Desprotegidos

En la última semana de setiembre, una niña de 13 años falleció en Junín debido a complicaciones durante las labores de parto. Ella había sido violentada sexualmente y obligada a llevar un embarazo en condiciones que ponían en riesgo su salud. Además, pese a que el aborto terapéutico fue despenalizado en nuestro país hace casi un siglo, no se le permitió acceder a este procedimiento. El anterior es un episodio que refleja dos grandes males que se ciernen sobre la niñez peruana y que afectan cada año a miles de ellos: la violencia sexual y la maternidad infantil forzada. Pero que retrata un problema mayor: el abandono al que como país hemos condenado a nuestros menores de edad y lo vulnerables que se hallan ante los depredadores.

Esta semana, El Comercio inicia una campaña contra el abuso infantil, un monstruo que tiene múltiples caras y que año a año deja secuelas irreversibles en miles de niños, niñas y adolescentes en prácticamente todas las regiones. Un monstruo que, además, se envalentona con la inacción, cuando no negligencia, de los adultos y, especialmente, de las autoridades. Y un monstruo que, curiosamente, todos vemos o del que todos oímos hablar, pero al que muy pocos nos atrevemos a hacerle frente.

El caso de la niña de Junín al que aludíamos al inicio no es uno aislado. En junio, la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData) reveló que cada año alrededor de 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en el Perú, un grandísimo número de ellas producto de vejámenes sexuales. Un embarazo a esa edad, como sabemos, no solo pone en riesgo la vida de la gestante, sino que obliga a un alejamiento del colegio que muchas veces se vuelve definitivo, comprometiendo así su desarrollo y los ingresos que generará a lo largo de su vida. Pero, además, está la otra cara de esta problemática: la impunidad con la que los abusos sexuales suelen venir acompañados.

Solamente en Lima, de las casi 19.000 denuncias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes recibidos por el Ministerio Público en los últimos once años, apenas 646 (es decir, el 3,4%) han sido resueltos. El resto continúa durmiendo el sueño de los justos. Esto, por cierto, hablando solo de los casos registrados en la capital y en los que existe una denuncia, pues como sabemos este delito suele beneficiarse del silencio de las víctimas. Los menores de edad son además el sector que más sufre esta lacra. Entre enero y noviembre del 2022, por ejemplo, de las 9.549 denuncias por violación sexual presentadas en el país, el 65% tenía como víctimas a un menor de edad. En casi la mitad de los casos, además, el agresor presentaba algún parentesco con la víctima y el lugar más frecuente donde se había perpetrado el abuso era la vivienda de esta.

Pero los hogares no son el único escenario donde se violenta a nuestros niños. Este Diario ha revelado que el sector educación es el que concentra a un mayor número de funcionarios sancionados por violencia sexual. También, que solamente en el 2022 el Ministerio de Educación recibió casi 2.500 denuncias por este delito. Que, pese a lo que dictan las normas vigentes, existen denuncias de abuso sexual perpetrados en colegios que llevan hasta siete años sin resolverse por las autoridades competentes y que, en los casos en los que sí se han logrado resoluciones, las sanciones han dejado mucho que desear. Una muestra de esto último es el reportaje de ECData publicado en agosto que reveló que, pese a que desde el 2013 más de 1.300 docentes han sido encontrados culpables de violencia sexual, 466 no fueron apartados de las aulas.

Si el abuso infantil es hoy un problema gravísimo en nuestro país, ello se debe a la inacción de los adultos y al estado de desprotección casi absoluta en el que hemos dejado a nuestros menores de edad que se hallan prácticamente abandonados.