Metástasis de violencia

San Juan de Lurigancho (SJL) es el distrito más poblado del Perú. El tamaño de su población –estimado en 1,2 millones de personas– excede al de al menos 14 regiones enteras del país, y es similar a la suma de habitantes de las cinco regiones menos pobladas.

Esas dimensiones hacen especialmente importante lo que suceda en el distrito. Y, de un tiempo a esta parte, es el terrible deterioro de la seguridad ciudadana en SJL lo que ha llenado titulares. El fin de semana pasado, por ejemplo, una granada estalló en la puerta de una discoteca y dejó 15 heridos, incluidos dos menores de edad. De acuerdo con la policía, los autores del ataque serían extranjeros integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión.

La vistosidad y la crueldad de un atentado contra transeúntes inocentes son notorias, pero la motivación es de sobra conocida en SJL. Mafias que cobran cupos a pequeños empresarios y profesionales han proliferado ante la pasividad de las autoridades. Apenas un día antes del ataque a la discoteca, un grupo de sujetos disparó cinco veces contra un jardín de niños ubicado en el mismo distrito. Los extorsionadores pedían S/300 al mes. Un mes antes, dos personas prendieron fuego a un colegio inicial. El homicidio transmitido en vivo desde una cancha de fulbito en agosto pasado sucedió también en SJL. Asesinatos de pequeños empresarios y otras víctimas que se rehúsan a pagar cupos se acumulan (entre enero y agosto fueron 80 asesinatos por sicariato en la jurisdicción).

Según informó este Diario ayer, además, en los últimos tres años las mafias también han pasado a controlar los recorridos del transporte público, las flotas y hasta las tarifas. Los criminales infiltran las empresas de transporte –formales o informales– para asegurar que el monto pagado sea el que ellos exigen. También determinan qué precios se puede cobrar por el pasaje, de modo que se garanticen sus cupos, y colocan informantes en posiciones estratégicas de empresas logísticas. Las prácticas ya se dan a lo largo de varias ciudades de todo el país.

Si la policía no es capaz de otorgar soluciones efectivas a esta emergencia, alternativas que están fuera del marco institucional regular empezarán a ganar más adeptos. Jesús Maldonado, alcalde de SJL, pidió el viernes pasado que se declare en emergencia su distrito para que las FF.AA. brinden ahí protección. El mismo día, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la solicitud para que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicite al Ministerio del Interior la participación de las FF.AA. en el combate a la delincuencia.

A escala nacional, no sería extraño que la creciente sensación de miedo y desamparo frente a los criminales se traduzca en apoyo a políticos que ofrecen mano dura en los límites –o al margen– de la ley. Tras la percepción de éxito de las prácticas extremas de combate a la inseguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, más de un aspirante a las siguientes elecciones generales analiza la mejor forma de garantizar su imitación del autócrata centroamericano.

No se puede responsabilizar a las familias o pequeños empresarios amedrentados por preferir una opción política de esta naturaleza. Eso sería una tremenda falta de empatía. La responsabilidad real recae sobre los sucesivos gobiernos que han permitido el avance sin freno de violentas mafias nacionales e internacionales. En SJL, donde cada tres días los criminales asesinan a alguien, se demandan respuestas inmediatas y efectivas, vengan de donde vengan. Al ritmo actual, el resto del país podría imitar el rumbo de su distrito más poblado y demandar respuestas similares.