La nefasta reforma política

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En un país como el Perú, es necesaria la inmunidad tanto de los congresistas como del presidente, ministros, miembros de la Corte Suprema y otros altos funcionarios. Es un mecanismo de protección que impide que las pugnas políticas puedan convertirse eventualmente en una guerra de acusaciones judiciales para liquidar a los adversarios. De hecho, Vizcarra sabe muy bien de qué se trata eso: él ha usado esas armas para aniquilar a los líderes opositores Keiko Fujimori y Alan García.

La inmunidad, por supuesto, no es absoluta. El ejemplo más evidente es el de Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido de la presidencia y sometido inmediatamente a prisión domiciliaria. También hay otros casos: al entonces congresista Edwin Donayre se le levantó la inmunidad cuando fue sentenciado en segunda instancia y fue a la cárcel. Al vocal supremo César Hinostroza se le quitó la inmunidad y ahora estaría preso si no hubiera fugado, por responsabilidad del Gobierno.

La inmunidad de los congresistas podía regularse para que su levantamiento sea más expeditivo, pero de ninguna manera eliminarse. Es obvio que Vizcarra quiso utilizarla como un pretexto para aumentar su popularidad en caída.

El asunto es que casi toda la reforma política que Vizcarra forzó a aprobar al anterior Congreso y que ha tratado de imponer al actual es un mamarracho sin atenuantes. Para empezar, la no reelección de congresistas. Este vapuleado –con razón– Parlamento es producto, no solo de la ilegal decisión de Vizcarra y de Salvador del Solar de disolver el anterior, sino también de la imposibilidad de reelegir parlamentarios. Esa norma, si bien no estuvo en vigencia legalmente al momento de la elección –el JNE recién lo advirtió pocos días antes–, fue aplicada por casi todos los participantes. En lugar de derogar el dispositivo que prohíbe la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, se extendió a los parlamentarios, empeorando el sistema político.

La prohibición de publicidad en radio y TV, fuera de la insípida franja electoral, es otra de las sandeces que contribuye a que los desorientados ciudadanos voten casi a ciegas. La práctica prohibición a la financiación privada formal de las campañas políticas solo servirá para dejar cancha libre a la financiación ilegal del narcotráfico, la minería ilegal y otros.

El número de congresistas que le corresponde a Lima, como ha hecho notar Aldo Mariátegui, se reducirá más, en lugar de aumentarse, como corresponde a la proporcionalidad.

Otra de las necedades más absurdas y negativas de la reforma de Vizcarra es la de la elección externa de los candidatos de los partidos, que deberían ser elegidos el primer domingo de octubre por todos los ciudadanos –voto obligatorio–. Es decir, todos tendrían que designar a los 130 candidatos al Congreso de cada partido, así como a sus candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Naturalmente, un voto en la oscuridad del que puede salir cualquier cosa (parece que esta disposición no se aplicará en esta elección).

Estos son solo algunos de los disparates de la malhadada reforma de Vizcarra, cuyas consecuencias el Perú ya empezó a padecer con el actual Congreso.

Otrosí digo. Reproduzco mis declaraciones a El Comercio digital (8/7/20) a raíz de un incidente en Tumbes: Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, considera que el portar armas de fuego no es una solución al problema de la delincuencia, pero sí es un derecho de las personas. “No es una solución para combatir la inseguridad. La seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que enfrentar a la delincuencia, no se trata de que los civiles asuman esta responsabilidad. No obstante, es perfectamente factible que aquellos ciudadanos que deseen comprar un arma y portarla –y que estén capacitados para ello– lo hagan. Ese es un derecho que tiene todo ciudadano”, dijo.

“Desgraciadamente, en el Perú, sobre todo por la existencia de jueces y fiscales que no entienden estos problemas, a veces, las personas que se defienden de un asalto y usan un arma terminan enjuiciados y eventualmente en la cárcel. Pero eso es básicamente un problema de la incompetencia de los magistrados, porque naturalmente todo ciudadano tienen derecho a defenderse si es agredido por un delincuente; es decir, la razón siempre debería estar de su lado”, añadió.