El presidente tras el biombo, por Juan Paredes Castro

Hoy asume sus funciones el nuevo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, con cargo a demostrar –en medio de la desconfianza pública– que no va a temblarle la mano a la hora de investigar y denunciar al gobierno.

Llega al puesto bajo el temor y la sospecha de ser el fiscal de la Nación escogido por el gobierno. En entrevista concedida a El Comercio prometió lo contrario: ¡No casarse con nadie, caiga quien caiga!

Es la primera vez que un alto dignatario como Ramos Heredia pasa por un episodio embarazoso de este tipo a causa de su parentesco con la primera dama (que lo obligará a tomar debida distancia), de una acusación constitucional planteada ante el Congreso por los crímenes en Áncash y del reciente fuego cruzado entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, organismos involucrados en la suerte burocrática de dos fiscales supremas (Zoraida Ávalos y Nora Miraval) cuyos votos fueron decisivos para que el nuevo fiscal de la Nación venciera sus últimas resistencias.

Hacía mucho tiempo que no teníamos preocupantes signos de inestabilidad jurídica, con un Consejo Nacional de Magistratura que conserva intactos sus verticales mecanismos de evaluación y nombramiento de jueces y fiscales; con un Tribunal Constitucional que hasta hoy no puede renovar sus cuadros de magistrados ni ofrecer las garantías de control ideal; y con un presidente del Poder Judicial prácticamente obligado a rechazar presiones e interferencias internas y externas sobre sus jueces.

En efecto, la exhortación del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, no es gratuita ni caprichosa ni menos interesada. Viene a constituir una reacción más bien rápida y responsable al continuo afán del jefe del Estado, Ollanta Humala, de hacer suyo el supuesto problema de la “concentración de medios”, que desde su interés no es otro que el que alude a la demanda judicial contra la asociación entre El Comercio y Epensa.

El presidente de la República no puede, pues, tomar partido por un tema que debe resolver un juez: Un juez para quien las expresiones de Humala pueden no significar nada o para quien puede ser la dirección en que su fallo debe inclinarse. Tenemos jueces eficientes y honestos, como también jueces serviles y corruptos.

Lo más grave es que la toma de posición gubernamental va adquiriendo carácter sistemático conforme el embajador del Perú ante la OEA, Juan Jiménez, avanza en su propósito de materializar, ante el Corte Interamericana de Derechos Humanos, una suerte de opinión anticipada del organismo respecto del tema vinculado al diferendo en el fuero judicial interno.

A nadie le importaría la opinión de este organismo si no fuera porque Humala es uno de los interesados en el tema de la “concentración de medios”, y porque hay jueces complacientes y venales que quisieran verse en el mismo espejo de la mayordomía palaciega que encabeza Juan Jiménez en Washington, secundada por otros operadores gubernamentales en el Poder Judicial.