Mientras sus contumaces defensores continúan improvisando argumentos para negar que el golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado fue lo que todos vimos, nuevas pruebas sobre el talante delincuencial con el que el expresidente Pedro Castillo manejó el Ejecutivo durante los 14 meses que permaneció en Palacio de Gobierno continúan apareciendo. La última ha sido el resultado de un peritaje grafotécnico aplicado a una pequeña hoja (‘post-it’) de color fucsia que el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco presentó a la fiscalía para refrendar su testimonio sobre las órdenes que el exmandatario impartió a fin de imponer en las Fuerzas Armadas determinados cambios ajustados a su conveniencia y que fue revelado esta semana por Canal N.
Si bien Castillo no estuvo dispuesto a someterse a la prueba en cuestión, gracias a escritos suyos que obran en poder de distintas instituciones (como la UGEL de Chota, el Ministerio de Educación, el Reniec, etc.), se ha podido establecer que es suya también la letra del apunte que figura en el mencionado ‘post-it’. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, lo que el antiguo gobernante buscaba era que el coronel EP Ciro Bocanegra, hijo de su paisano y amigo Augusto Bocanegra, fuera ascendido y destacado a la Casa Militar. Una teoría consistente con lo declarado por el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. Según él, Castillo le habría dicho en su despacho: “Dígame, ¿no podemos hacer nada por Bocanegra?”. En el ‘post-it’ en cuestión se puede leer: “Crnl. EP Marco Marín debe ser relevado por el Crnl. EP Bocanegra”.
Este episodio, además, se inscribe dentro un contexto mayor, pues, como se sabe, tanto el ex jefe del Estado como su ministro de Defensa Walter Ayala fueron denunciados constitucionalmente el 12 de agosto por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el llamado Caso Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el que se les imputa los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo, entre otros.
No es sorprendente, desde luego que, al igual que en otros casos, Castillo haya negado a propósito de este todas las acusaciones que pesan sobre él, pero la circunstancia de que ahora se cuente con un elemento inculpador brotado de su puño y letra lo coloca en una situación muy difícil y comprometida. En el fondo, la evidencia obtenida gracias al peritaje que comentamos no solo sugiere que Castillo estuvo efectivamente detrás de todos los cambios indebidos en las instituciones castrenses que se le atribuyen, sino que la imputación general de la que es objeto es cierta. La manipulación de los ascensos militares y policiales tiene mucho en común con lo presuntamente negociado por él en la casa del pasaje Sarratea o a través de sus exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado en los sectores de Transporte y Vivienda. Todo ello apunta, pues, a una conducción del gobierno dirigida en esencia a incrementar su poder y beneficiarse económicamente. Es decir, sitúa al expresidente en el corazón mismo y a la cabeza de la presunta organización criminal de la que habla la fiscalía.
Es por eso que resulta tan llamativa la defensa que hacen hoy de él sus antiguos aliados y mozos de estoques. Porque supone perder toda vergüenza y negar lo obvio. Ante la perspectiva de tener que admitir que apañaron o incluso estuvieron asociados a una conducta delictiva, ellos ensayan coartadas cada vez más descabelladas. Pero, como la del propio Pedro Castillo, su situación es cada vez más apremiada. La aparición de señas inocultables de la corrupción que caracterizó su paso por el poder como la que aquí reseñamos no hace sino confirmar lo que ya sabíamos de él. Y lo que, en realidad, sabíamos también de ellos hace tiempo. Habrá que continuar atentos en consecuencia a eventuales nuevos destapes, porque esto, nos tememos, no es todo.
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