¿Justicia electoral?

Como las instancias en las que se define la delegación de poder presidencial, parlamentario, regional y municipal mediante el voto ciudadano están tan venidas a menos, la palabra “justicia electoral” me suena a desconocida.

Solo los jueces electorales saben, según su conciencia, si en verdad ejercen “justicia electoral”. Los electores del llano que vivimos siempre confiados en resultados de votación limpios y transparentes, y que no tenemos el poder para cambiarlos ni torcerlos, lo que más deseamos es que esos jueces electorales no solo lo sean, sino que lo parezcan.

Y el problema es que precisamente no lo parecen, pues ya llevamos mucho tiempo debatiendo la falta de idoneidad y de integridad de las autoridades del sistema electoral, sin que estas, motu proprio, decidan facilitar sus respectivos relevos. Por el contrario, en un mundo en el que la provisionalidad de jueces y fiscales es cada vez mayor, la férrea voluntad de las autoridades de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del sistema electoral por perpetuarse en sus cargos no tiene precedentes en la historia.

La capacidad de entornillamiento burocrático, sujeto al usufructo de la planilla presupuestal, vale más que cualquier maestría o doctorado universitario.

Hemos asistido en los últimos tiempos a audiencias largas y prolongadas dispensadas a los jefes de la ONPE y del Reniec para que estos fundamenten sus pedidos de ratificación, cuando lo idóneo hubiera sido que estos se ahorrasen pasar por esa embarazosa situación y que la JNJ determinase si realmente el sistema los necesita. No es que el funcionario de confianza A o B tenga que desear seguir en el cargo. Se trata de que un órgano del nivel de la JNJ, previa rigurosa evaluación, determine si el funcionario A o B merece ser ratificado o no.

La pregunta de si tendremos una “justicia electoral” en el 2026, por ahora entre comillas, resulta pertinente porque habrá grandes temas que resolver sobre, por ejemplo, las postulaciones de Alberto Fujimori y Antauro Humala, que generarán decenas de argumentos legales contrapuestos. Nada más oportunas, por eso, que las palabras del jurista Ernesto Blume en el sentido de que todo lo que digamos hoy acerca de esas dos postulaciones tendrá que zanjarla la “justicia electoral” del 2026.

Queda claro, por supuesto, que la “justicia electoral” del 2026, que ojalá para entonces podamos quitarle las comillas, no será la “justicia electoral” encarnada por el actual JNE y particularmente por el Dr. Salas Arenas, cuyo solo acto de haber admitido la postulación de Pedro Castillo y de Perú Libre en el 2021, a sabiendas de que dicho candidato y partido buscaban la desestabilización del sistema democrático, lo coloca en entredicho jurídico y político. Y que la presidencia del Congreso invistiera en el cargo a Castillo con un juramento a todo menos a la Constitución hace más grave aún la manía histórica de quejarnos de todo aquello que permitimos y toleramos.

Actualización

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, respondió a este artículo con la siguiente carta.

Respuesta de Juan Paredes Castro

No voy a entrar en polémica con el doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE. Respeto sus opiniones como considero que él debe respetar las mías. Que el señor Pedro Castillo en su calidad de candidato presidencial ya perseguía el 2021 desestabilizar el sistema democrático con su proyecto de una Asamblea Constituyente y la instauración de una nueva Constitución, es una verdad que la conocía medio mundo. Mi opinión de que el JNE no debió admitir esa candidatura con tan abierto y desestabilizador propósito, tampoco me ponía entonces ni me pone hoy en contra de la verdad. El doctor Salas Arenas tiene derecho a defender su fuero de funcionario y yo mi fuero de periodista. Punto final.