Lo político de lo (anti)jurídico

La liberación de Alberto Fujimori seguramente seguirá causando debate entre la opinión pública nacional e internacional, y originará la activación de diversos recursos legales. Es que, como bien señala Juan Carlos Tafur, en el “indulto amañado” a Fujimori, “el Tribunal Constitucional (TC) ha procedido de manera harto irregular” (Sudaca, 6/12/2023).

Un indulto, pues, que se concreta con muchos flancos, lo que resulta grave para el que debería ser el máximo intérprete de la Carta Magna. Está fuera de discusión la pertinencia de la gracia presidencial; más bien, son cuestionables las circunstancias que acompañaron el proceso.

El hecho, cuestionable en lo jurídico, tendrá diversos impactos que vale la pena reseñar. En primer término, la liberación de Fujimori podría reactivar la polarización que marcó el panorama político sobre todo desde el 2016. De alguna manera, se fuerza a los actores políticos a tomar una posición que podría agudizar las distancias que han caracterizado al debate político.

En segundo lugar, y dado que el hecho se da teniendo un Ejecutivo en funciones, terminará por ubicar al gobierno liderado por Dina Boluarte en uno de los extremos de la polarización. Si ya se percibía una alianza entre el Gobierno y la principal fuerza parlamentaria, con la consumación de la libertad de Fujimori podría percibirse un acercamiento aún mayor, a pesar de que Fuerza Popular toma muchas veces posiciones que la distancian del Ejecutivo. Por ejemplo, votó a favor de la censura a Vicente Romero en el Ministerio del Interior el mes pasado. Pero la percepción ¡ay! siguió creciendo.

Tercero, y aunque las primeras horas no han mostrado ello, la libertad de Fujimori podría reactivar el antifujimorismo, hoy de capa caída debido a la tolerancia, cuando no colaboración, que mostró hacia Pedro Castillo. En las horas que han pasado entre la tarde del martes, cuando el TC se pronunció, y la liberación de Fujimori, han vuelto a aparecer en escena muchos voceros que tenían pocas razones para manifestarse hasta hace unas semanas.

Finalmente, en el frente externo, la excarcelación de Fujimori terminará de ubicar al Gobierno en una situación defensiva. Al cumplir un año en el cargo, uno de los principales déficits de la gestión de Boluarte es su apocada posición en la escena internacional, sobre todo por los casos correspondientes a los fallecidos en las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023.

La opción de cumplir lo que dijo el TC la tarde del martes e ignorar lo que dijo la Corte IDH algunas horas después demandará un trabajo de Cancillería para explicar la posición tomada. En el pasado no tan lejano, el hoy canciller Javier González-Olaechea había mostrado críticas al sistema interamericano, que seguramente tendrán algún peso en el momento actual.

Puede que los cuatro aspectos reseñados previamente tarden en mostrarse o que su intensidad sea menor a la esperada. Pero lo concreto es que le agregan un elemento adicional de perturbación a una estabilidad que veía mostrando una terca precariedad. Para el pacto tácito de permanencia Ejecutivo-Legislativo, el camino al 2026 aparece hoy con más obstáculos.

Como puede verse, el proceder antijurídico de varios de los principales magistrados del país genera las condiciones políticas que van más allá de una potencial “cortina de humo” que denuncian quienes se oponen al indulto a Fujimori. De hecho, quienes al habilitar la libertad del mandatario abrieron una caja de Pandora verán en las próximas semanas los resultados de su accionar. Entonces constatarán que los sofismas a los que se acuden con recurrencia tienen efectos que muchas veces se pierden de vista. Jurídica o no, la acción termina siendo política.