A veces parece que estuviéramos atrapados en un bucle temporal. Los nombres pueden cambiar, pero la ignominia es una sola. Mes a mes, un nuevo episodio de ribetes delincuenciales relacionado con uno o varios miembros de la actual representación nacional salta al primer plano de la noticia y la ciudadanía se pregunta cómo personajes de esa catadura pueden haber llegado al Congreso. La pregunta, por supuesto, tiene más de una respuesta, pero a eso llegaremos más adelante. Veamos, primero, qué es lo que nos mueve a volver sobre un tema que, en coincidencia con la naturaleza cíclica del problema descrito, hemos abordado repetidamente en este Diario.
Este martes, el parlamentario Luis Picón, integrante de la bancada de Podemos Perú, pero elegido originalmente en las listas de Alianza para el Progreso (APP), fue detenido por la policía, en obediencia de una orden de captura que pesaba sobre él por un caso de presunto delito contra la administración pública. Picón acababa de salir del Palacio Legislativo y viajaba en su camioneta por el Centro de Lima cuando fue intervenido por disposición del Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Huánuco. La escena fue bochornosa, pero a duras penas sorprendente. Un informe publicado por este Diario el 5 de diciembre del año pasado reveló que en ese entonces el congresista que nos ocupa estaba como imputado en 32 casos fiscales en Huánuco. En la región de la que proviene, Picón se desempeñó como gobernador entre el 2011 y el 2014, y ya antes había sido vicegobernador del 2007 al 2010. Y más de una de las denuncias tiene que ver con esas gestiones.
Políticamente, este legislador tampoco ha sido ajeno a los hechos vergonzosos. APP lo expulsó de su bancada en abril del 2022 por sus permanentes inasistencias a las reuniones a las que se lo citaba y por participar en actividades oficiales del gobierno de Pedro Castillo sin haber notificado a sus compañeros y al partido. Una circunstancia que podría explicar por qué votó en contra de la censura del exministro de Salud Hernán Condori (el recordado promotor del ‘agua arracimada’), a contrapelo de lo acordado en el grupo parlamentario al que en ese momento todavía pertenecía.
Dicho todo esto, cabe recordar la similitud entre su caso y el del congresista Jorge Luis Flores Ancachi (quien en estos días enfrenta una sanción de expulsión del partido Acción Popular), al que en junio pasado el Primer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción en Puno declaró reo contumaz e hizo objeto de una orden de captura por no haber acudido a la audiencia del inicio del juicio oral seguido en su contra por el delito de peculado en agravio del Estado. Flores Ancachi fue también detenido y debió ponerse a derecho antes de partir en un viaje a China por el que también resultó cuestionado.
APP, por su parte, tiene un verdadero historial de representantes a los que, en esta y otras oportunidades, llevó al Legislativo a pesar de los problemas que tenían con la justicia: Humberto Acuña, Benicio Ríos, Edwin Donayre y Freddy Díaz. Y salvo en el caso de este último, todos fueron condenados mientras ocupaban un escaño y por delitos cometidos antes de su elección… Lo que nos lleva a una de las respuestas a la interrogante planteada líneas atrás sobre cómo personajes como los aquí nombrados llegan siquiera a postular al Parlamento. Los partidos –unos más que otros, pero todos en general– no se preocupan por tener los mínimos filtros para evitar que individuos así se cuelen en sus listas.
La otra parte de la respuesta tiene que ver con nosotros mismos, los electores, y la escasa responsabilidad con la que asumimos las tareas que esa condición nos impone. Muchas veces, en efecto, la prensa advierte sobre la catadura moral de los aspirantes a obtener una curul y, sin embargo, una mayoría de votantes acude a las urnas ignorando o haciendo caso omiso a esa información, estableciendo las condiciones para la indefinida prolongación de esta vergüenza. Si eso no cambia, jamás saldremos del bucle.
Callao
