De nuevo y con la misma piedra

El reciente escándalo de las firmas falsas ha causado justificado revuelo. No es para menos estando ya con el proceso electoral convocado y con las particularidades que estos comicios acarrean. Y si a eso se suma la inacción ante la crisis de seguridad, el panorama resulta poco auspicioso.

El caso involucra a la mayor parte de la numerosa oferta electoral de abril del 2026. La portada de ayer de este Diario, por ejemplo, titulaba: “El 70% de los partidos registra observaciones por firmas falsificadas” (30/4/2025). Lo llamativo del caso es que la cifra resulta similar a la que se suele reportar cuando se habla de informalidad.

Según la documentada nota de Thalía Cadenas, el total de casos irregulares que ha observado el Reniec llega a 306.364. El reportaje de Cadenas también señala que, entre el 2021 y el 2025, el Reniec envió 130 informes técnicos al JNE.

Pero, como también lo señalaba la cobertura de ayer efectuada por este Diario, lo que podía y aún puede hacer el JNE parece bastante limitado. En una reciente y extensa entrevista, el entonces titular del JNE, José Luis Salas Arenas (RPP, 28/4/2025), dijo que el organismo cumplió “con tomar en cuenta lo que Reniec había enviado y excluir a los presuntos afiliados cuyas firmas no coincidían”.

Salas precisó, además, que no se podía “excluir a todos […] Esta materia no la ven el pleno del JNE ni el presidente”. El magistrado indicó que todo esto lo ve el ROP, aunque destacó que “el ROP no puede decir: ‘No voy a inscribir a nadie, voy a parar la inscripción y que se verifique absolutamente’, porque para eso hay responsabilidades y funciones”.

Llama la atención que, con todos los avances que ahora brinda la tecnología, se sigan presentando este tipo de casos. Incluso, han sido los propios regulados quienes han sugerido salidas al marasmo burocrático y normativo que parece primar en los entes electorales.

Hace más de dos años, por ejemplo, Armando Barrantes, hoy dirigente de Avanza País, sugería el “uso estandarizado de mecanismos digitales u otros medios análogos” para la “elaboración del padrón de afiliados”. Barrantes concluía con un señalamiento: “Todos estos mecanismos son complejos pero sencillos de usar con un simple celular, que no son utilizados por los partidos políticos para la afiliación porque el JNE no se atreve a reglamentar” (“Correo” de Huancayo, 23/3/2023).

Estos casos no son nuevos en la endeble democracia peruana. De hecho, casi al final del régimen de Alberto Fujimori, cuando el país se hallaba en pleno proceso electoral, este Diario denunció la fábrica de firmas del partido oficialista Perú 2000. No mucho después, una denuncia similar envolvió a Perú Posible, cuando su líder Alejandro Toledo ejercía la presidencia. Hemos aprendido poco.