Editorial El Comercio

En enero un video registrado en una escuela en Huaral circuló en los medios de comunicación: en él se podía ver a un menor –que luego sabríamos que tenía 13 años– ser tomado del cuello por un compañero durante varios segundos hasta perder la conciencia. Todo ello en pleno salón de clases y mientras otros niños se encuentran presentes sin siquiera inmutarse. Pero no son solo los alumnos los que observan la agresión impávidos, también, al parecer, las autoridades, pues según contó la madre del agraviado en aquel entonces, al intentar denunciar el hecho en la fiscalía, trataron de hacer pasar el suceso como si se tratase de un juego de niños.

Hace pocas semanas otro video registrado en el Cercado de Lima y difundido en la prensa mostró a una alumna –también de 13 años– siendo golpeada en un aula por otras dos escolares mientras un tercero graba el ataque con total naturalidad. La víctima, según ha trascendido, venía siendo acosada en las redes sociales, supuestamente por haber denunciado que en el colegio circulaba droga entre el alumnado. Entrevistada por “América noticias”, la madre de la agraviada contó que la solución que le recomendaron en el centro educativo para cesar con el ‘’ era cambiar a su hija de escuela. “Me invitan a que retire a mi hija cuando los agresores siguen estudiando como si no hubiera pasado nada”, explicó.

Estos son apenas dos casos de un mal extendido en nuestras escuelas y que varios de nuestros corresponsales escolares han advertido desde algunos de sus colegios a lo largo y ancho del país: el ‘bullying’. Según el portal SíSeVe del Ministerio de Educación (), desde el 2015 se han reportado más de 44.000 casos de ‘bullying’ en los colegios peruanos. Esto, por supuesto, hablando solamente de aquellos episodios que se denuncian, pues, como se sabe, durante décadas la violencia física y psicológica en las escuelas ha estado tan normalizada al punto que aún hoy muchas personas la consideran un juego de niños o parte infaltable del ecosistema educativo peruano.

El ‘bullying’, sin embargo, es un problema serio que merece ser tratado de manera severa por las autoridades, pues en casos extremos no solo puede afectar la salud mental de la víctima hasta forzarla a la deserción escolar, sino también poner en riesgo su integridad y hasta su vida misma. Y en ese sentido un buen primer paso para hacerle frente consiste en que el Estado se encargue de velar por que ninguna de las denuncias que se realizan al respecto caiga en saco roto. Lamentablemente, eso no es lo que está ocurriendo.

Como ha informado la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), desde el 2015 el Minedu tiene pendiente de resolver más de 2.000 denuncias de ‘bullying’, pese a que los plazos con los que cuenta para esta labor según la normativa vigente (60 días cuando el señalado es un profesor y 75 cuando se trata de un alumno) ya están vencidos. En el colmo de la morosidad, existen cinco denuncias que llevan ocho años sin resolverse. A este ritmo es probable que algunos alumnos se gradúen sin que sus denuncias sean resueltas.

El mensaje que estas cifras traen consigo es por demás alarmante. ¿Qué pensará la víctima que ha necesitado valor para reportar su caso al ver que pasan meses y hasta años y sus agresores continúan su vida como si nada? ¿Cómo animar a quienes sufren ‘bullying’ a no callar si las autoridades actúan con una inadmisible pasividad para atender sus reclamos? ¿Cómo convencemos a nuestros niños y adolescentes de que nos preocupa acabar con esta lacra si nuestras acciones no se corresponden con nuestras promesas?

Al no darle a este problema la urgencia que se merece, en realidad, es como si lo tratásemos como un juego, precisamente cuando llevamos años diciéndoles a nuestros escolares que no lo es. Si las autoridades realmente están interesadas en luchar contra el ‘bullying’, no pueden dejar que las denuncias hechas por valientes personas caigan en saco roto.

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