Amor porcino, por Carlos Adrianzén

Nuevamente se habla de reformar el sistema previsional privado. Más allá de lo empático de eliminar los aportes obligatorios y exigir la libre disposición de lo ahorrado, que nos devuelvan nuestra plata suena sospechosamente inverosímil. ¿Alguien imagina al Ministerio de Economía y Finanzas devolviendo en efectivo los US$6.400 millones de deuda pública colocados en fondos previsionales? Agréguenle a esto el tremendo descalce financiero que generaría tal propuesta.

Para descalificar al sistema de las administradoras previsionales privadas, se repiten básicamente tres cosas: que no otorgan los servicios que los afiliados quisieran, que cobran mucho por sus servicios y que no incluyen a todos los trabajadores. Sin embargo, estas críticas omiten el fondo de la historia: el sistema se introdujo luego de un vergonzoso robo a trabajadores que aportaron en diversos fondos estatales. Me refiero aquí, por ejemplo, a la tragedia previsional del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y sus impunes responsables. Tampoco se recuerda que este gobierno trató de avanzar en la misma dirección.

Pero vayamos a las críticas. Las dos primeras son un espejo de la regulación vigente. Hoy se subastan cupos de asociados, las administradoras no pueden diversificar libremente su riesgo global, financian masivamente gastos del gobierno y ofertan pocas –y poco atractivas– alternativas de ahorro y jubilación. Esto no solo por la incompetencia regulatoria del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sino por ideología. No son pocos los funcionarios que confunden los ahorros de los trabajadores con tributos. Públicamente afirman que estos fondos deben ser usados para impulsar el desarrollo nacional. Haríamos mal en confiar en ellos.

La tercera descalificación resulta emblemática. Repiten que el sistema privado ha fracasado al no lograr que todos los trabajadores tengan una jubilación adecuada. Recordemos que el sistema no hace magia. Cuando alguien puede aportar lo suficiente para tener una jubilación razonable, el sistema se la debe dar. Cuando no tiene mayor capacidad de ahorro, su pensión será minúscula. Pero aun en este caso –y a diferencia de lo que sucede hoy bajo el esquema de reparto estatal vigente– el Estado Peruano no se quedará con su plata. En una nación donde el grueso de la fuerza laboral está subeducada y el mercado formal sobrerregulado, la mayoría no tiene mayor capacidad de ahorro formal. Un sistema de cuentas de capitalización individual no resuelve esto. 

Y así llegamos al núcleo del asunto. El esquema previsional se basa en el respeto a la propiedad de los trabajadores (las cuentas de capitalización individual). Lamentablemente, la burocracia ha desarrollado una forma eficaz para esquilmarlo y hacerlo impopular: su regulación. Hoy no solo la rentabilidad decrece y los fondos no están globalmente diversificados, sino que casi un quinto de los ahorros se utiliza para financiar presupuestos estatales. 

Sobre este punto no podemos dejar de destacar el comportamiento de los aportantes que actuamos como dueños pasivos y distantes. Toleramos calladitos los abusos regulatorios y caemos redondos cuando nos ofrecen amor porcino. Es decir, propuestas de reforma que solo esconden nuevos afanes de expropiación indirecta de nuestra plata.