debe estar presente en la resolución de estas cosas”, cuestionó.

Por su parte, Heber Joel Campos, profesor en derecho constitucional de la PUCP, señaló que la decisión de excarcelar a Fujimori, “sin duda, generará reacciones a nivel del sistema interamericano de derechos humanos” y que “es probable que la Corte IDH vuelva a pronunciarse sobre este caso, en el marco de su competencia de supervisión de sentencias”.

Mencionó, en esa línea, que producto de las medidas que adopte la Corte IDH, es probable que las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta “acudan nuevamente al Poder Judicial a pedir que se reivindiquen las órdenes de la justicia internacional”.

“Sin perjuicio de lo anterior, es un mal precedente que el Estado incumpla las órdenes de la justicia internacional, las cuales, es bueno precisarlo, provienen no sólo de los tratados suscritos por nuestro país y en vigor, sino de la propia Constitución. Esta, de manera expresa, reconoce el valor jurídico de los tratados en nuestro derecho interno y les da preferencia respecto a la interpretación sobre los alcances de los derechos fundamentales”, manifestó Campos a El Comercio.

Desde el Gobierno, en medio del silencio de Palacio de Gobierno y la PCM, los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia emitieron un pronunciamiento conjunto por la noche. El canciller Javier González-Olaechea aseguró que el cumplimiento de la sentencia del TC “de modo alguno desconoce” de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos; mientras que titular de Justicia, Eduardo Arana, indicó que “es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir” las decisiones del TC.

El Estado peruano tiene como plazo este jueves para informar a la Corte-IDH sobre el caso de Fujimori.