Se ve, pero no se hace nada

El Ministerio de Educación (Minedu) tiene un portal denominado SíSeve en el que cualquier persona puede registrar un caso de violencia escolar y, al mismo tiempo, ha establecido en la Resolución Ministerial 274-2020 plazos perentorios para la atención, derivación, seguimiento y cierre de casos de violencia sexual contra menores en espacios educativos: 75 días cuando el presunto agresor es un alumno y 90 cuando es un miembro del personal de la institución donde se produjo el hecho denunciado.

La iniciativa parece adecuada, porque el problema que pretende enfrentar es grave y merece ser enfrentado sin dilaciones, pero un informe de nuestra Unidad de Periodismo de Datos (ECData), publicado ayer, ha revelado que la referida resolución es en muchos casos letra muerta.

Son 877, en efecto, las denuncias de este tipo realizadas entre el 2016 y el 2022 cuyo plazo de atención y cierre ha vencido. Los tres más antiguos llevan siete años sin resolverse: un auténtico escándalo. Pero hay otras cifras alarmantes. El 33% de los casos abiertos en el 2022, por ejemplo, continúa en ese estado; y 55 de ellos ni siquiera han sido atendidos. Pasmosamente, se cuenta entre tales casos uno en el que la víctima fue una menor de nivel inicial que habría sufrido tocamientos indebidos.

Fueron 19, en realidad, los casos que comprometían a menores que cursaban el nivel inicial (dos en cuna y 17 en jardín), lo que da una idea de las dimensiones y la frecuencia del problema frente al que las autoridades educativas están siendo indolentes. De hecho, este Diario solicitó el testimonio del Minedu sobre la situación que presentamos y hasta ahora no ha obtenido respuesta alguna.

El número de sanciones dictadas, por otro lado, habla también de una desidia oficial. El año pasado, por citar las circunstancias más recientes, solo un 8% del personal denunciado recibió una sanción efectiva (suspensión temporal o permanente). Seguramente habrá algunas denuncias que luego resultarán descartadas, pero 8% es a todas luces un porcentaje que habla de la morosidad en la atención al drama que nos ocupa. Hay regiones, además, en donde el porcentaje de sanciones es igual a 0 (Lambayeque, Pasco y Tumbes), lo que daría la impresión de obedecer más a características de los sancionadores que a las de los eventuales sancionados…

¿Por qué ocurre la omisión que aquí ponemos en evidencia? Según el abogado Víctor Sousa, especialista en violencia escolar y miembro de la Alianza de Colectivos por la Equidad en Derechos Humanos (Arife), una explicación posible es que el Minedu no ha llevado a cabo ninguna auditoría o reporte de los casos en cuestión. Y eso nos lleva de regreso al desdén, ¿pues de qué otra manera puede interpretarse la ausencia de reflejos del Minedu ante el cuadro descrito? A la luz de esos datos, el portal SíSeve aparece como un saludo a la bandera. Como un gesto para poder alegar que se está haciendo “algo” frente a la violencia sexual ejercida contra menores en los ambientes que están bajo su responsabilidad. Pero, importante como es, abrir un espacio para que la gente coloque sus denuncias está lejos de ser suficiente.

Si la atención a esas denuncias se produce, literalmente, tarde, mal y nunca, los agresores seguirán sintiéndose a salvo para perpetrar sus abusos. El sabor que el informe de ECData deja es desalentador, por decir lo menos. El comportamiento transgresivo se ve, como el nombre de la aplicación del Minedu indica, pero en demasiadas ocasiones no se hace nada al respecto. Y eso es peor que no reaccionar porque el episodio de violencia pasa desapercibido.