Pasos en la dirección contraria

El martes la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que apunta a modificar la ley de organizaciones políticas, aunque en la dirección contraria a lo que necesita nuestro maltrecho sistema político.

En buena cuenta, el documento propone tres cambios. El primero –y más comentado– consiste en volver a darles a los partidos políticos la posibilidad de elegir a sus candidatos a presidente, vicepresidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes y otros mediante la figura de los delegados, en detrimento de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). Como se recuerda, las PASO fueron introducidas en nuestro ordenamiento jurídico en el 2019, pero en la práctica nunca se aplicaron. En el 2020, el Congreso complementario suspendió su ejecución para las elecciones del 2021 alegando los riesgos generados por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, y al año siguiente su sucesor hizo lo propio con miras a los comicios regionales y municipales del 2022, esgrimiendo el mismo motivo.

Ahora la Comisión de Constitución no ha necesitado invocar alguna rebuscada justificación y ha decidido simplemente que, además de las PASO, los partidos podrán elegir a sus candidatos de la misma manera en la que han venido haciéndolo en los últimos años: a través de delegados que se encargan de que quienes lleguen a las fórmulas presidenciales y a las nóminas al Parlamento sean personas afines o que cuentan con el visto bueno de las cúpulas de las organizaciones. Y aunque es cierto que existen ciertas objeciones atendibles contra las PASO (como la que sostiene que electores pueden acudir a votar por ciertos candidatos de un partido con el que no comulgan solo para perjudicarlo), el argumento esgrimido por los legisladores en la sesión del martes fue que estas vulneraban una supuesta “autonomía” de los partidos, que, en la realidad, no es otra cosa que una carta libre a las dirigencias.

Pero esta no es la única modificación del dictamen aprobado el martes que ha levantado preocupaciones entre los expertos. Otros dos cambios apuntan a restablecer el voto preferencial (que se había eliminado) y restituir la exigencia de firmas para inscribir nuevos partidos políticos. Respecto de este último punto vale recordar que la ley vigente estipula que una agrupación que aspire a lograr su inscripción debe demostrar que cuenta con al menos 24.000 afiliados activos en todo el territorio nacional. En la sesión de esta semana quedó claro que la intención de los actuales legisladores es volver a la modalidad de firmantes (con todos los problemas de falsificación y suplantación de rúbricas que esta ha exhibido a lo largo del tiempo), pero, tal y como ha quedado redactado en la versión final del proyecto, ambas figuras –afiliados y firmantes– se incorporarán como parte de los requisitos para formar nuevos partidos políticos, lo que en los hechos elevará la valla para poder inscribir uno nuevo.

Si a esto último le sumamos el predictamen de reforma constitucional que busca eliminar a los movimientos regionales, lo que tenemos es un grupo de proyectos que apuntan a fortalecer a los partidos que hoy se encuentran inscritos y a sus cúpulas. Con esto no queremos decir que estamos a favor de la proliferación de un sinnúmero de organizaciones regionales a lo largo y ancho del país. Lo que necesitamos son partidos políticos fuertes y con alcance nacional; sin embargo, para ello debemos primero democratizar los que ya tenemos, facilitar el camino para que se constituyan nuevos, pero fijar requisitos más altos para que estos sobrevivan en el tiempo. Un objetivo que, siendo honestos, difícilmente se conseguirá con los cambios que se vienen cocinando en la Comisión de Constitución.

Desde este Diario nos hemos mostrado a favor de la restitución de la bicameralidad y de la reelección inmediata de congresistas. Pero para que estas reformas tengan éxito deben venir acompañadas de otras que apunten a fortalecer nuestro sistema de partidos políticos. Regresar a la modalidad de elecciones primarias por delegados, restablecer el voto preferencial y restituir el requisito de las firmas para inscribir nuevos partidos no parecen cambios en la dirección correcta.