Una mina de oportunidades

Como resalta en esta edición nuestro suplemento empresarial Día 1, hoy empieza en Arequipa la 36a Convención Minera Perumin, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). El evento –con fuerte presencia de profesionales e inversionistas internacionales– tratará los últimos avances en tecnología minera, la sostenibilidad y cuidado ambiental del sector, los desafíos de la minería informal e ilegal, entre otros asuntos.

Esta convención se desarrollará, sin embargo, en un contexto complicado para la industria minera nacional. En su último reporte de inflación, publicado hace diez días, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anticipaba una caída de la inversión minera de 18,1% para este año, seguida de otra contracción interanual de 7,6% durante el 2024. Hay dos razones centrales y complementarias para ello. La primera es la culminación de la fase de inversión del megaproyecto Quellaveco, a cargo de la minera Anglo American en Moquegua, y la segunda es la ausencia de nuevos proyectos de envergadura que ocupen su lugar. Es decir, a pesar de gozar de altos precios de los minerales (el cobre, nuestro principal producto de exportación, sigue en niveles relativamente altos comparado con la década pasada), el país fue incapaz de avanzar con el impulso de nuevos proyectos.

Opciones no faltaron. Desde Conga (Cajamarca) hasta Tía María (Arequipa) y la ampliación de Las Bambas (Apurímac), el bloqueo de inversiones por conflictividad social ha sido una constante. Otras, como Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), no obtuvieron luz verde de sus inversionistas en parte por el ambiente político y social del país. Decenas más sufren retrasos injustificados en sus permisos y papeleos a manos de una burocracia que no entiende que se puede ser eficaz en el cuidado del medio ambiente y de los derechos comunitarios sin necesidad de duplicar procesos y dilatar meses o años las decisiones. Otros países lo logran con éxito. Recientemente, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que “el costo de la no ejecución entre el 2008 y el 2022 de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas significó pérdidas de S/698.000 millones para la economía peruana y S/123.000 millones en recaudación fiscal”. De ponerse en marcha estas inversiones, calcula el IPE, “1,7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia el 2022″.

El país no puede darse el lujo de no aprovechar una de sus industrias más potentes. Este año, con un mal desempeño de la construcción, manufactura, agricultura y pesca, el principal motivo por el que las expectativas de crecimiento del PBI no están en cero es precisamente por el aporte económico que dará la producción minera. Pero hacia adelante, en la medida en que no hay suficiente avance en nuevos proyectos de exploración e inversión, su aporte sería menor. En un contexto de transición de matriz energética global –que debería mantener el precio del cobre en niveles altos–, la oportunidad perdida es enorme.

Las discusiones que politizan el sector son anacrónicas. Hoy, la minería moderna puede ser rentable y, a la vez, respetuosa con el medio ambiente y con el uso del agua; puede generar buenos puestos de trabajo directo y, a la vez, promover otros sectores económicos; puede generar divisas y pagar enormes sumas en impuestos. Y si alguna empresa no cumple con sus deberes legales, debe poder ser duramente sancionada por autoridades competentes. La semana de discusiones que empieza hoy en Perumin debe aspirar a dejar estos mensajes claros para los potenciales inversionistas, pero sobre todo para los políticos y ciudadanos que están atentos a las mejores alternativas para volver a encender los motores económicos del país.