Luciana León: “Si hay abuso, el juez puede ser denunciado penalmente”

La congresista aprista Luciana León anunció ayer que presentará un proyecto de ley para limitar la aplicación de la prisión preventiva. Antes de acudir a una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume —que días atrás sugirió al Congreso revisar esta normativa—, conversó con El Comercio sobre los motivos detrás de esta iniciativa.

—¿Qué propone el proyecto?
Son precisiones a la legislación sobre la prisión preventiva. Ha habido un uso y abuso. Por eso, ha habido plenos casatorios y sentencias del TC diciendo que ha habido excesos y que debe ser subsidiaria, excepcional, proporcional y provisional. Todos estos lineamientos deben ser obligatorios para jueces, pero no lo están siguiendo. Por eso, lo estamos recogiendo para que la tengan más clara y lo puedan cumplir.

—Si ya existe un marco normativo claro que ha elevado los estándares de la prisión preventiva, ¿el problema no es, más bien, de aplicación?
Es que no lo están cumpliendo. Con esto, si no cumplen, pueden ser denunciados penalmente por el delito de prevaricato.

—Pero eso depende de la argumentación del juez y fiscal. Para usted puede no ser correcta la sustentación, para otros sí. Si no coincide, se puede apelar. ¿Esto no podría ser una espada de Damocles?
Claro, pero tienen que tener hechos más convincentes para dictarla porque hablamos del derecho a la libertad. Que hagan bien su trabajo y fundamenten bien sus decisiones.

—Las herramientas para aplicarla bien existen.
No es nada nuevo, sí.

—¿Cuál sería la novedad?
Estamos reduciendo los plazos. Para casos simples, 6 meses, para casos complejos, 9 y para los de criminalidad organizada, 18.

—La Comisión Interamericana dice que los plazos para los casos de organización criminal son excesivos: 36 meses prorrogable a 12 más. ¿Por qué modificar el resto? ¿Tiene estadística que lo respalde?
Tengo los datos que todos conocemos: que más de la mitad no tienen una acusación. Además, del total de la población penitenciaria, la mitad tiene prisión preventiva sin sentencia.

—No es la mitad. A enero de 2019, el porcentaje de procesados en centros penitenciarios era de 39%. ¿Sabe cuál era el porcentaje en 2012?
No lo recuerdo.

—58%. En realidad, las cifras muestran que se está reduciendo su aplicación.
Y debe seguir reduciéndose. Los fiscales deben ser más eficientes. Que no siempre den esta medida cuando sabemos que hay otras. Por eso, estoy ampliando para algunos delitos el uso de grilletes electrónicos que hoy solo aplica para delitos que tienen menos de 8 años de prisión.

—¿Qué le garantiza que un cambio legislativo vaya a ser eficaz?
Esperemos que se cumpla. Puede ser que tampoco se cumpla. Por eso, estamos incorporando que en caso de que siga habiendo un abuso, el juez puede ser acusado penalmente.

—¿No le parece que hay un conflicto de interés al presentarlo ahora cuando hay apristas o ex funcionarios del gobierno del fallecido ex mandatario Alan García siendo procesados por corrupción? Existe la posibilidad de que se dicten prisiones preventivas en esos casos.
Están todos con detención preliminar.

—Sí, pero eso puede variar.
Si lo usan o no lo usan, no va a ser por este tema. Esto no va a beneficiar de manera particular a ninguno de ellos. Eso es en adelante para los procesos que se vayan a presentar.

—Pero la ley penal procesal es de aplicación inmediata.
Podrían decir que [favorece] a Alan García, pero él ya no está.

—A él, no. A sus allegados.
Aquí se quiere parar con este abuso. No quiero beneficiar a nadie. Nosotros somos los interesados en que se conozca la verdad de los actos de corrupción. Somos los más interesados y si hay alguien dentro del partido aprista que debe responder [a la justicia], que lo haga, pero con las otras medidas que existen.

—¿También se mostró en contra de la prisión preventiva contra los Humala?
¡También! Estoy en contra desde que lo vi en 2008. He visitado cárceles desde muy chica desde que estudiaba derecho, pero vemos en estos casos que es excesivo, sin tener acusación. ¿Qué pasa si te acusan una, dos, tres veces y, al final, luego de 36 meses presos sales libre? ¿Quién te devuelve esos años?

—Pero en el momento en que se dicta, hay razones que explican un riesgo procesal que, al ponderarlo con la presunción de inocencia, prevalecen.
Claro, pero como estos son casos subjetivos. En el hecho concreto, ¿cuál es la razón por la cual Pedro Pablo Kuczynski tiene peligro de fuga?

—Usted está hablando de casos muy específicos.
Claro, es concreto. Le han dado 36 meses.

—¿Desde cuándo se abusa de la prisión preventiva?
Hace mucho tiempo. Yo he dado el ejemplo del fiscal [José] Pérez Gómez que, en el 2008, a mi padre lo acusó por 9, luego 18, al final, estuvo 3 años preso y después de la investigación, fue declarado inocente. Este es un caso concreto que ha vivido mi familia, pero son muchos más.

—Si la problemática es desde hace tiempo, ¿qué explica esta inusitada preocupación?
Lo que hemos visto con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que está en una situación delicada en cuidados intensivos y, aun así, le dieron 36 meses.

—¿El caso de PPK es la gota que derramó el vaso?
Sí. Para mí sí. Es un exceso. También en el caso del presidente García. Él tenía una audiencia ese día y ahora íbamos a escuchar las declaraciones de Barata. Pero no esperamos esos 5 días y ya ese día querían verlo enmarrocado. Al parecer buscan la humillación de la persona, del nombre. Si ya no tiene pasaporte, no hay el peligro de fuga. Ha estado declarando en todas las diligencias: ¿por qué no dan otra medida restrictiva?

—¿No es esta una ley con nombre propio?
¿Hacia quién? ¿Pedro Pablo Kuczynski?

—Lo digo porque se necesita una base estadística más general para proponer estas modificaciones a la ley. Por ejemplo, ¿cuántas personas están con grillete electrónico?
Creo que existe un caso.

—Son más, pero pocos porque lo paga el procesado.
Claro, pero que lo pague el Estado.

—¿El proyecto mantiene los presupuestos para la prisión preventiva?
Sí.

—¿Cómo ve la manera en que se está interpretando el peligro procesal?
Ha habido uno u otro caso de peligro de fuga, pero no podemos generalizar.

—¿Cuándo existe peligro de fuga para usted?
El caso del ex presidente Alejandro Toledo.

—Bueno, a él se le dicta cuando ya está fuera.
Puede ser el caso de Heredia, si no. Cuando ella supuestamente se iba a trabajar [a la FAO], pero finalmente regresó.

—En ese caso, el TC dijo que haber regresado no podía ser considerado peligro de fuga. ¿Y en qué casos sí existe obstrucción de la justicia?
Es que es tan subjetivo porque a todo lo ponen ese gorro.

—¿Un ejemplo?
No sé. Sería bueno que los jueces y fiscales lo digan. Para ellos, todos estamos obstaculizando.

—¿En qué caso sí se justifica una prisión preventiva?
Lo tienen que decir ellos. Vamos a ver qué dice el Dr. Blume que sugirió estos cambios.

—¿El partido aprista aprobará la iniciativa?
Esto tiene que pasar por el anti plagio y de ahí se presenta. Lo he conversado con ellos. Que siga siendo un debate. Esta es una idea que aporta y esperemos que sea mejorada.

—A diciembre del año pasado, 71% de los peruanos, según una encuesta de Ipsos, consideraba que la medida se usaba de manera adecuada. ¿Qué explica esa percepción?
La población cree que son culpables, que se está utilizando bien hasta que ‘me toca a mí’. Recién ahí decimos: ‘oye, hay un abuso o exceso’ porque ya le ha tocado a 10 o 20 de los más notorios.

—¿No es su caso?
No. Mi padre fue declarado inocente en el 2018 y han pasado varios años. A pesar lo que vivió la familia, no lo presenté. Pero viendo que se sigue cometiendo este abuso, no puedo quedarme de manera indiferente. ¿Quién le devuelve a mi papá la capacidad de caminar?

Puede revisar el proyecto de ley la congresista aquí.