Editorial El Comercio

Anoche, luego de varias postergaciones, finalmente el llevó a cabo la segunda votación de la conocida como ‘’, que busca endurecer las penas por los delitos de difamación y calumnia en nuestro Código Penal. La propuesta fue derrotada con el voto en contra de 56 legisladores, lo que refuerza la tesis difundida en las últimas semanas de que sus impulsores venían buscando que su refrendo se pospusiera porque ya no contaban con los respaldos necesarios –recordemos que el proyecto fue aprobado en una primera votación gracias al apoyo de 69 parlamentarios– para sacarla adelante.

Podemos decir que, al menos por esta vez, primó la sensatez entre la representación nacional. Y esa sí es una noticia que hay que destacar. No olvidemos que en las últimas semanas varios gremios de prensa, asociaciones de la sociedad civil, instituciones como la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, este mismo Diario habíamos advertido una y otra vez sobre los riesgos que esta iniciativa conllevaba. Básicamente porque les daba a quienes buscan procesar a los periodistas a modo de represalia por la labor que estos vienen desempeñando una herramienta perfecta para hacer de las suyas y porque tendría un efecto de autocensura en todos aquellos hombres y mujeres de la prensa que seguramente preferirían no publicar una información si la consecuencia de ello sería su comparecencia en una sala judicial.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que con la votación de ayer las embestidas contra la prensa provenientes del Congreso han quedado conjuradas. Nada más alejado de la realidad. Después de todo, los impulsos autoritarios que permitieron que una norma como esta prosperara en un primer momento y que han llevado a que se presenten otras iniciativas que buscan afectar el trabajo periodístico de distintas maneras siguen presentes en el hemiciclo.

Recordemos solamente que, aun con todas las advertencias que se hicieron en el último mes y luego de que, como dijimos en este mismo espacio, había quedado claro que su propio autor, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), era incapaz de dar una sola razón que resultara convincente sobre la utilidad de su proyecto, 45 legisladores consideraron que debía seguir adelante. Entre estos se encuentran no solamente integrantes de Perú Libre o de sus satélites, sino también de grupos como Acción Popular, Podemos Perú, Renovación Popular y hasta algunos no agrupados.

Pero además existen otras iniciativas que buscan afectar el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas y que todavía están pendientes de ser revisadas por este Congreso. Allí está, por ejemplo, el proyecto presentado por el parlamentario Américo Gonza, correligionario de Montalvo y uno de los principales impulsores de la ‘ley mordaza’, para obligar a los medios radiales y televisivos a reservar una cuota “proporcional a los demás contenidos emitidos de su programación diaria” a “la difusión de manifestaciones musicales, históricas, literarias, artísticas, cívicas y culturales”. Un proyecto que, como dijimos anteriormente, parece a su vez una mala copia del presentado por otro integrante de Perú Libre, Álex Flores, el año pasado para incrementar los porcentajes que la ley ya contempla en la actualidad para la producción nacional y la difusión de contenido cultural en las compañías de radio y televisión privadas.

Y no podemos olvidar tampoco el proyecto de la legisladora Noelia Herrera, de Renovación Popular, para que únicamente los periodistas con título y colegiatura puedan ejercer la profesión en nuestro país. Gonza, Flores y Herrera, además, fueron algunos de los congresistas que votaron a favor de la propuesta de Montalvo anoche, como para dejar en claro el espíritu de las iniciativas que vienen promoviendo.

La derrota de la ‘ley mordaza’ es sin dudas un respiro de alivio, pero mal haríamos si por ello terminamos perdiendo de vista que los intentos por restringir el trabajo de la prensa en el país están bastante lejos de ser vencidos.


Editorial de El Comercio