Ojito, ojitos con el TC, la columna de Cecilia Valenzuela

Entre lo peor que hemos heredado los peruanos del gobierno de los Humala-Heredia, están los magistrados que impusieron en el Tribunal Constitucional.

Hace una semana, estos tres magistrados del Tribunal Constitucional encumbrados por la ex pareja presidencial fueron a quejarse contra el Perú en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo. Según Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, la independencia de sus funciones corre peligro. Los tres protestaron airados porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia que plantearon contra ellos once marinos retirados.

Los ex oficiales reclaman porque una intervención de Ledesma, Ramos y Espinoza, en una sentencia emitida por sus predecesores, los perjudica de por vida, abriendo la puerta para que vuelvan a procesarlos, 31 años después.

En marzo de este año, los magistrados denunciados anularon un fallo del TC del 2013 en el que decía que lo ocurrido en el penal de El Frontón en 1986 no constituyó delito de lesa humanidad, por lo que no era imprescriptible. En un acto jurídicamente innoble, estos miembros del TC –a quienes se sumó Manuel Miranda– aprovecharon la ausencia del ex magistrado Juan Vergara, quien enfermó después de alejarse del tribunal, para interpretar el sentido de su voto, aduciendo que se había equivocado a la hora de votar. Una falta absoluta de respeto con Vergara que ya no ha podido hacer explícita su voluntad, y una arbitrariedad total contra la verdad y el sentido de la ley y la justicia.

En el Perú el estatuto de Roma –el que establece los conceptos penales fundamentales bajo los que se rige un país, el que determina los delitos y las penas que se deben aplicar– entró en vigencia en el 2002; un suceso como el de El Frontón podría ser considerado de lesa humanidad a partir del 2002. Antes, imposible, la ley no es retroactiva, solo regula hechos posteriores a su sanción.

Las razones políticas de los magistrados no pueden prevalecer a la seguridad jurídica del Estado.

El resultado ha sido una sentencia que termina favoreciendo a los familiares de los terroristas que murieron después de iniciar una reyerta, provocar un combate y atacar con ferocidad a la Armada Peruana; acatando la orden directa del comité central de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, de poner su “cuota de sangre” a la “lucha armada”.

Entre tanto, el pensamiento genocida de ‘Gonzalo’ sigue envenenando la mente de cientos de jóvenes, y los senderistas siguen reorganizándose a costa de cualquier pretexto que les dé el Estado.

El 10 de agosto una sala de la Corte Superior de Lima resolvió que el mausoleo de Sendero Luminoso, construido ilegalmente en el cementerio de Comas, debía ser demolido. El 15 de setiembre, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido de intangibilidad de los restos depositados en el mausoleo, planteado por el abogado senderista y cabecilla del Movadef, Manuel Fajardo. Sin intangibilidad la Municipalidad de Comas podía mover los restos y acatar la orden de demolición.

Pero el alcalde del distrito, Miguel Saldaña, sostiene que el Poder Judicial no le ha dicho a dónde debe trasladar los restos; y mientras no se absuelva ese tremendo detalle, el mausoleo seguirá en pie y los senderistas seguirán peregrinando hacia una cripta construida por Sendero Luminoso para los terroristas muertos en El Frontón.

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