Héctor Villalobos

Esta semana hemos sido testigos de una de las peores escenificaciones ofrecidas en los últimos años en el hemiciclo. Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, la hoy suspendida congresista hizo un último alegato ante sus colegas para evitar perder su curul.

Su exhibición de histrionismo barato estuvo a punto de lograr su objetivo: inicialmente, el pleno del llegó a blindarla, pues no se alcanzaron los votos para levantarle la inmunidad ni para inhabilitarla. Cuando todo indicaba que la sinvergüencería se iba a apuntar un triunfo redondo, el sentido común de unos cuantos legisladores se impuso, la votación se reconsideró y, si bien Cordero no fue inhabilitada por 10 años, quedó suspendida del cargo hasta que su caso se resuelva en la vía judicial.

María Cordero pertenece a aquella clase de políticos por los que la población nunca más debe volver a votar. Parlamentarios de esa calaña no deberían volver a ser elegidos. Forman parte de esa estirpe de mediocres personajillos que ensucian la política y la utilizan para provecho propio. Lamentablemente, es un hecho que el futuro electoral nos deparará similares o incluso peores representantes.

La excongresista de Fuerza Popular, quien alcanzó algo de notoriedad por sus asiduas visitas a Alberto Fujimori en la Dinoes, había sido denunciada por un exasesor suyo a quien le exigía que le entregue el 50% de su salario. “A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, le exigía, sin un ápice de rubor, en un audio que fue difundido por “Punto final”. No conforme con cercenar el sueldo al trabajador, lo maltrataba utilizándolo para funciones ajenas a la labor parlamentaria, como servirle de chofer o hacerle encargos personales. “Por favor, en una tienda, puedes comprar una papaya. Como para hoy”, se lee en un chat que fue dado a conocer por El Comercio.

La decisión del Congreso de suspender pero no inhabilitar a Cordero no deja de ser un blindaje a medias. La suspensión implica que no podrá retomar su curul hasta que se resuelva su proceso judicial. Y conociendo los tiempos que maneja nuestro Poder Judicial, eso significa que ya no volverá al cargo en este período. Pero, en el escenario bastante probable de que en el 2026 aún no haya sido sentenciada, al no estar inhabilitada de la función pública, ella bien podría postular al Senado o tentar alguna alcaldía en Tumbes. Su caso puede sentar un precedente para otros congresistas que tienen pendientes denuncias por recortes de sueldos y que podrían recibir sanciones similares.

Mención aparte merecen los 30 apañadores que votaron en contra del castigo a Cordero o en abstención. De ellos ya no esperamos nada. Solo que terminen sus mandatos y que aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia reciban lo que se merecen.

Héctor Villalobos es Editor de Política