El bufet envenenado

A Julio Guzmán, el excandidato presidencial del Partido Morado, el equipo especial Lava Jato le abrió en el 2020 una investigación preliminar por lavado de activos a raíz de la denuncia de un ciudadano que se basaba, a su vez, sobre la nota de un diario. Nada más. Guzmán, como se sabe, fue el protagonista de la carrera política más veloz –y por eso mismo efímera– de la que se tenga memoria en el país. Mezcla de soberbia y gansería festiva, andaba proclamando que se había tumbado un “dinosaurio” cada vez que las encuestas le daban algunos puntos más que a uno de sus competidores... y al final, el único que se extinguió fue él. Era, digámoslo sin rodeos, un plomazo exasperante. Pero eso no hace menos injusto el atropello del que fue objeto. Su investigación, abierta originalmente por el fiscal José Domingo Pérez, fue quizás el ejemplo más acabado de lo que se conoce como “la baja exigencia probatoria” del referido equipo del Ministerio Público para iniciar indagaciones de ese tipo. Un nombre eufemístico para lo que, por momentos, semejó en realidad un régimen del terror y que ahora amenaza con acabar como acaban siempre esos regímenes: con los administradores de la guillotina guillotinados.

–Pizca de sal–

Esta reflexión viene a cuento con ocasión de la difusión de un nuevo paquete de declaraciones de Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Como se recuerda, los primeros testimonios de Villanueva motivaron una ola de credulidad sin cuestionamientos en un vasto sector de la ciudadanía y dieron pie, en última instancia, a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abriese a la entonces mandamás del Ministerio Público una investigación y la suspendiese en el cargo. Al parecer, probar que había sido por instrucción suya que el declarante había hecho todo lo que confesaba no hacía falta para llevarla a la guillotina. El problema es que en esta segunda descarga de testimonios les han llovido también imputaciones de todo tipo a los administradores de esa guillotina y ahora los condenados de antaño y sus partidarios exigen, con lógica elemental, que se despliegue exacta credulidad en los asuntos que los involucran. Hasta el momento, sin embargo, no es eso precisamente lo que viene sucediendo.

Si en el caso de la señora Benavides, las palabras de Villanueva bastaron para que la JNJ le abriera una investigación y la suspendiera, ¿cómo así en el caso de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez solo alcanzan para iniciar indagación, y no para proceder a una suspensión? ¿Estará, por otro lado, la JNJ dispuesta a tomar como ciertas las cosas que el testigo ha dicho sobre Guillermo Thornberry? O, más divertido todavía, ¿las creerá el propio Thornberry, que es uno de sus integrantes?

Mención aparte merecen las alusiones al periodista Gustavo Gorriti, al que Villanueva ha descrito como “el que dirigía la investigación” fiscal del Caso Cocteles, entre otras cosas. En opinión de esta pequeña columna, la pretensión de que Gorriti tenía un poder de hipnosis al que Vela y Pérez no podían resistirse es descabellada. Pero más de un abogado penalista ha sostenido en estos días que, materia para que le inicien investigaciones por presunto tráfico de influencias y otros asuntos, hay. Y habida cuenta de la “baja exigencia probatoria” que existe en el Ministerio Público para iniciarlas, no sería de extrañar que el periodista tuviera que enfrentarlas pronto. Delitos, de cualquier forma, no creemos que hallen. El episodio, sin embargo, ha puesto sobre la mesa interrogantes éticas acerca de las relaciones entre los fiscales y la prensa. La obtención de primicias es una buena práctica periodística, pero hacerlo a cambio de eventuales publicaciones que convienen a los investigadores o de exaltaciones laudatorias, no. Si algo así se produjo en este caso, quienes han puesto en estos días a Gorriti en la mira tendrán que probarlo.

No debemos olvidar, por último, que este nuevo paquete de declaraciones de Villanueva pone también en situación incómoda a “la alta dirección” de Fuerza Popular y a la congresista Martha Moyano. Pero, curiosamente, en el fujimorismo están dispuestos a creer lo que el testigo dice sobre Vela y Pérez –al punto de anunciar que presentarán una denuncia penal contra ellos– pero no lo que afirma sobre la legisladora naranja... Cuando, en realidad, deberían tomarse todos los testimonios del personaje en cuestión con una pizca de sal.

En suma, la confusa situación que tenemos al frente deriva, en buena cuenta, del hecho de que los testimonios que nos ocupan se han convertido en una especie de bufet en el que, sin pensar en las consecuencias, cada quien se sirve lo que le gusta para luego dar por tóxico todo lo demás. El problema, no obstante, es que en un banquete así, por lo general, todos acaban envenenados.

–Madera y acero–

Más temprano que tarde, los miembros de la JNJ tendrán que resolver la reconsideración a la suspensión de la señora Benavides que tienen pendiente y es probable que insistan con la sanción. Pero si lo hacen, deberán explicar por qué miden a la exfiscal de la Nación con una vara distinta que a Vela y Pérez. O quizás simplemente colocarse detrás de ellos en la cola que conduce a ese aparato de madera y afilado acero que se distingue a la distancia.