"Se viene el año de Lava Jato", por Juan Carlos Tafur

Se ha desatado una vorágine mediática y judicial a propósito de la detención preventiva de cuatro ejecutivos de las empresas consorciadas a la empresa brasileña Odebrecht. El impacto en la opinión pública es evidente y pronto escalará, pudiendo comprometer en el escándalo a algunos protagonistas políticos, como Alan García, Keiko Fujimori o el propio Pedro Pablo Kuczynski. 

Si el 2017 estuvo signado por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el 2018 será uno cargado y animado por el itinerario judicial y político de los pormenores del escándalo Lava Jato. 

Se supone que en enero conversarán los fiscales peruanos con Jorge Barata, quien deberá corroborar o ampliar lo anticipado por Marcelo Odebrecht hace unas semanas. Solo hacía falta que Barata también sea excluido del proceso por lavado de activos, que aún seguía abierto, para que se le allane el terreno de la colaboración eficaz. A mitad de semana, ese tema fue resuelto, excluyéndosele del proceso. 

El efecto devastador de Lava Jato no golpea a una sola agrupación, sino prácticamente a toda la clase política, y encima los líderes que aún no han sido tocados por dicha onda expansiva (Guzmán, Barnechea, Acuña y Mendoza) brillan por su inexistencia. 

No hay un ganador. Todos pierden. A diferencia del 2000-2001, cuando la ‘víctima’ del proceso era el fujimorismo y la lucha anticorrupción era apropiada por Alejandro Toledo, hoy las víctimas son muchas y nadie está dispuesto a asumir el liderazgo moralizante. 

Cuando se presentó una atmósfera algo similar, luego de la implosión del fujimorismo, el presidente Valentín Paniagua se encaramó sobre la lucha anticorrupción y pudo así conducir la nave política en medio de la natural zozobra que un proceso anticorrupción genera en la sociedad. Hoy, PPK no logra ocupar ese lugar y la inquietud es si acaso le interesa sentarse allí. 

Debe anotarse la ausencia política del presidente Pedro Pablo Kuczynski en esta coyuntura. Los hechos que se le imputan al presidente (haber desempeñado una consultoría y haber recibido financiamiento electoral) no son per se delitos, pero su impericia política para afrontar el tema puede hacer que este escale hasta comprometer la gobernabilidad. 

En un estado de euforia persecutoria, un hecho que en circunstancias normales puede ser irrelevante termina siendo un escándalo de magnitud incontrolable. Y eso el presidente no lo está aquilatando. Una cosa es que no le responda a la comisión Lava Jato y otra que no le dé respuesta a la opinión pública de manera suficiente. 

Es más, su negativa a declarar ante la comisión congresal ha llevado a esta a citar nada menos que a la primera dama, Nancy Lange, sobre su participación societaria en la empresa Latin American Enterprise Capital Corporation, que funcionaba en la misma dirección que First Capital, que a su vez realizó trabajos de asesoría financiera a Odebrecht. 

No hay cantos de sirena pro vacancia en el país. Una iniciativa como la de la congresista Yeni Vilcatoma pidiendo la renuncia del presidente no ha tenido eco, pero el tema ronda el ambiente político y un mal manejo de Palacio podría generar complicaciones indeseadas a futuro. Hace un mes, la posibilidad de una vacancia era 0%. Hoy es más de 0%, lo cual cambia la agenda política. 

El politólogo José Alejandro Godoy señala que el caso Lava Jato genera varios efectos perniciosos en la política peruana. “Se acentúa la ya tradicional desconfianza que los ciudadanos tienen en su clase política, mellada de por sí debido a que consideran que no resuelven sus problemas cotidianos. A su vez, ello agudiza el desinterés por la política y explica por qué la reacción ciudadana de malestar sobre este tema no ha terminado en una gran protesta. Tampoco hay quien represente adecuadamente este sentimiento de hartazgo: el fujimorismo no solo está descolocado por su tradicional matonería, sino también porque Odebrecht ha comprometido a su lideresa; los tres últimos gobiernos están involucrados; el oficialismo no puede aprovechar tampoco el tema debido a que PPK no ha tomado como prioridad el caso y porque también hay algunos puntos que el presidente debe aclarar; la izquierda se ha visto salpicada en su imagen de moralidad por el tema Villarán; el alcalde Castañeda se cuida en salud frente a las revelaciones que pueden venir por una confesión del dueño de OAS. Y ninguno de los líderes que no han sido implicados (Guzmán, Mendoza, Barnechea) ha salido a aprovechar este momento para tomar la bandera anticorrupción en serio. Finalmente, se agudiza el fenómeno de judicialización de la política peruana. Aunque en democracias sanas se podría señalar que la competencia llevaría a una mayor fiscalización, hoy el caso Lava Jato es visto como una oportunidad para deshacerse de rivales políticos. Es el fujimorismo quien pretende aprovechar más en este sentido la coyuntura, pero ningún partido está ajeno a este juego de intereses”.  

Por su parte, el analista político Julio Schiappa-Pietra puntualiza que “comparar la presente crisis con la del año 2000, al caer el gobierno de Fujimori-Montesinos, puede ser muy útil si partimos de afirmar las diferencias entre dos grandes procesos anticorrupción vividos en el país. El 2000 fue un proceso de transición de un régimen dictatorial, o de gestión autoritaria, a uno de transición democrática: el blanco de la corrupción fue el Estado, así como algunos proveedores privados que cobraron sobreprecios o robaron abiertamente en las obras públicas. Lava Jato tiene su origen en el sector privado, que provee una organización delictiva para distribuir sobornos al Estado y obtener obras públicas en muchos países. Los detenidos reflejan la diferencia; militares, jueces, altos funcionarios públicos, casi ninguno privado, en el 2000. En el 2017 casi la totalidad son delincuentes de cuello blanco, empresarios o gestores de empresas peruanas y sus contactos brasileños, así como una élite de contactos en el sector público”.