Hernán Medrano Marin

Una llamada telefónica alertó a los agentes de la comisaría rural de Alonso de Alvarado-Roque, en la provincia de Limas (), sobre un presunto caso de en el caserío Laguna del Rey. Sin embargo, nunca se imaginaron que se trataría de una situación tan sórdida e indignante.

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El hombre, identificado como Elar Peña Huamán, fue denunciado por ultrajar sexualmente a sus dos menores hijas, de 16 y 13 años de edad, en reiteradas ocasiones.

Al parecer, producto de las violaciones constantes, la menor de 16 años quedó embarazada. Al saber esto, el sujeto la obligó a abortar, colocó al feto en una caja de galletas y lo enterró en el campo.

Se conoció que la madre de las niñas habría tenido conocimiento de los abusos sexuales, pero no se atrevió a denunciar a su pareja. Incluso, la adolescente sometida al aborto no recibió luego la debida atención médica. Estos hechos fueron denunciados por un familiar, a quien las menores le contaron lo sucedido.

Denuncia y diligencias policiales

En diálogo con RPP, el jefe de la comisaría rural Alonso de Alvarado-Roque, Alférez, PNP Carlos Montero, brindó detalles de lo ocurrido. Contó que el pasado 15 de noviembre la hermana de la madre, es decir, la tía de las menores, llamó a la dependencia policial y denunció el abuso sexual del que eran objeto sus sobrinas.

Se recepcionó una llamada de la señora, hermana de la madre de las víctimas, en la cual indicaba que en el caserío de Laguna del Rey sus dos sobrinas de 16 y 13 años venían siendo abusadas sexualmente por parte de su padre. Con esta información el personal fue al lugar, algo alejado pues está a unas 4 horas, y se entrevistó con las menores y su madre. Una de las adolescentes corroboró toda la información que nos había brindado la tía”, comentó.

Se conoció que la madre de las niñas habría tenido conocimiento de los abusos sexuales, pero no se atrevió a denunciar a su pareja.
Se conoció que la madre de las niñas habría tenido conocimiento de los abusos sexuales, pero no se atrevió a denunciar a su pareja.

Asimismo, tras consultarle a la madre por el padre de estas, señaló que el sujeto se había ido a trabajar desde hace 15 días atrás y hasta el momento no había regresado. Montero detalló que las menores, junto a otro familiar, fueron llevadas a la comisaría para las diligencias del caso.

El padre no ha sido detenido. El padre al parecer habría obligado a la menor de 16 años para que aborte. Esto es ahora materia de investigación”, indicó.

Además, se conoció también que las menores fueron trasladadas a la casa de su tía hasta que las autoridades determinen su futuro. Por su parte, la madre de ambas se encontraría embarazada del sujeto que violó a sus hijas.

Implicancias penales en contra de sujeto

El abogado penalista Aarón Aleman, precisó a El Comercio que este caso ocurrido en el caserío Laguna del Rey, en San Martín, trae como correlato la imposición de tres condenas en contra del padre y presunto violador. Resaltó que la pena más enérgica es la de cadena perpetua.

Respecto a los hechos violentos perpetrados en agravio de la menor de 16 años, sostuvo que la condena a imponerse es bajo el delito de violación sexual agravada, prevista y regulada en el artículo 170 del Código Penal. “Este sanciona hasta con 26 años de pena privativa de la libertad, por cuanto el hecho se habría producido, precisamente, bajo el aprovechamiento de su relación como padre de la víctima”, explicó.

Los hechos fueron denunciados por un familiar, a quien las menores le contaron lo sucedido.
Los hechos fueron denunciados por un familiar, a quien las menores le contaron lo sucedido.

Además, habiéndose llevado a cabo un aborto sin consentimiento en agravio de esta menor, Aleman indicó que el sujeto tendría que ser condenado a una pena privativa de libertad de hasta 5 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del Código Penal.

Por otro lado, en relación a la menor de 13 años, el sujeto deberá afrontar una condena perpetua por haber transgredido el normal desarrollo de la sexualidad de su propia hija, dado que el artículo 173 del Código Penal protege la indemnidad sexual de los menores de 14 años.

De esta manera, existiendo un concurso real de delitos, toda vez que se detectan tres hechos punibles independientes entre sí y siendo que una de ellas es de cadena perpetua, esta última es la que tendrá plena vigencia en su aplicación, de acuerdo al artículo 50 del Código Penal”, detalló Aleman.

El padre de las menores podría recibir varias penas, siendo la más severa la de cadena perpetua.
El padre de las menores podría recibir varias penas, siendo la más severa la de cadena perpetua.

El penalista añadió que al ser el Estado el responsable de la protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, debe no solo limitarse en efectuar una investigación rigurosa y sancionar ejemplarmente al sujeto, sino que es esencial que adopte medidas públicas eficientes y eficaces para prevenir estos hechos a futuro.

Para ello, debería empezar con la inversión estructurada y progresiva en la construcción de comisarias, centros de emergencia temprana, canales de denuncias y campañas de difusión en esta zona (caserío Laguna del Rey), para así poder ayudar realmente a esta población altamente vulnerable”, dijo.

Cifras de terror

Solo de enero a junio de este año, se han atendido 4.031 casos de violación sexual de menores de edad en el país, según estadística de los Centro de Emergencia Mujer. Se trata de un promedio de 22 casos todos los días. Asimismo, el año pasado, la cifra de casos de abuso sexual contra menores fue de 8.100.

Asimismo, cada año 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en el Perú. Si se toma en cuenta información solo de la última década se trata de 2.500 niñas y adolescentes que dieron a luz cuando cursaban la educación primaria.

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Por otro lado, un que entre enero del 2012 y agosto del 2023, las fiscalías de Lima registraron 18.733 casos por violencia sexual contra menores de edad. Según el análisis realizado, solo el 3,4% de ellos tuvo alguna sentencia.

En tanto, más de 9 mil casos (el 48,9% del total) continúan en proceso. De estos, 4.063 están registrados desde hace más de cuatro años. Además, hasta fines de agosto, 8.934 casos (47,7% se encontraban archivados o con sobreseimientos.

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