Muchos más pobres en un país rico

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria afectó al 27,5% de la ciudadanía en el 2022. Es decir, a 9′184.000 peruanos. Un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el 2021 (25,9%) y uno de 7,3 puntos en comparación con el 2019 (20,2%), el año previo al inicio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

Los efectos de la crisis sanitaria en nuestra economía fueron similares a los padecidos por otros países durante el año 2020 y la expectativa mundial, tras un frenazo atípico y radical en el funcionamiento de los mercados, era que tomaría algo de tiempo regresar a las cifras que se habían registrado antes de esta. Pero la expectativa, también, era que las autoridades harían sus mejores esfuerzos para que existiesen las condiciones ideales para que la recuperación pudiese darse. Sin embargo, el último reporte del INEI, y la noticia trágica de que tantos peruanos cayeron en la pobreza el año pasado, hace evidente que en nuestro país esto no fue así. Y el principal responsable tiene nombre, apellido y una celda en el penal de Barbadillo.

Para un país como el Perú, que pasó de tener al 58,7% de su población en situación de pobreza en el 2004 al 20,2% en el 2019, no debería caber ninguna duda sobre lo que se requiere (y se requería) para acercarnos al mantra de “no más pobres en un país rico” que el expresidente Pedro Castillo repitió hasta el hartazgo durante su campaña y, luego, a lo largo de su breve administración. Sobre todo, después de la referida crisis sanitaria. Se necesitaba, en fin, impulsar el crecimiento económico y, para ello, apuntalar las condiciones para fomentar la inversión privada.

Pero la administración de Pedro Castillo hizo todo lo opuesto a generar la estabilidad y predictibilidad necesarias para que el sector privado apostase con mayor ahínco por el país. Una circunstancia que se refleja nítidamente en la contracción de 0,5% de este tipo de inversión en el 2022. De hecho, si hasta julio del 2021 el Ejecutivo había apostado, por lo menos, por un manejo prudente de los quehaceres gubernamentales, con funcionarios competentes en los ministerios y discursos ecuánimes a favor de las empresas, a partir de la gestión de Castillo eso se reemplazó por ministros sin experiencia y hasta prontuariados y por discursos flamígeros y contradictorios contra la inversión. Todo sin mencionar la poca durabilidad en el cargo de los individuos nombrados en cargos del gobierno.

La estabilidad es una condición fundamental para el crecimiento económico y este último es esencial para crear los puestos de trabajo que los ciudadanos necesitan para sortear la pobreza. Sin embargo, el país aún no recupera los niveles de empleo registrados antes de la pandemia y, según un informe del INEI publicado en marzo, el ingreso promedio mensual disminuyó en 3,5% respecto al 2019 entre quienes alcanzaron educación superior universitaria.

La inflación, como es evidente, solo ha agravado la situación. Esta cerró el 2022 en 8,46%, según el INEI. La cifra más alta en los últimos 26 años. De esto han sido responsables, sobre todo, múltiples factores externos, como los altos precios internacionales de los combustibles y las interrupciones logísticas y en general el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todas circunstancias que demandaban un liderazgo firme y con reflejos afilados desde el Ejecutivo. Algo que en la anterior administración simplemente no existió.

Si bien toca preocuparse y entristecerse por el aumento de la pobreza en nuestro país, lo peor que podríamos hacer ahora es llorar sobre la leche derramada. Resulta fundamental recuperar la confianza de los inversionistas y crear las condiciones para que el crecimiento económico se recupere: el antídoto que, en los hechos, mejor ha funcionado para traerle bienestar a la ciudadanía.