Dina Boluarte: ¿Qué revela su constante defensa a Nicanor Boluarte?

“Domingo a domingo ya parece que mi hermano es el protagonista principal de algún medio de comunicación”, añadió un mes después, el 18 de diciembre.

“Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada”, insistió en enero pasado.

Y esta semana, al menos por cuarta vez, la presidenta volvió a ejercer la defensa pública de Nicanor Boluarte por la denuncia periodística sobre la contratación de sus allegados en Palacio de Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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La decisión de la mandataria de fungir de abogada de su hermano y cuestionar a la prensa que lo investiga es una muestra más de su poca pericia y capacidad política, señaló el analista político Jeffrey Radzinsky en diálogo con El Comercio.

En tanto, la inacción del Congreso de la República - que no ha tomado ninguna medida concreta para determinar el nivel de influencia de Nicanor Boluarte en el gobierno - evidencia la existencia de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso de “mantener la calma” para conservar el poder, agregó la politóloga Katherine Zegarra.

Recientemente, congresistas de diversas bancadas pidieron que la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Wilson Quispe (Perú Libre), cite a Nicanor Boluarte de grado o fuerza, pero la solicitud no ha prosperado hasta el momento.

El año pasado, la comisión solicitó al pleno que se le otorgue facultades para investigar a Nicanor Boluarte por sus reuniones con el alcalde de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos, cuyo municipio recibió S/ 20 millones después de una visita que le hizo Hoyos.

Aunque el Consejo Directivo del Congreso aprobó el 4 de diciembre último que el caso ingrese a la agenda del pleno, la legislatura acabó sin que el tema se abordase.

La presidenta defendió el lunes pasado la contratación de cuatro funcionarios allegados a su hermano. Argumentó que estos cumplen con el perfil profesional que el Estado requiere y negó que Nicanor Boluarte haya interferido en los nombramientos.

No obstante, en esos y otros casos denunciados por diversos medios de comunicación hay un común denominador: las contrataciones las realizó Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); es decir, entidades donde la presidenta tiene o tuvo especial control.

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Entre diciembre y enero pasado, se reveló que Nicanor Boluarte es cercano a Alejandro Gonzáles González, director de Recursos Humanos del Despacho Presidencial; Jorge Távara Vallejos, ejecutivo de la Unidad de Tecnologías de la Información del Midis; y Víctor Torres Merino, contratado por el Midis como capacitador en gimnasia laboral.

Además, El Comercio ha revelado que prefectos y subprefectos fueron utilizados para inscribir al partido de Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú.

Boluarte no está afiliado a la agrupación, pero personas de su entorno aparecen como dirigentes.

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Para Zegarra, “en un escenario como este, Boluarte tiene que priorizar su rol como mandataria en lugar de su rol como hermana”. Añadió que “es importante que la postura de la presidenta, al menos públicamente, sea siempre estar al lado de las investigaciones, de que se aclaren las dudas, [...] teniendo en cuenta que existen indicios preocupantes”.

En opinión de Radzinsky, “hay una serie de indicios más que razonables de vasos comunicantes, de círculos de influencia de Nicanor Boluarte en Palacio de Gobierno. Y algo similar pasa también con el presidente del Consejo de Ministros [Alberto Otárola] porque se confunden los círculos y la capacidad de contratar al personal de confianza, que tiene mucho sentido, con los límites del poder”.

En octubre pasado, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Otárola por presuntas irregularidades en la contratación de su amiga Rosa Rivera Bermeo en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Se le investiga como presunto instigador del delito de colusión, en las modalidades simple y agravada.

La contraloría ha detectado irregularidades en la contratación de Rivera en Devida, pero también en la de Yaziré Pinedo Vásquez (otra allegada de Otárola) en el Ministerio de Defensa (Mindef).