Crónica de un escándalo, la columna de Cecilia Valenzuela

A fines del 2014, la Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Julia Príncipe, denunció a Joaquín Ramírez Gamarra. Con esa acusación y un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros en la mano, la Fiscalía de Lavado de Activos solicitó al Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ramírez, quien entonces era congresista por Fuerza Popular.

Para variar, una sala del Poder Judicial rechazó la solicitud de la fiscalía, y la investigación al congresista Joaquín Ramírez, por lavado de activos y desbalance patrimonial, comenzó recién hace un año.

Y hace una semana, de manera escandalosa, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, a cargo de Sara Vidal, archivó la investigación. En los días previos, la fiscal Vidal decidió prescindir de los peritajes contables que la policía adscrita al Ministerio Público estaba realizando a las empresas del Grupo Ramírez.

Increíble, una fiscal especializada en lavado de activos negándose a recibir pruebas fundamentales para determinar un desbalance patrimonial. La fiscal argumenta que los peritos no terminaron su trabajo a tiempo. Ese comentario solo se asemeja a la defensa de su investigado Joaquín Ramírez, quien aduce que no puede sustentar sus millonarios ingresos porque un día, en un taxi, le robaron sus libros contables.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha declarado que evaluará la actuación de la fiscal Vidal, pero no ha confirmado que reparará la burla y reabrirá el caso. Y tampoco ha dicho si él, personalmente, solicitará a la DEA, formalmente y de acuerdo a los procedimientos, información sobre Joaquín Ramírez y su familia; cosa que la fiscal Vidal hizo, deliberadamente mal, sin utilizar el camino de la cooperación internacional.

En el 2014, tres entidades fundamentales en la vigilancia de desbalances patrimoniales, la procuraduría y la Fiscalía de Lavado de Activos, así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, revisaron los ingresos de Ramírez, entre el 2003 y 2014, y determinaron que sus empresas ganaron montos inverosímiles. En ese momento, la fiscalía incluyó en la investigación a la esposa de Joaquín Ramírez, Rosa Castañeda Cubas; a su hermano Osías Ramírez; a la prima y socia Maribel Ramírez; y, cómo no, a su tío Fidel Ramírez, el dueño de la aerolínea Aero Inca y de la Universidad Alas Peruanas; entre otros.

Mucho dinero en muy poco tiempo. En el período investigado, Joaquín Ramírez había creado tres empresas a partir de las cuales había adquirido 38 inmuebles y 34 vehículos. Valores por 7’053.000 dólares que llegaron a sus arcas sin que pueda detallar su origen, porque se defiende diciendo que un día le robaron los libros contables.

Su tío Fidel, por su lado, ha multiplicado 168.000 veces los 1.000 soles que invirtió en 1999 para crear la Universidad Alas Peruanas. Increíblemente, en el 2007 el capital de esa universidad se elevó de 1.000 soles a 168 millones de soles. Y en solo ocho años, Aero Inca, su aerolínea que lleva carga a Europa desde aeropuertos caribeños, pasó a operar 68 aeronaves, de las cuales 12 son propias y 56 alquiladas, y a controlar dos aerolíneas más: Panamá Gold y Golden Inca Leasing and Service (información al 2016).

Mientras Osías Ramírez, actual congresista por Fuerza Popular, ha representado legalmente a ocho empresas de su familia, todas distintas a las que manejan su tío Fidel y su hermano Joaquín. Y es dueño de una empresa de energía, de dos cadenas de grifos y de un club de fútbol. Lo alucinante es que hasta hace poco, hasta el segundo lustro de los 90, Joaquín era cobrador de combi; Osías, enfermero; y Fidel, suboficial del Ejército.

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