Los deseos de un “feliz y próspero año nuevo” se multiplican en estos días. Anhelar que a la gente que quieres le vaya bien y cumpla sus objetivos es común en esta época. Lo difícil es desear un buen año político porque sería una utopía.
Primero, tendríamos que definir qué es un buen año político, y esa sería una tarea complicada pues siempre dependerá de la óptica con la que se mire. Lo que sí queda claro es que este es el último año de la presidenta Dina Boluarte, pues –en teoría– en julio del 2026 debe entregar el poder a quien gane las elecciones presidenciales de abril de ese año.
Y así, con la hoja en blanco, podemos decir que, si bien hasta ahora la suerte le ha sonreído a Boluarte, nada nos asegura que la fortuna la seguirá acompañando.
Sí, la suerte la acompaña porque un Parlamento impopular salvó dos veces de la censura al ministro más longevo del Ejecutivo. Julio Demartini, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se colocó el fajín el 7 de diciembre del 2022 y es inamovible en el cargo pese al escándalo de la carne de caballo y la avena con coliformes fecales repartidos entre los escolares del programa Qali Warma. A este caso hay que añadir la muerte en extrañas circunstancias de Nilo Burga, presidente de Frigoinca, la empresa proveedora de los alimentos en mal estado.
A sus otros dos ministros escuderos, Morgan Quero (Educación) y Juan José Santiváñez (Interior), no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pese a los dislates de uno y a las acusaciones contra el otro.
Pero la suerte también puede volverse esquiva. En abril de este año deben convocarse a las elecciones generales del 2026 y los políticos, sobre todo los congresistas que ahora pueden ser reelegidos, estarán con un pie en la campaña electoral.
Un Parlamento señalado de albergar una red de prostitución no puede –además– ser cómplice de un gobierno que busca exhibir logros pero que no sabe cómo gestionarlos y de una administración a la que los escándalos no le son ajenos.
Por eso, los votos del Congreso, de los que depende la supervivencia del gobierno de Boluarte, pueden darle la espalda a una presidenta que, por un lado, proclama tener las manos limpias y transparencia y que, por el otro, firma la resolución de la suboficial Ruth Ligarda Castro para que se vaya a trabajar en la Agregaduría Policial de la Embajada del Perú en España.
Ligarda Castro fue la escolta personal de la mandataria. La ‘Sombra’ la acompañó en su periplo por los balnearios del sur en febrero del año pasado y es testigo en el Caso Cofre.
La hoja –todavía– está en blanco.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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