Editorial El Comercio

Esta semana, el país ha superado la barrera de los 160.000 casos de en el año, mientras el número de fallecidos se acerca peligrosamente a los 300. Según ha anunciado el Ministerio de Salud, en las últimas dos semanas se ha registrado en los contagios en 19 regiones, entre las que se cuentan las más azotadas por la enfermedad, como Piura, Lambayeque, Ica y Lima. Sin embargo, sería un error creer que la situación ya está bajo control y, en consecuencia, relajar los esfuerzos contra una lucha a la que hemos llegado tarde y con herramientas insuficientes.

En este contexto, el jueves pasado la ahora exministra de Salud daba a conocer su renuncia al cargo en momentos en los que un grupo de congresistas preparaba una moción de censura en su contra por el manejo de la crisis sanitaria. Dos días después, dijimos que el recambio ministerial abría una oportunidad para que la presidenta designara a una persona “que entienda no solo la crítica situación en la que se encuentra el país debido al azote del dengue, sino también la urgencia de rescatar al sector, especialmente luego de las lecciones grabadas con la muerte y el dolor que nos dejó el ″.

Nuestra solicitud no era insignificante, pues, tratándose de un ministerio que en los últimos 43 años (como ha revelado ECData) y especialmente luego de que la administración anterior la convirtiera en una ficha para negociar votos en el Congreso, se imponía la necesidad de reconstruir su prestigio con un titular competente y libre de cuestionamientos. Este pedido, además, tampoco parecía imposible, pues si algo había demostrado la mandataria en los primeros días de su gobierno, era que podía elegir a un Consejo de Ministros cualitativamente superior a aquellos conglomerados de prontuariados, incapaces y enemigos del Estado de derecho que patrocinó .

Y, sin embargo, el Ejecutivo juramentó el lunes al excongresista de Alianza para el Progreso (APP) como nuevo titular de Salud. A él, como han recordado los medios desde que se conoció su nombramiento, la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos lo denunció constitucionalmente por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en la trama de Los Temerarios del Crimen, por la que se señaló a un grupo de exparlamentarios de haber recibido sobornos a cambio del otorgamiento de licencias de transporte y para la ejecución de obras públicas en Chiclayo. Es cierto que la denuncia no prosperó, pero no porque el Ministerio Público no encontrara pruebas que la respaldaran, sino porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de entonces decidió mandarla al archivo.

Lo anterior, no obstante, no quita que, según “La República”, Vásquez arrastre además una veintena de denuncias –algunas, es cierto, sobreseídas– por delitos como abuso de autoridad o extorsión. Tampoco que en el 2019 de su entonces compañero de bancada Edwin Donayre, condenado por el caso del ‘gasolinazo’ (“no quisiera sentirme culpable de que un anciano enfermo se vaya a la cárcel”, dijo en momentos en los que se discutía en el Parlamento un pedido del Poder Judicial para levantar la inmunidad del sentenciado) o que el año pasado tuiteara que la ignominiosa sentencia contra el periodista Christopher Acosta por el libro que desnuda la catadura moral del líder de su partido, , “está bien por andar difamando”.

Ayer, asimismo, este Diario que sugieren una preocupante cercanía entre Vásquez y el expresidente Castillo, el hoy prófugo de la justicia Alejandro Sánchez (dueño de la casa de Sarratea) y el exalcalde de Anguía (hoy en prisión preventiva) José Nenil Medina. Todo esto, vale decir, cuando ni siquiera han pasado 48 horas desde que llegó al cargo.

Se trata, en pocas palabras, de un nombramiento que está bastante lejos de lo que se esperaba y eso que lo que se esperaba no era más que una persona con conocimiento del sector y una hoja de vida intachable. Algo que, por lo visto, era mucho pedir para este gobierno.

Editorial de El Comercio