Marilú Martens

A poco tiempo de que se inicie un nuevo ciclo escolar, resulta urgente prestar atención a un grave problema que en los últimos años no ha hecho sino empeorar: el ‘’, aquel tipo de maltrato físico o psicológico que sucede entre niños y adolescentes de forma reiterada e intencional. Las cifras lo confirman: hasta octubre del 2023, veíamos registrados casi 13 mil casos, un número que duplicaba lo contabilizado el año anterior y respecto al que aún deben considerarse aquellas situaciones de hostigamiento que los estudiantes no reportan.

Si hablamos del presupuesto estatal destinado a prevenir el acoso escolar, las noticias tampoco son buenas: de los más de S/2 millones que se tenían designados en el 2021, en el 2023 tuvimos un presupuesto de solamente S/251 mil; es decir, en dos años disminuyó en casi el 90%. ¿Y cuánto de ese presupuesto realmente se ejecutó? Hasta mayo del año pasado, los informes indicaban que menos del 5%.

El primer paso para prevenir el ‘bullying’ comienza por entender cuáles son las raíces del problema y de su agravamiento. Entender, por ejemplo, que estos actos no nacen directamente en las escuelas, sino que en buena parte son un traslado de la violencia que se vive en los hogares y en las calles. Sin charlas ni capacitaciones ni campañas presenciales, la pandemia vio acrecentarse estas situaciones de negligencia y maltrato durante los años de clases virtuales que, luego, con el regreso a la normalidad, estallaron en las aulas.

También es crucial comprender que muchos de estos casos se vinculan con la xenofobia, el racismo, la homofobia, la misoginia y otros tipos de discriminación que son reflejo de las taras que aún cargamos como sociedad. Además, es imperioso que reconozcamos las consecuencias tangibles de este mal. No solo las vemos en el detrimento del desempeño académico de los menores y en el incremento del ausentismo y la deserción escolar, sino también en el desgaste de la salud mental y emocional de los alumnos, que los lleva a sufrir ansiedad, depresión, aislamiento y baja autoestima, o incluso a tener pensamientos suicidas. Hace unos meses, en Chimbote, una escolar se quitó la vida luego de recibir insultos grotescos en las aulas y en las redes sociales, donde este tipo de acciones encuentra una nueva forma de repetirse e incluso empeorar. A sus 16 años, la menor formaba parte del grupo con mayor incidencia de suicidio en el país: mujeres de 15 a 19 años.

Vale mencionar, además, que incluso ahora, con los ciclos educativos ya estandarizados, solo el 2% de los colegios públicos del Perú cuenta con un psicólogo que pueda orientar a estudiantes y padres frente a esta problemática.

Para reportar casos de ‘bullying’ existen diversas líneas de ayuda: la línea 100 del Ministerio de la Mujer, el portal SíseVe o incluso Indecopi. Sin embargo, dejar la solución en manos de la víctima no basta. Se necesita implementar cuanto antes un plan integral que contemple la prevención y la atención a la violencia escolar. Fortalecer las capacidades de los docentes y directivos con respecto al ‘bullying’, hacer partícipes a los niños y familiares, producir textos orientativos con un lenguaje cercano, analizar la normativa de forma constante a fin de actualizarla de acuerdo al contexto… todas estas y más deberían ser líneas de acción que lo integren.

Sabemos que el año pasado el Ministerio de Educación inició un programa de estas características en instituciones educativas focalizadas, pero es urgente ver los resultados, afinar las iniciativas y aplicarlas ya mismo, con rigor, en todos los colegios del Perú. El Estado y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para lograr un cambio. Saquemos la violencia de las aulas y cuidemos a nuestros niños en casa. El 2024 acaba de comenzar. Hagamos que sea un año de mejores noticias.

Marilú Martens Directora de CARE Perú y exministra de Educación