Asesinato de fiscal en Ecuador: ¿son insuficientes las medidas tomadas en medio del conflicto armado interno?

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Suárez fue acribillado la tarde del miércoles cuando se trasladaba en su vehículo hacia una audiencia en un caso de tráfico de drogas, lo que además de avivar la crisis aumentó los temores por la seguridad de quienes tienen la tarea de combatir la delincuencia y el narcotráfico en esta ola de violencia. El fiscal no estaba protegido por un equipo de protección.

El fiscal asesinado tenía a cargo el caso Metástasis, que reveló en diciembre pasado que un capo ecuatoriano se había infiltrado al Estado y obtenía trato de favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios.

Tras su el asesinato de Suárez, fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó garantías de seguridad para los fiscales y que las autoridades judiciales autoricen que las audiencias sean telemáticas.

Este jueves, la policía ecuatoriana detuvo en Guayaquil a dos sospechosos del asesinato, a quienes se les incautó un fusil, dos pistolas, alimentadoras y dos vehículos. En fotografías difundidas por las autoridades también se observan uniformes de instituciones públicas y otras prendas de vestir.

Por la tarde, la policía atribuyó la muerte de Suárez a uno de los grupos criminales clasificados por el gobierno como una organización terrorista. “De la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista ChoneKiller, la motivación todavía sigue en investigaciones”, dijo el jefe de la policía de Guayaquil, General Víctor Herrera.

Además, cientos de militares y policías ingresaron este jueves a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, mientras tanquetas y escuadrones fuertemente armados se ubicaron en los alrededores de la cárcel. Los militares portaban armas largas y llevaban sus rostros cubiertos.

El operativo en el Centro de Rehabilitación Social Guayas n.º 4, también conocido como cárcel Regional, se realizó “a fin de realizar el registro de objetos prohibidos y mantener el control al interior del centro carcelario”, informó la Policía Nacional, a través de su cuenta de “X”. Guayaquil se ha convertido en epicentro de la guerra contra el narco en Ecuador.

Fue de ese centro carcelario de donde fugó hace casi dos semanas Adolfo Macías, alias “Fito”, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco y cuya huida llevó al gobierno a decretar el estado de excepción y posteriormente el conflicto interno armado.

Luego del asesinato de Suárez, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó el “fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia”.

La fiscal general también ha denunciado amenazas de muerte en su contra por parte de uno de los líderes de la banda Los Lobos, quien fugó de prisión en medio de los desmanes ocurridos en las cárceles la semana pasada.

La preocupación por el bienestar de las fuerzas de seguridad y las autoridades que combaten al crimen organizado también se vio reflejada con una advertencia lanzada por las Fuerzas Armadas a sus propios miembros.

A través de un documento, la Inteligencia militar aconsejó durante los últimos días a los miembros que hacen operativos y controles en las calles de no aceptar, en lo posible, comida preparada ni bebidas, reporta el diario “El Universo”.

Las Fuerzas Armadas sostienen que se estudian todos los niveles de riesgo a los cuales podrían enfrentarse los soldados durante sus labores. “Grupos terroristas pudieran hacerse pasar por personas generosas contaminando los alimentos, con el fin de minimizar la permanencia y afectar al personal para que no puedan cumplir las operaciones militares”, indica la institución.

En su editorial de este jueves, “El Universo” destaca que el asesinato de Suárez, así como la advertencia de que delincuentes podrían hacerse ofrecer alimentos contaminados a las fuerzas del orden, “confirman que la calle sigue siendo preocupante pese a las acciones en medio del conflicto armado interno”.

“Nadie está libre de riesgos en una situación de violencia y del ahora declarado conflicto armado interno. Una evidencia es el asesinato, también este 17 de enero, del fiscal Suárez, quien llevaba investigaciones que por su naturaleza eran de alto riesgo. Las indagaciones de este crimen tienen que ocupar a todas las autoridades, así como los indicios de amenaza que pudieran existir sobre instituciones o funcionarios que están luchando para que el país supere la crisis de inseguridad”, apunta el medio.

“Hay una obligación con la justicia, porque la impunidad no puede seguir funcionando a favor de los delincuentes”, agrega.