¿Será la economía?

Dos interesantes notas publicadas en estas páginas en los últimos días se han referido a la situación actual. El inmovilismo que parece augurar un gobierno de la presidenta Dina Boluarte hasta el 2026, algo que –en circunstancias normales– sería una señal de relativa salud institucional. Pero no se está ante circunstancias normales: a ello se refieren, en distintos espacios, los politólogos Alberto Vergara y Mauricio Zavaleta.

Entrevistado por Ricardo León a propósito de su libro más reciente (El Comercio, 28/5/2023), Vergara se refiere al gobierno de Boluarte con una particularidad nada encomiable. “Una presidencia así de desalmada” –dice– al describir la insensibilidad con la que se condujo la mandataria ante las protestas y las muertes registradas en estas.

Al criticar la posición de las élites económicas –”que se están equivocando al estar felices con el gobierno de Boluarte”–, Vergara dice que actúan con la premisa “de que la barbarie es preferible al comunismo”. El politólogo también ha usado la misma palabra (“barbarie”) en un debate reciente, convocado por el Diálogo Interamericano (24/5/2023).

En tanto, en “Así muere la democracia” (28/5/2023), Zavaleta describe la presidencia de Boluarte como “una forma alternativa de deterioro institucional”, que constituye una agonía en silencio. Los dos hitos fundamentales que identifica Zavaleta son el uso desproporcionado de la fuerza para controlar las protestas y “la incapacidad de respuesta de los representantes” para encontrar salidas.

¿La situación actual es como la describen Vergara y Zavaleta? La ausencia de una canalización sensible para las dolorosas pérdidas de los meses pasados –que trascienda la abdicación que se refugia en la acción judicial– es un serio pendiente. El país observa una actitud insensible casi de la totalidad de su clase política.

También es innegable el deterioro institucional que Zavaleta describe, aunque –como sugiere Vergara– debe retrocederse varios años para encontrar un hilo conductor. Zavaleta recurre a los referentes tanáticos para referirse al momento presente: la agonía de la democracia corresponde al Perú del 2023.

Pero dicho final es un proceso que no podía continuar de otra manera si se aplaudió el controversial cierre del Congreso en setiembre del 2019 o se relativizó el daño que podía causar un advenedizo inmoral como Pedro Castillo en el poder.

Cualquier abordaje que se limite al desempeño de los actores políticos y las decisiones que toman puede perder de vista los factores económicos y sociales que constituyen el escenario sobre el que se presenta la actual tragedia nacional. Y es que, entre la sociedad forjada tras las reformas económicas de finales del siglo pasado y el ‘boom’ del nuevo milenio, la informalidad que parece ya crónica, la crisis del COVID-19 y la precariedad del sistema de partidos, parecía poco probable que el resultado fuera otro.

Y, sin embargo, frente a la barbarie que sugiere Vergara y al deterioro institucional que describe Zavaleta, el país parece ubicado en una estabilidad muy precaria (la presidenta Boluarte tiene un 15% de aprobación desde febrero, y la del Congreso oscila entre el 6% y el 7% en el mismo plazo) que bien podría prolongarse hasta el 2026. Ello, a pesar de que un amplio sector de la población (82%) cree que es más conveniente para el país que haya elecciones antes del 2026 (según el IEP, “La República”, 28/5/2023).

Quizás la respuesta deba buscarse en la economía. Ayer, este Diario reseñaba el “Informe de Confianza del Consumidor en Lima Metropolitana” de Apoyo Consultoría, que reporta una recuperación de nueve puntos, para ubicarse en 43 en mayo (El Comercio, 30/5/2023). ¿Cómo pasar del consumidor al ciudadano? ¡Vaya arte!