Esta semana, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Nicanor Boluarte por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias. Esto, en respuesta a un reportaje emitido por el programa “Cuarto poder” el último domingo en el que se revelaron las citas que el hermano de la presidenta había sostenido este año en su domicilio con una serie de personas, entre las que se hallan proveedores del Estado, familiares de un controvertido prefecto nombrado por este gobierno y –lo más inquietante de todo– una autoridad cuyo distrito se ha visto recientemente beneficiado con un millonario presupuesto.
Nos referimos en este último caso a Nixon Hoyos Gallardo, el alcalde de Nanchoc, un pequeño distrito de Cajamarca (cuya población es de cerca de 1.400 habitantes) que el pasado 27 de octubre recibió, gracias a un decreto publicado en el diario oficial “El Peruano”, alrededor de S/20 millones repartidos en cinco proyectos de inversión. Nueve días antes de que su jurisdicción recibiera tan jugoso beneficio, el burgomaestre acudió a la casa del señor Boluarte para agasajarlo por su cumpleaños junto con otras personas, y la posibilidad de que una situación haya desembocado en la otra no debe pasarse por alto.
Así parecen entenderlo el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción (que ya ha solicitado información al respecto al Ministerio de Economía y Finanzas), varios legisladores y hasta penalistas consultados por este Diario. La única que no parece notarlo ha sido la propia jefa del Estado. “El familiar a quien mencionaron no trabaja para el Estado y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, ‘a quien se le pegue la gana’”, expresó el último lunes desde Palacio de Gobierno, donde se celebraba una actividad pública con comités del vaso de leche.
Pero la presidenta Dina Boluarte no se quedó allí, sino que tachó la denuncia periodística de “infamia” y añadió que le parecía “un atrevimiento” de la prensa “comparar” esta situación con los actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo, del que ella –no lo olvidemos– formó parte como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La realidad, sin embargo, es que las sospechas alrededor de su pariente son graves y ameritan, por lo menos, una acuciosa investigación. Nuestra historia, vale recordar, es pródiga en episodios de familiares de presidentes utilizando su cercanía al poder para pactar negocios con autoridades locales. No hace falta ir muy lejos para constatarlo; apenas en el gobierno anterior, el de Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus cuñados David, Walter y Yenifer se vieron envueltos en un escándalo que implicó un millonario desembolso del Estado Peruano hacia municipios pequeños como Chachapoyas, Cajatambo y Anguía. Este último, recordemos, vio crecer su presupuesto casi en un 200% durante el gobierno del golpista.
No es esta la primera vez, por otro lado, en la que Nicanor Boluarte se halla en el centro de la controversia. En mayo, la Unidad de Investigación de este Diario reveló que se encontraba formando un partido político llamado Ciudadanos por el Perú. El hecho no hubiera pasado de la anécdota de no haber sido porque, para lograr su cometido, ha contado con el apoyo de nada menos que funcionarios estatales como prefectos, subprefectos y trabajadores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Consultado al respecto por este Diario, el hermano de la mandataria aseguró que él era “uno más” del comité ciudadano de la organización; sin embargo, otras fuentes afirmaron que su rol era mucho más importante.
Así pues, las sospechas de que su hermano esté utilizando su cercanía al poder para sus proyectos personales son imposibles de soslayar, por lo que, más que atacar a los medios, la presidenta haría bien en saludar que las autoridades indaguen al respecto. Después de todo, si tanto se jactan ella y sus adláteres de ser diferentes de su predecesor en el cargo, lo último que podrían hacer es lo que hizo Castillo: poner las manos al fuego por familiares salpicados por graves indicios de corrupción.
Europa
