Editorial El Comercio

Ayer el eligió a como . Lo hizo en una sesión en la que no hubo debate y en la que eran igual de malas. Un proceso así, como es evidente, no podía acabar en nada bueno. Y así ha terminado siendo.

Llama la atención que Gutiérrez haya raspado el mínimo de votos que requería (88 de los 87 necesarios) gracias a una extraña confluencia de endoses provenientes de Perú Libre, el partido que lo postuló y de cuyo líder, , ha fungido , y . No tanto porque estas dos bancadas, que aparentan ocupar orillas opuestas, hayan conseguido ponerse de acuerdo en su candidatura (de hecho, en los últimos años ambas han coincidido en varias votaciones especialmente perniciosas para el país, como aquella que aprobó la ley que le resta autonomía a la Sunedu), sino porque Gutiérrez, , ha sido en el pasado no tan reciente un efusivo crítico del fujimorismo que incluso respaldó al entonces presidente cuando este se refirió al partido naranja como uno nacido de la “cloaca” o que en el 2016 le espetó a : “¿cuál fue su rol cuando fue primera dama al lado de Vladimiro Montesinos?”.

Dejando de lado la llamativa votación del fujimorismo, Gutiérrez no tiene mérito alguno para presidir la Defensoría del Pueblo. Su formación académica es, de hecho, bastante discreta, no registra publicaciones y no tiene ninguna experiencia en temas de derechos humanos, justamente lo que más se requiere para ocupar un cargo de esa naturaleza. Su paso por el Congreso durante el período 2011-2016 tampoco adecentaba a su candidatura; por el contrario, le restaba puntos. De aquella etapa de su carrera uno recuerda, por nombrar solo algunos hechos, su sonado viaje a Rusia con el cuestionado Alexis Humala, hermano del entonces mandatario, su extravagante devoción a la ex primera dama y sus peculiares proyectos de ley para, por ejemplo, crear un colegio de detectives en nuestro país.

Fuera del hemiciclo, su trayectoria como abogado no ha tenido mayores luces, aunque sí algunas perlas. Primero, como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso en la sesión en la que esta aprobó el dictamen de la , que busca elevar las penas por difamación y calumnia en la legislación peruana, a contracorriente de la tendencia mundial, que apunta más bien a despenalizarlas. Y segundo, como defensor legal de Cerrón, secretario de Perú Libre (partido en el que Gutiérrez militó hasta marzo pasado), y cuya intervención durante los allanamientos dirigidos por el Ministerio Público a inmuebles vinculados al sentenciado ex gobernador regional de Junín y al partido del lápiz en agosto del 2021 es bastante recordada. En aquella ocasión, Gutiérrez aseguró que el país estaba atravesando una . “Volvemos a la canibalización política, al sicariato político, a instrumentalizar el Ministerio Público y al Poder Judicial para fines estrictamente políticos”, afirmó.

Es importante no perder de vista estos antecedentes porque, además, Gutiérrez encabezará, en su condición de defensor del Pueblo, la comisión encargada de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el órgano responsable del nombramiento, ratificación o destitución de jueces y fiscales en todo el país. Un encargo que a varios políticos en líos con la justicia, como Cerrón o Fujimori, les gustaría que recayera en manos amigas o que estuvieran en deuda con ellos.

Finalmente, cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha venido cumpliendo un rol importante en los últimos años. Su postura durante las manifestaciones contra los diferentes gobiernos ha sido coherente y valiosa, así como su denuncia de los indicios de corrupción de la administración de Pedro Castillo (cuyo golpe condenó rápidamente) y su crítica al indulto exprés otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, entre otros.

Su labor, en fin, es defender a la ciudadanía y no a sus patrocinados. Lamentablemente, la elección de Gutiérrez no da garantías de que esto vaya a seguir siendo así.

Editorial de El Comercio