¿Qué sentirá una víctima al ver que su agresor, luego de haber reunido el valor para denunciarlo y de que este haya sido sancionado, continúa laborando en el mismo lugar en el que la atacó? ¿Qué pensarán otras víctimas que no alzan la voz por miedo al ver esta situación? ¿Acaso no es profundamente injusto que una alumna abusada en un colegio tenga que buscar otra institución para continuar con sus estudios porque su agresor sigue trabajando como si nada hubiese ocurrido? En el Perú, pese a que en los últimos años se ha tratado de avanzar en este tema, todavía existen profesores sancionados por abuso sexual que continúan enseñando. Todo esto en un país en el que, según Unicef, 30 menores de edad son violentados sexualmente cada día.
Según un reportaje de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) publicado ayer, desde el 2013 en el portal SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu) –creado para que cualquier persona pueda registrar un caso de agresión escolar en nuestro país– se ha denunciado a 6.870 profesores por violencia sexual. Y aquí es donde empiezan los problemas, pues el 46% de los docentes denunciados no fueron registrados en el Sistema de Monitoreo de Expedientes (Simex), que permite darle seguimiento a estos casos. Ello, pese a que la Resolución Ministerial 308 del 2014 –y su modificación del 2018– estipularon que se deben subir a la plataforma todas las denuncias presentadas contra personal educativo. Las entidades responsables de este proceso son las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones de Educación Regional (DRE) correspondientes.
El detalle no es menor, pues, como advierte el abogado Víctor Sausa, especializado en temas de violencia escolar, “si un docente que es denunciado en SíSeVe no tiene un expediente en Simex, no puede ser suspendido” e incluso existe el riesgo de que termine siendo reubicado en otra escuela. Además, Sausa explica que, si pasan dos años y la denuncia no es ingresada en el sistema, “caducará el caso y esta es la forma más efectiva de encubrimiento y de evitar que se cumplan las sanciones”. Solo este año, por ejemplo, se ha denunciado a 720 profesores en el portal SíSeVe, pero solo 224 fueron colgados en Simex.
Los problemas, sin embargo, no se agotan aquí. De aquellos 3.783 maestros que sí fueron registrados en Simex en la última década, se halló responsabilidad en 1.348 de ellos. Y, por increíble que parezca, a 466 de los sancionados no se los destituyó, pese a que, según especialistas como la abogada Brenda Álvarez, la Ley de Reforma Magisterial estipula este tipo de sanción para estos casos, por lo que pueden seguir enseñando como si nada hubiese ocurrido.
Además, otros 154 docentes a los que se les aplicó la destitución inicialmente ya quedaron liberados de este castigo, ya sea porque impugnaron el fallo original ante el Tribunal de Servir y este les dio la razón o porque consiguieron una sentencia judicial favorable, por lo que podrían volver a las aulas. A este cuadro, además, habría que sumarle el destape de ECData del año pasado, cuando descubrió que 100 profesores investigados y sentenciados por el Poder Judicial por abuso sexual entre el 2018 y 2022 no tenían impedimento para enseñar en los registros del Minedu. Entre los casos revisados había incluso casos de maestros condenados a penas de cadena perpetua.
Esta situación es inadmisible. No podemos dejar a nuestros niños y adolescentes desprotegidos, ya no solo ante episodios de violencia, sino ante la revictimización que supone dejar que sus agresores continúen enseñando. Si seguimos haciendo las cosas igual, no solo vamos a conseguir que nuestras aulas sean escenarios de abusos sexuales, sino también lugares blindados por la impunidad. Y si las autoridades son indiferentes ante esto, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de no serlo.
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