No se va, no se va, Dina no se va. Crónica de Fernando Vivas sobre qué hace el gobierno para quedarse hasta el 2026

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‘Declárase de interés nacional la ANI, exonérese de comisiones, vótese en próximo pleno, apruébese por aclamación y quedémonos en paz hasta el 2026′. Esa podría ser la ruta soñada del proyecto, pero nada es tan fácil para un gobierno que no tiene la popularidad consigo. La ANI es, hasta ahora, lo de más largo aliento, lo más largoplacista, que hemos visto surgir de Palacio desde el 7 de diciembre en que Dina juró a la carrera.

Volvamos al desayuno de los dos poderes. La conversación se concentró en los desastres naturales, en la pesantez del Estado para atenderlo todo, en la urgencia de la ANI y en el currículo escolar, caro tema para el conservador tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante. Hubo un pequeño bochorno en medio de la reunión. Dina, sonriente, en una suerte de guiño a los congresistas, les hizo notar que ya no menciona al adelanto en sus declaraciones públicas. La fujimorista Martha Moyano, primera vice del Congreso, le dijo: ‘presidenta, mi bancada tiene una posición a favor del adelanto’. Esa fue la única mención al elefante adelantista en el desayuno, entre sonrisas, sin arruinar el tono afable de la charla.

Moyano estaba mosqueada, porque no acudió a la Comisión de Constitución, de la que es miembro, donde justamente se estaba por votar el predictamen que pone a diciembre del 2023 como fecha de la primera vuelta. Como fujimorista disciplinada, iba a votar a favor. Pero no pudo hacerlo. Puede respirar tranquila: el adelanto perdió 9 contra 12. Su voto no hubiera hecho la diferencia. No estoy insinuando que Palacio planificó la reunión para sustraer el voto de Moyano. ¡Qué va! El Ejecutivo tiene la evaluación –muy acertada- de que el ‘quedacionismo’ es mayoría simple y el ‘adelantismo’ está arrinconado. Además, el Congreso es más impredecible que el clima. El adelanto está bloqueado, pues hasta se perdió, en la misma sesión de Constitución, una reconsideración de la votación planteada por Susel Paredes y Ruth Luque. Eduardo Salhuana de APP, que votó en contra, ha dicho que presentará un dictamen en minoría atrasando unos meses la fecha de elecciones. Lo hizo tan desganado por irse como la mayoría de sus colegas.

En este episodio se mezclan los dos pilares del gobierno que Dina y Alberto proyectan hasta el 2026: armonía con el Congreso y eficiencia para atender necesidades inmediatas. Los desastes naturales están ayudando a construir el segundo pilar. Por supuesto, este es el ‘wishful thinking’ oficialista. Muchos peligros acechan en su camino: que los desastres dejen la percepción de demandas desatendidas; que se destapen escándalos de corrupción en el Ejecutivo y en la relación de este con el Congreso (nuevo ‘cuoteo’ encubierto); que la presión internacional reclamando sanciones contra los responsables de las muertes resquebraje la alianza con las Fuerzas del Orden (ya se viene el informe de la CIDH); que algo pase que Dina haga el control de daños rodando la cabeza de Alberto. En fin, mucho va a pasar, y el adelanto podría imponerse por su propio peso.

¿Y la integridad?

Ha llegado a mis manos un documento peculiar: el Informe Final de la Comisión Encargada de Proponer las Acciones y Medidas de Reforma Administrativa y de Gestión para la Reorganización del Despacho Presidencial (DP), fechado el 9 de febrero. Por Decreto Supremo No. 148-2022-PCM del 22 de diciembre, se creó una comisión presidida por Óscar Schiappa-Pietra, con el fin descrito en su largo nombre. El grupo analizó los dos años de Castillo -¡debió incluir las primeras semanas de Dina¡- y encontró que el DP era un coladero de corrupción, ineficiencia, duplicidad de comunicaciones, y mala comunicación dentro de sus áreas y con la PCM.

La primera propuesta de la comisión es crear en Palacio una Oficina de Integridad Institucional, con un funcionario cuyo mandato trascienda un año al del presidente. Esta área fiscalizaría que nadie en el DP incurra en tráfico de influencias o conflicto de intereses y vigilaría la transparencia de la agenda y las visitas a la presidenta. Otras propuestas incluyen fortalecer el gabinete técnico y de asesores (se los llama consejeros), así como al área de comunicaciones. Destaco otra propuesta en particular: eliminar la oficina de apoyo al cónyuge del presidente.

¿Acatará Dina estas propuestas de la comisión no vinculante? El 22 de febrero anunció que implementaría la oficina de integridad. No sabemos qué ha hecho al respecto desde entonces. Sino lo hiciera, ¿para qué diablos la convocó? Destaquemos que, al pedir este informe, quería marcar la diferencia con Castillo, quien convirtió al DP en una organización criminal. Pero ahora tiene que asimilar las recomendaciones, pues. Ya se han detectado casos de presunta corrupción de funcionarios protagonizados por su ex asistenta personal Grika Asayag. Una oficina de integridad hubiera prevenido y/o detectado esas malas conductas. Valga este apunte sobre la integridad, traído a colación en un informe encargado por el propio gobierno, porque esa puede ser la soga que más apriete el cuello de Dina Boluarte. Como ya vimos, la posibilidad de que se quede hasta el 2026 dependerá en gran medida de que no protagonice errores o escándalos autodestructivos.

Reforma del Estado

Volvamos a la ANI. Una fuente cercana a Boluarte me contó cómo surgió la idea. En las últimas semanas, ella se ha reunido con varios gobernadores y, sobretodo, alcaldes de distritos grandes y pequeños, que se quejaban de lo difícil que es lidiar con las entidades ejecutores del gobierno y le confesaban sus propias limitaciones para armar expedientes técnicos. Surgió una especial preocupación por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, cuyo ámbito de ejecución se limita solo al Norte y algunas zonas del Centro. Se habló, entonces, con los ministros y con Alberto Otárola, de armar equipos que ayudaran a los alcaldes, de extender a todo el país el ámbito de RCC, de permitir que los gobiernos regionales pudieran contratar obras bajo el sistema de ‘gobierno a gobierno’, el único que funciona sin mayores trabas en el Perú enmarañado.

El sábado, Dina y un grupo de ministros viajaron a varios puntos del Norte, entre Tumbes y La Libertad. Esa gira la decidió a lanzar la idea de la ANI de una buena vez. Lo hizo en conferencia de prensa del lunes 13, en estos términos: “Anuncio que el gobierno está preparando un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso, para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tendrá oficinas descentralizadas en todo el país”. El martes, ella y Alberto, estaban desayunando con Williams para pedirles que aprueben el proyecto apenas llegue.

El proyecto ahora está en la cancha de la PCM, que lo está afinando con el MEF y con la propia RCC. El equipo del primer ministro me respondió así cuando pedí más detalles sobre su contenido: “La ANI va a tener alcance nacional y se va a dedicar a impulsar las grandes obras emblemáticas que están trabadas. Es el caso de la gran obra de la cuenca ribereña del río Rímac o del río La Leche en Lambayeque, o de las obras de agua y desagüe en Juliaca, la limpieza del Titicaca y la nueva carretera central”. Aquí viene una precisión clave para desenredar la maraña que paraliza el avance de los mayores proyectos: “Todas estas obras van a utilizar el modelo de gobierno a gobierno que es el que mejor ha funcionado y que blinda al proyecto de la corrupción. Se va a invitar a todos los gobiernos del primer mundo: Gran Bretaña, EE.UU., Japón, Alemania y Francia. La ANI va a ser el preludio del Ministerio de Obras Públicas”.

La cosa va en serio. La ANI sería, tras semanas de gobierno abrumado por las protestas, un giro proactivo: crear una plataforma descentralizada para algo más efectivo, en términos de resolución de conflictos y legitimación, que las mesas de diálogo: un desfile de autoridades en busca de ayuda para armar sus expedientes y, si cabe y se puede, ejecutar sus obras’. ¿Los movimientos, frentes de defensa y comunidades, serán sensibles a este esquema hecho pensando en las autoridades? ¿Será posible crear un organismo así de eficiente y descentralizado, sin otras medidas de reforma del Estado? ¿Por qué no se destaca también el valor del modelo de obras por impuestos y de asociaciones público privadas por su estímulo para la inversión privada? ¿El sistema de gobierno a gobierno puede ser generalizado sin que ello desnaturalice el fomento a la obra pública pura? Muchas preguntas por responder.

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A propósito del gobierno a gobierno (’G to G’), en la narrativa oficial se defiende a este sistema como de blindaje a la corrupción; pero, en realidad, más que eso, los abrumados burócratas con los que los periodistas nos solemos topar, nos dicen que el ‘G to G’ es el más blindado contra las excesivas regulaciones locales. En lugar de ellas, se imponen la confianza y los estándares más fluidos del gobierno con el que se contrata. No hemos avanzado en permisología; por el contrario, hemos retrocedido e institucionalizado la desconfianza. Es la herencia del trauma de la corrupción, que nos llena de más trabas que paralizan a los funcionarios probos. Para que la ANI tenga éxito hay mucho por cambiar en el Estado y eso demanda bastante para Dina de los 100 días y de las ganas de quedarse hasta el 2026.