No es contra los medios, por Juan Jiménez Mayor

Frente a una propuesta lanzada hace algunos días para que una entidad de primer nivel continental externa al gobierno pueda emitir una opinión sobre los estándares de libertad de expresión contribuyendo así a enriquecer el debate, he recibido algunas críticas. Permítanme aclarar mi punto de vista y despejar dudas.

Motiva estas líneas de manera especial la nota publicada el lunes 12 de mayo en el diario El Comercio, que afirma que me encuentro “listo para presentar demanda contra medios”. Ni eso es lo que declaré ni es el propósito del planteamiento cuestionar o atacar a algún medio. Se trata, por el contrario, de apostar por presentar al país los principios y bases de funcionamiento de la libertad de expresión, que deben operar sobre la base de la Declaración y Convención Americana de Derechos Humanos. 

No es difícil comprender, por ello, que no se trata de una intromisión en un proceso judicial como lo han señalado algunos. De hecho, el propio presidente Ollanta Humala ha manifestado que el Poder Ejecutivo dejará, como corresponde, que los jueces hagan su trabajo con total independencia. La cuestión aquí no tiene que ver con un proceso judicial. Pensamos que si se viene dando un debate en la academia y en los propios medios sobre el contenido esencial y la naturaleza de la libertad de expresión más allá de la problemática empresarial, es bueno que podamos acudir a todos los espacios posibles para contribuir al mismo.

Considero como base de todo que la libertad de expresión es un tema de medular importancia para la democracia. Probablemente, es el derecho más fundamental al Estado constitucional de derecho y un asunto de relevancia pública que no debe sustraernos de ninguna iniciativa para protegerla, sostenerla y garantizarla. 

La Corte Interamericana es un órgano independiente al Estado y ha estado en una línea contrapuesta en algunos casos a nuestra perspectiva por los procesos de terrorismo que la Comisión Interamericana ha decidido promover de manera equivocada. Por esta razón, la opinión pública nacional –entre los que me ubico y así lo he hecho notar aquí en Washington– ha criticado al sistema. Pero también tiene que haber ocasiones en las que el sistema interamericano tiene que servirnos para acompañarnos a robustecer nuestra democracia. Precisamente, ese es el sentido perseguido por el proceso de reforma del sistema interamericano de derechos humanos en los últimos tres años y que ha contado con la activa participación de muchos países como Brasil, México, Colombia, Chile, Costa Rica y Guatemala, entre otros, pero también con la reserva de otros como Venezuela, que finalmente se retiró de la competencia de la corte.

No se entiende entonces la crítica. ¿Por qué no queremos una opinión consultiva de la Corte Interamericana que ayude a robustecer nuestra democracia? ¿Por qué impedir que la corte asuma un papel en positivo para el país? Es inobjetable que el gobierno no solo no tiene injerencia alguna en la justicia nacional, sino que tampoco la tiene frente a la jurisdicción internacional. Entonces, ¿por qué no buscar saber cuáles son los estándares de contenido internacional que albergan a la libertad de expresión cuyo resultado no solo servirá para el Perú, sino que tendría efectos continentales? De esta forma, no solo enriquecemos la discusión nacional, sino que hacemos una contribución a la eficacia de la libertad en América en un contexto donde muchos medios critican lo que ocurre en algunos estados. Reclamo entonces consistencia.

La relevancia de este asunto va más allá de cualquier posición personal de la que estoy convencido. Y, además, he querido ser muy transparente en cuanto a hacer un planteamiento público que pueda ser considerado para tomar la mejor decisión sobre la materia. Como se ha dicho en la Sociedad Interamericana de Prensa, la libertad de expresión no solo es un asunto empresarial; ojalá podamos entenderlo así todos.