Dina Boluarte y el caso Rolex: de qué trata el delito de enriquecimiento ilícito y hasta dónde podría llegar la fiscalía

La abogada penalista Romy Chang indicó a este Diario que este “podría ser un tema bastante sólido” en el sentido que, en el caso de enriquecimiento ilícito, se “establece expresamente que si tú no puedes justificar tu patrimonio, se presume el enriquecimiento”.

“El tipo penal dice expresamente que se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o el gasto económico personal del funcionario, en consideración a su declaración jurada de bienes, es notoriamente superior al que normalmente hubiera podido tener por sus remuneraciones”, apuntó Chang.

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En el marco de la investigación preliminar, señaló que la fiscalía podría no solo entrevistar a Boluarte —en donde podría acogerse a su derecho de guardar silencio— sino “rastrear” el origen del reloj en cuestión, pidiendo, por ejemplo, información directamente al distribuidor oficial de Rolex en el país. “Y ver si la persona, el empresario que lo compró, eventualmente tiene algún tipo de contrato o licitación o favorecimiento en el Estado”, subrayó.

Chang remarcó que todo dependerá de lo que determine la fiscalía en esta investigación preliminar y que, en caso se llegue a establecer indicios sólidos, “lo siguiente que vendría es que tendrían que presentar una denuncia constitucional ante el Congreso”, a fin de que este evalúe si se le levanta la inmunidad para formalizar una investigación. Esto, independientemente de los mecanismos de control político que pueda activar el Congreso.

Similar postura tuvo la abogada penalista Liliana Calderón, quien explicó, en el caso de enriquecimiento, “lo que sanciona es el hecho de que un funcionario público presente un desbalance patrimonial; es decir, que no pueda justificar válidamente determinado patrimonio”. Agregó que, en el marco de las indagaciones, podría incluirse otros delitos o abrirse otra carpeta fiscal.

En esta etapa preliminar, Calderón dijo a este Diario que igualmente la fiscalía podría pedir información al establecimiento donde fue adquirido para conocer quién lo pagó y desde qué cuenta e, incluso, solicitar un reporte directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto último, debido a que por la naturaleza de la transacción esta tendría que haber sido declarada.

“Seguramente, lo que vamos a ver es que la fiscalía va a cursar oficios para que brinde su declaración la presidenta y puedan brindar información de dónde lo compró. Y, a su vez, pedir información al establecimiento, seguramente también verificar qué otros bienes han sido adquiridos desde que asumió la presidencia”, comentó.

En tanto, Fernando Loayza, profesor de Derecho, hizo incidencia en la importancia de la presentación de la declaración jurada y que, en caso de que sea de ‘antaño’, como indicó la presidenta Boluarte en su momento, “entonces eso efectivamente ha tenido que ponerlo en su declaración, no hacerlo ya implica una infracción administrativa y hay una multa por eso”.

“Muchas veces es difícil demostrar la comisión de un delito por parte de un funcionario público, es difícil probar que esto sea realmente resultado de corrupción, malversación de fondos, que sea dinero mal habido. Precisamente, como es difícil probar eso, tenemos un delito subsidiario, un delito que de alguna forma facilita capturar esta clase de comportamientos delictivos”, explicó.

Destacó que quien tiene los medios para probar la procedencia lícita de los bienes es la persona que está siendo investigada, mientras que a la fiscalía le corresponde acreditar un incremento del patrimonio, para lo cual la declaración jurada es crucial, aunque también cuenta con otros elementos.

“La fiscalía lo único que tiene que hacer es coger la declaración y ver: oye falta algo aquí, acá tenemos un problema”, apuntó.

En el Congreso, ayer Fuerza Popular mostró su preocupación porque “no haya una respuesta clara y contundente” del Ejecutivo, mientras que Perú Libre anunció la presentación de una moción de vacancia en su contra.

Fuerza Popular lamentó “que la institución presidencial nuevamente esté envuelta en escándalos y entredichos” que afectan la estabilidad del país y señaló que el primer ministro Gustavo Adrianzén “se equivoca al pretender señalar que este asunto es parte de la esfera privada”.

“Esperamos que el señor Adrianzén explique de forma clara el origen de los relojes de alta gama que luce la presidenta Boluarte”, se indicó en un pronunciamiento del partido y la bancada.

En tanto, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, anunció que presentarán una nueva moción de vacancia en contra de la mandataria.

“A la fecha no ha demostrado transparencia del origen y el modo de obtención de su reloj Rolex cuyo costo supera los 18 mil dólares; sus medias respuestas y contradicciones evidencian graves irregularidades en su adquisición”, indicó.

La fiscalía investiga desde el lunes de forma preliminar el caso por presunto enriquecimiento ilícito y omisión, mientras que los ministros buscan minimizar el tema, incluso deslizando ahora que podría tratarse de una réplica.

La ministra Hania Pérez de Cuéllar reveló que ella, en un viaje a China, compró una “réplica”, lo que luego consideró como un “error”. Para Pérez de Cuéllar, el caso podría tratarse de “una venganza y complot” en contra del gobierno.

“Creo que hay intereses subalternos (...) Hay algo que me llama la atención, si la presidenta viene usando [los relojes] desde hace varios meses, ¿por qué recién sale ahora la información?”, cuestionó en una entrevista con RPP.