Susana Villarán y el No a la revocatoria: los protagonistas de ayer que son investigados hoy

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El nuevo capítulo de esta historia surge a raíz de una declaración que dio en junio pasado José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán (2011-2014), ante el fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato. El exfuncionario dio detalles de los aportes para la campaña del No a la revocación, precisando, según el documento al que accedió El Comercio: “Los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7,2 millones. De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero”.

Asimismo, los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, aspirantes a colaboradores eficaces y exdirectivos de la constructora Graña y Montero, han confirmado dicho aporte ante el equipo especial.

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De acuerdo a la hipótesis fiscal en el pedido de prisión preventiva contra Villarán —ordenada por el Poder Judicial en mayo del 2019 y variada a arresto domiciliario en abril del 2020—, Odebrecht y OAS aportaron cada una US$3 millones para la campaña del No, mientras que la segunda empresa entregó otros US$4 para la contienda por la reelección. Es decir, US$10 millones en total.

A Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez se les imputa el haber solicitado los aportes con la finalidad de continuar en el poder al mando de la Municipalidad de Lima.

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Pero en la trama sobre el No a la revocatoria del 2013 hay personajes claves y otros del entorno de Susana Villarán recientemente involucrados por Castro, quienes no se quedaron solo con los brazos cruzados —como el símbolo de la campaña—, pues si bien fueron protagonistas de ese proceso electoral ahora lo son de las investigaciones fiscales con serias imputaciones.

Susana Villarán lo negó y negó hasta que lo aceptó

Para empezar, la principal protagonista. En reiteradas oportunidades, la exalcaldesa de Lima negó estar involucrada en coimas o aportes ilícitos. Su versión, sin embargo, dio un giro y ella misma generó el sacudón al admitir, el 11 de mayo del 2019 en una entrevista con “Exitosa”, que siempre estuvo enterada de que Odebrecht y OAS entregaron dinero para sus campañas contra la revocación y por la reelección. Es decir, reconoció que mintió.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña”, afirmó entonces, dos días después de que la fiscalía solicitara formalmente 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Pero negó que haya buscado mantenerse en el poder, sino que pretendía, según dijo, lograr la “gobernabilidad” de la ciudad y seguir con “reformas fundamentales”. “No he recibido un sol de coimas, no hemos recibido coimas. He estado con gente honorable que no ha recibido coimas, que no se ha llenado los bolsillos […] Entré y salí con lo mismo que tuve. No hemos hipotecado el interés público a intereses privados de empresas. No hemos hecho adendas a la medida de las empresas que apoyaron económicamente la campaña ni contratos. Lo que no sabíamos en ese entonces es que había fondos ilegales”, agregó aquella vez.

En el 2017 y 2018, Villarán había alegado que las campañas fueron financiadas por “miles de ciudadanos y colectivos”, que “no van a encontrar lo que no existe” y que el publicista brasileño Valdemir Garreta o Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, decían una “andanada de falsedades”. Este último ratificó en abril del 2019 ante fiscales peruanos en Brasil que la exalcaldesa lo llamó para agradecerle el aporte para la campaña del No.

El 7 de mayo del 2019 —es decir solo días antes de su confesión— incluso aseguró ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso: “No es que uno está esperando que le den platita por lo bajo para firmar un contrato. Esto tiene un proceso”. Sostuvo, además, que su gestión “fue un ejemplo de transparencia”.

Hoy, su situación legal se complica y, en arresto domiciliario, continúa siendo investigada por lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir, sindicada además como cabecilla de una supuesta organización criminal.

José Miguel Castro, el hombre clave

No solo fue gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán en Lima, sino también su hombre de confianza, mano derecha. Para la fiscalía, el encargado de pedir los aportes a las empresas OAS y Odebrecht. Por ello, es investigado por asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos y actualmente cumple 12 meses de arresto domiciliario, medida ordenada por el Poder Judicial en mayo pasado a causa de los riesgos de que el procesado contraiga coronavirus en el penal Miguel Castro Castro, donde cumplía 24 meses de prisión preventiva desde mayo del 2019.

Las miradas se fijaron sobre Castro a raíz de una declaración de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, ante fiscales brasileños en diciembre del 2016. En noviembre del 2017, el portal IDL-Reporteros dio cuenta de ese testimonio, en el que el exrepresentante de la constructora afirmó que Odebrecht pagó US$3 millones para la campaña del No, que fue el exgerente municipal el que lo contactó a fines del 2012 para pedirle ese monto y que Villarán estuvo al tanto y también solicitó la contribución. Luego se ratificó.

Al citado portal, Castro aseveró que lo declarado por Barata era “completamente falso”. En abril del 2018, ante la Comisión Lava Jato, reiteró: “Yo no he recibido un sol del señor Barata y nunca le he pedido nada al señor Barata, nada”. ‘Budián’ (nombre de un pez), incluso, es el apodo asignado por Odebrecht al intermediario.

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Asimismo, Castro también fue el nexo para el aporte de OAS a las campañas por el No a la revocatoria y la reelección.

En noviembre del 2017, El Comercio dio cuenta de las declaraciones de Valdemir Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, ante fiscales peruanos, en las que aseguró que Odebrecht y OAS le pagaron US$2 millones y US$1 millón, respectivamente, por las asesorías brindadas a la campaña de Villarán por el No. De acuerdo a la fiscalía, representantes de ambas compañías visitaron 37 veces la oficina del investigado entre el 2012 y 2013.

Castro también lo negó, pero el tiempo, las investigaciones, evidencias, nuevos testimonios y otros elementos arrinconaron al exfuncionario municipal, tal es así que a inicios de junio en la fiscalía se oficializó su acogimiento al proceso de colaboración eficaz.

Pero en su más reciente declaración ante el equipo Lava Jato, Castro involucró a más personas del entorno municipal de Villarán y señaló que con S/400.000 que quedaron de la campaña de reelección del 2014, provenientes de OAS y Odebrecht, la exalcaldesa creó la fundación Unidos para Transformar.

Anel Townsend, la vocera

Quien fuera tres veces congresista, exministra de la Mujer y Desarrollo Social en el gobierno de Alejandro Toledo y parte de la frustrada plancha presidencial de César Acuña en las elecciones del 2016 fue presentada a inicios de diciembre del 2012 como vocera de la campaña por el No a la revocación de la entonces alcaldesa capitalina Susana Villarán.

Alejada de los líos políticos, Anel Townsend ahora entra a uno judicial. El último martes, El Comercio reveló que el fiscal Carlos Puma, del equipo Lava Jato, dispuso abrir una investigación preliminar por 8 meses contra Townsend y otras personas por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita. Ello a raíz de las recientes declaraciones de José Miguel Castro, quien afirmó que la exlegisladora recibió US$200.000 en dos armadas: US$10.000 para su movilidad y para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado, y el resto terminada la campaña bajo el concepto de “bono de éxito”.

El dinero repartido a Townsend y otras personas, según Castro, se origina en los aportes de OAS, Odebrecht y Graña y Montero para la campaña del No, que tras las revelaciones del exgerente municipal sumarían US$7,2 millones.

Al momento, Townsend no se ha pronunciado. Pero en mayo del 2019, días después de la confesión de Villarán, manifestó en Facebook: “Como vocera de dicho movimiento no tuve ninguna participación en la recaudación de fondos, ni en la contratación de publicidad radial, televisada, impresa, de paneles o de cualquier índole”. Agregó que ello fue manifestado ante la fiscalía en el 2017 y dijo estar decepcionada porque la campaña se afectó por “actos ilícitos y contrarios a la ley”.

Reconoció, empero, que para su labor como vocera se le asignó “una pequeña suma que cubrían los gastos de movilidad, viáticos y otros, que eran cubiertos con fondos” de la organización Los Amigos de Lima Metropolitana. El encargado de los pagos de la campaña era Luis Gómez Cornejo, prófugo y con una orden de prisión preventiva, quien también fue secretario de Economía de Diálogo Vecinal, organización con la que Villarán tentó la reelección en el 2014.

En diciembre del 2017, ante la Comisión Lava Jato, dijo desconocer quiénes se encargaron de manejar el financiamiento de la campaña, pues ella se centró solo en difundir el mensaje político del No.

Sin embargo, durante la campaña del 2013, Townsend prometía transparencia. “Lo que estamos haciendo es llevar un registro interno de donaciones y donantes”, aseveró en enero de ese año a este Diario.

Más adelante se verá, sin embargo, que las cuentas no cuadran.

Marisa Glave

En su declaración fiscal, José Miguel Castro también menciona que Marisa Glave, exregidora de la gestión de Villarán y excongresista, y la también exconsejera Zoila Reátegui lo visitaron entre seis y ocho veces en su oficina “para coordinar acciones de cierre de campaña” por el No a la revocatoria, pues “ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados”.

Castro agrega que autorizó a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña actualmente prófugo, que entregue a ambas S/60.000. Afirma además que aquel le confirmó la transacción.

En diálogo con El Comercio, Glave ha señalado que Castro miente. “Jamás me dio dinero ni directamente ni por intermedio de nadie. Si esto es lo que quiere presentar como colaboración eficaz va a estropear el trabajo de la fiscalía, porque les está mintiendo. No me dio dinero ni él ni por medio del señor Gómez”. Reátegui también negó haber recibido tal monto.

Glave ha sido incluida en la misma investigación preliminar que Townsend. Al respecto, dice estar dispuesta a aclarar dudas y confiar en la justicia y el sistema anticorrupción.

En marzo del 2013, en una entrevista con Canal N, Glave aseguró: “Nos hemos comprometido a entregar las cuentas de manera clara”.

En otra entrevista con Frecuencia Latina cuando ya se sabía que el publicista Luis Favre asesoraría a la campaña del No a través de la empresa FX Comunicaciones, propiedad de Valdemir Garreta, afirmó: “Se va a publicar todos los gastos, no solo lo de FX, sino todos los costos que tiene la campaña. Eso se va a explicar de manera transparente”.

En noviembre del 2017, El Comercio reveló la declaración de Garreta ante fiscales peruanos, quien indicó que recibió US$3 millones de Odebrecht y OAS por la publicidad y asesorías para la campaña del No. Refirió que para tal fin se reunió con Villarán y que esta le indicó que la persona encargada sería José Miguel Castro.

De ser una defensora de Villarán, Glave pasó a ser una exregidora decepcionada. Tras conocerse las declaraciones de Garreta, la entonces congresista expresó vía Facebook tener “emociones encontradas” al conocer información sobre el financiamiento de la campaña por el No: “No creí en las acusaciones. Por esto, asumo la responsabilidad política que me toca”.

Jaime Salinas y el apoyo del PPC

El exregidor de Unidad Nacional durante la gestión de Villarán también es mencionado por José Miguel Castro. Este aseveró ante la fiscalía que Salinas recibibió US$120.000 en cuatro partes de aproximadamente US$30.000, porque el consejero municipal “se arrogó el apoyo político del PPC [Partido Popular Cristiano] durante la campaña del No”.

Inclusive, según Castro, las entregas a Salinas fueron hechas y coordinadas por Gómez Cornejo en el Café 21, ubicado en Miraflores. “Estos aportes comenzaron, luego de una reunión convocada por Susana Villarán en su oficina en diciembre de 2012”, relató el exgerente municipal, quien, agregó que en esta cita participaron, además, de la alcaldesa y él, Glave y Salinas.

Glave negó haber estado en dicha cita. Por su parte, Salinas, en diálogo con este Diario desde Francia, donde reside hace dos años, rechazó los dichos de Castro: “Nunca he sido puente del PPC para nada. Yo no participé en la campaña del No [a la revocatoria]. Tampoco estuve a favor del Sí, me abstuve, como lo hizo otro regidor. Y nunca me detuvo en mis críticas y denuncias. Me da lástima que Castro recurra a mentiras para salvar su responsabilidad, espero que todo el peso de la justica caiga sobre él”.

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Salinas también ha sido incluido en la misma investigación preliminar junto a Townsend y Glave. El exregidor dijo estar dispuesto a colaborar con la pesquisa.

Horas antes del día de la votación sobre la revocatoria, programada para el 17 de marzo del 2013, Salinas criticó tanto a promotores de la medida, como a la gestión de Villarán. Finalmente, continuó en el cargo.

Pero el PPC y su lideresa Lourdes Flores Nano sí se llegaron a convertir en aliados de Villarán, otrora contendora en las elecciones municipales del 2010. Fue en noviembre del 2012 cuando la exparlamentaria hizo un llamado a la ciudadanía durante una entrevista con Canal N: “No es que defendamos la permanencia de la señora Susana Villarán, lo que pedimos es que si la voluntad del pueblo fue elegirla, tiene que cumplir su período […] Lo está haciendo mal. Pero yo le pediría a todos los que votaron por mí, que perdí las elecciones contra Villarán, que permitamos que termine su período y luego juzguemos si lo hizo bien o mal”.

Villarán agradeció el gesto, aunque fue más que eso. La mañana del 15 de marzo del 2017, dos días antes de la votación, Flores Nano visitó a quien fuera su rival para reiterarle su apoyo contra la revocación y sostuvo: “Mi partido y yo estamos actuando de acuerdo a lo que creemos que es mejor. Con sentido de responsabilidad, pensando en la ciudad”.

Cuando se conocieron las declaraciones de Valdemir Garreta sobre los aportes de Odebrecht y OAS para la campaña del No, Flores Nano aclaró que ella no tuvo nada que ver con el manejo económico. Sin embargo, insistió en que las intenciones para revocar a la exalcaldesa eran un “absurdo”, por lo que “para nada me retraigo de lo que hicimos en su momento”.

“No me voy a sumar a los cargamontones, no es sano, dejemos que las investigaciones fluyan, ahí hay que distinguir dos cosas: primero determinar si en efecto esa posible donación influyó en la decisión [de entregar obras], eso sería sancionable o si se trató de una donación que se ocultó y no se dijo”, manifestó en diciembre del 2017 Flores Nano, quien agregó que “como concepto las donaciones de campaña no declaradas no son un delito”.

En abril del 2019, el fiscal Carlos Puma, del equipo Lava Jato, inició una investigación preliminar contra Lourdes Flores Nano por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia debido a los presuntos aportes de Odebrecht para las campañas electorales del 2006 (presidencial) y 2010 (municipal).

Otros partidos que se sumaron a Villarán fueron Perú Posible, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Nacionalista y Acción Popular. En tanto, José Miguel Castro ha implicado a más personas, entre ellas el exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, también investigado junto a Townsend, Glave, Salinas y otros porque habría recibido pagos directos de OAS por US$120.000 en el 2013 por una asesoría a la entonces alcaldesa. Nieto sostiene que es una difamación, una mentira que mancha su honra.

Gabriel Prado y la cuenta en Andorra

Hay más personajes claves en la historia. Prado fue gerente de Seguridad Ciudadana y presidente de la Empresa Municipal Administradora de Peajes en la gestión de Villarán entre enero del 2011 y febrero del 2013. Para la fiscalía, que le imputa asociación ilícita para delinquir, fue el encargado de abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra para que se deposite dinero ilícito y beneficiario final de la misma.

Dicho dinero habría sido proveniente de Odebrecht a fin de financiar las campañas de Villarán.

En setiembre del 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Anticorrupción ratificó que Prado siga bajo comparecencia restringida en el proceso, al considerar en su resolución que “si bien insiste en afirmar que desconocía de la finalidad por la que se creó la cuenta, su solo dicho no es suficiente para desvirtuar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público”.

La sala también sostuvo que Prado “habría tenido conocimiento del fin ilícito de la apertura de la cuenta cuestionada” y que “independientemente de que la recepción del dinero en dicha cuenta no se haya concretado (…), ello no enerva el rol que habría cumplido Prado Ramos en la apertura de una cuenta con una presunta finalidad ilícita”.

Prado y su defensa han argumentado que dicha cuenta fue abierta sin su consentimiento. Incluso, en “Cuarto Poder” en noviembre del 2017, el exfuncionario afirmó que firmó un documento en blanco ante Castro durante una reunión en un hotel de San Isidro como parte de un proceso para en el que buscaba laborar nuevamente en el Estado o engancharse al sector privado.

Prado, Castro y Villarán, muy cercanos durante la gestión municipal, se reunieron en setiembre del 2017 y conversaron sobre el caso en investigación, según un audio difundido en mayo del 2019 por “Cuarto Poder”.

Villarán expresó su preocupación porque se llegue a conocer que ella y Castro solicitaron “tres palos verdes” (US$3 millones) a Odebrecht para la campaña por el No a la revocación. “Yo me devano, ¿entiendes?, si es que eso va a aparecer en cualquier momento de buena fuente”, se le escucha decir a la exalcaldesa. Prado, por su parte, reclamó a Castro la creación de la cuenta y, ante las explicaciones de este, instó: “No me tomes el pelo, por favor”.

En otro audio, Castro le pidió a Prado negar la titularidad de la cuenta de la banca de Andorra.

Marco Zevallos y las cuentas que no cuadran

Finalmente, en un entramado respecto a dinero y aportes, el detalle de las cifras es importante.

El 18 de abril del 2013, a un mes de la consulta de revocación en donde ganó el No a la revocación de Susana Villarán, el responsable del equipo legal de campaña, Marco Zevallos, presentó el informe de ingresos y egresos de campaña ante el Tribunal de Honor del Paco Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Zevallos consignó ingresos por S/ 1'614.321,50, siendo el rubro 'donaciones' el que representó el mayor submonto: S/ 816.121,50. Asimismo, reportó egresos por S/ 1'612.322, siendo el rubro 'medios de comunicación, canales TV' el del submonto mayor: S/ 976.522. Y se incluye también un pago de S/ 432.000 a FX Comunicaciones, del publicista Valdemir Garreta.

Pero en el documento de mayo del 2019 en el que se requirió prisión preventiva para Villarán y otros se señala que el despacho fiscal identificó egresos por un total de S/5′738.737,49, una diferencia de más de S/ 4 millones respecto de lo declarado. Asimismo, el ingreso de US$3 millones de Odebrecht y US$3 millones de OAS no reportados por la campaña.

Por ello, la fiscalía considera que Zevallos, bajo la dirección de Villarán y Castro, presentó datos supuestamente falsos y reportó “aportantes fantasmas”. Es más, según la fiscalía, solo en publicidad hubo gastos por S/5′460.246,33.

En cuanto a la campaña para la reelección, Zevallos, como personero legal del movimiento Diálogo Vecinal, presentó el 22 de octubre del 2014 —fuera de fecha— el reporte de aportes y gastos de campaña al 30 de setiembre de ese año. Consignó ingresos por S/ 1′336.600, siendo S/ 1′226.600 el mayor submonto por “aportaciones individuales en efectivo y en especie”. Y egresos por S/ 1′335.577, siendo S/ 1′099.987 el mayor submonto referido a “gastos de publicidad electoral efectuados en medios de comunicación”.

Sin embargo, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó un informe de verificación el 12 de mayo del 2015, encontrando un desbalance. La organización política, dice el documento, “no ha informado a la ONPE gastos en publicidad electoral por la suma de S/ 2′765.180,34 y en tales circunstancias estaría incurriendo en omisión de información financiera…”.

Zevallos ha dicho desconocer cómo si financió la campaña por el No a la revocación, precisando que solo firmó un documento entregado al Tribunal de Honor como parte de un acto de ética, pues por entonces no existía obligación legal para sustentar gastos de un proceso de revocación.

En julio de año pasado, el Poder Judicial ordenó comparecencia restringida para Zevallos en el marco del proceso penal que se le sigue por asociación ilícita. En su defensa, el también exregidor metropolitano rechazó las imputaciones en su contra y durante la audiencia dijo: “Lo que está en discusión es lo último que señalan, que todo ello fue con la finalidad de ocultar la procedencia del dinero maculado. ¿Cuál de los elementos de convicción del Ministerio Público, que ha adjuntado, avala esta última afirmación? Me respondo, cero. Ni uno, no tiene cómo acreditar que mi intencionalidad haya sido ocultar -como acá se señala- la procedencia del dinero maculado”.

Lo cierto es que Susana Villarán ha reconocido que mintió, que siempre supo de los aportes. Sean estos maculados o no, ella, por lo menos, dejó de ser inmaculada incluso para quienes en su momento la respaldaron a raja tabla.

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