ChatGPT y su editor OpenAI han sido demandados por la asociación vienesa Noyb, la cual milita por la proteccion de la vida privada.
ChatGPT y su editor OpenAI han sido demandados por la asociación vienesa Noyb, la cual milita por la proteccion de la vida privada.
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Agencia AFP

La asociación vienesa Noyb, que milita por la protección de la vida privada, anunció el lunes que presentó una demanda contra el programa estrella de inteligencia artificial (IA) generativa porque “divaga” e incluso su editor OpenAI “no puede impedírselo”.

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Este tipo de instrumentos “inventan regularmente respuestas”, subrayó Noyb (“None of your business”), en un comunicado.

Cuando preguntó a ChatGPT la fecha de nacimiento de su fundador Max Schrems, respondió “sistemáticamente con una falsa información” en vez de reconocer que no sabía.

“Si un sistema no puede suministrar resultados correctos y transparentes, no debería ser utilizado para generar datos sobre personas. La tecnología debe plegarse a la ley y no al contrario”, insiste la abogada Maartje de Graaf, citada en el comunicado.

Noyb indica que la Reglamentación General Europea sobre la Protección de Datos (RGPD) estipula la obligación de exactitud. Con mayor razón cuando la empresa OpenAI “rechazó la petición del demandante de corregir o borrar el error”.

Tampoco respondió a su petición de acceso a los datos que le conciernen y a las fuentes de información, violando de nuevo la ley.

En su demanda, la asociación Noyb, que se ha convertido desde su creación en 2018 en el espantajo de los gigantes de la tecnología, pide a la Autoridad austriaca la protección de los datos, abrir una investigación y multar a la empresa californiana.

Creado en noviembre de 2022 y financiado por Microsoft, ChatGPT fue muy solicitado por usuarios impresionados por su capacidad para suministrar disertaciones, poemas o traducciones en unos cuantos segundos.

Pero ante los riesgos, fueron iniciados procesos en varios países.

Italia temporalmente bloqueó el programa en marzo de 2023 y la autoridad de regulación francesa (Cnil) inició el examen de una serie de quejas. También se instaló un grupo de trabajo europeo sobre el tema.

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