Las presuntas coimas de Odebrecht por el Metro de Lima llegan a juicio: la historia del caso y las penas que se piden

El caso aborda el presunto pacto ilegal entre Odebrecht y funcionarios del MTC para obtener esas concesiones en el , el supuesto pago por parte de la constructora brasileña de US$ 8,100,000 en sobornos (1.4 millón por el tramo uno y 6.7 millones por el tramo 2) y los presuntos actos de lavado de ese dinero de origen ilícito a través de empresas off-shore.

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Por todo esto, se piden penas de hasta 35 años de prisión, como es el caso del exviceministro Jorge Cuba, el exfuncionario de más alto nivel implicado, a quien se atribuye haber concertado el pago de los sobornos. En la acusación se imputan los delitos de cohecho (soborno), colusión, tráfico de influencias y lavado de activos.

El del Metro de Lima fue el primero de presuntas coimas en conocerse cuando Lava Jato estalló en Perú. En diciembre del 2016, la empresa admitió ante autoridades estadounidenses haber pagado sobornos por US$ 29 millones en el Perú entre el 2005 y el 2014.

Tras ello, el Ministerio Público peruano creó un equipo especial de fiscales para indagar los casos vinculados a Odebrecht y otras constructoras brasileñas. Luego, también se creo una procuraduría ad hoc dedicada a defender al Estado peruano en el caso Lava Jato y asegurar el futuro pago de reparaciones civiles.

En enero del 2017 llegaron las primeras detenciones y prisiones preventivas. Jorge Cuba, exviceministro del MTC en el gobierno de Alan García, y Edwin Luyo, expresidente del comité de licitación del tramo dos, estuvieron en ese grupo.

En julio del 2018, el equipo especial fue reformado con Rafael Vela como nuevo coordinador y con el fiscal José Domingo Pérez como encargado de las pesquisas alrededor del Metro de Lima.

Fuentes ligadas al caso comentaron que dichos cambios fueron claves para acceder a mayor información de la empresa brasileña. Así, en el acuerdo de colaboración firmado por Odebrecht en el 2019, el Metro fue una de las cuatro obras en las que admitieron ante la justicia peruana el pago de coimas.

En junio de ese año, Pérez presentó una primera acusación por el caso por el delito de lavado activos. En octubre, se presentó una segunda por delitos de corrupción.

Cronología del proceso

1. Enero 2017 - Junio 2019: Investigación a cargo de la fiscalía, con apoyo de la procuraduría
2. Junio 2019 - Junio 2022: Control de acusación o etapa intermedia a cargo de un juez
3. Diciembre 2022: Inicio del juico oral a cargo de un juzgado colegiado

En junio pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso que el caso finalmente pase a juicio. En el camino, ambas acusaciones se acumularon: hoy hay nueve acusados para quienes se piden penas que de entre 35 años y 6 años y medio.

En diálogo con El Comercio, Vela remarcó que el juzgado ya programó otras cinco audiencias para el juicio por este caso y que se prevé realizar tres sesiones por semana.

A ese ritmo, estimó que el juicio avanzaría a “velocidad adecuada” y que se podría tener una sentencia en meses. “Estamos a la expectativa de que luego de toda la prueba del juicio oral, se arribe a una sentencia condenatoria”, comentó Vela.

Para el juicio han sido citados 115 testigos y 11 peritos. Entre los testigos está Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, cuyo testimonio fue clave durante la investigación del cas, pero cuya eventual declaración en el juicio todavía está en suspenso por la suspensión de la colaboración entre Odebrecht y las autoridades peruanas.

Rafael Vela destacó que Odebrecht entregó amplia información documental durante la etapa de investigación e indicó que si la suspensión sigue vigente cuando sea el turno de Jorge Barata de declarar, “podría afectarse la prueba testimonial, pero estamos todavía en proceso de carácter negocial dentro del acuerdo de colaboración, buscando superar las diferencias, de ser el caso”.

“Hasta que no existe una decisión final al respecto, todavía el juicio está planificándose para que estas declaraciones sean programadas. Pero es evidente que forma parte del acuerdo de colaboración eficaz y cualquier perturbación, alteración o turbulencia relacionada con el acuerdo, también tiene una incidencia en este caso” comentó.

En el juzgamiento también será parte la Procuraduría del caso Lava Jato, que plantea que los acusados paguen una reparación civil de US$ 273′660,387. “Tenemos informes sobre rutas de lavado de dinero, informes de control. Todo este material va a ser examinado en el juicio”, dijo la procuradora Silvana Carrión a este Diario.

Carrión destacó la importancia de que se inicie un nuevo juicio por la trama Lava Jato (actualmente ya está en desarrollo el de Ollanta Humala) para que “toda la prueba de corrupción” conocida estos años finalmente sea valorada por jueces y “se podrán tener definiciones de los casos”,

“El del Metro y el de Ollanta Humala, que no llevamos nosotros pero sí el equipo especial, sin duda son casos que comenzarán a marcar el destino de los casos Lava Jato. Podemos tener una primera mirada de cómo el Poder Judicial comienza a abordar estos delitos en este tipo de contratos complejos, cómo valora esta prueba, las colaboraciones. Hay mucha expectativa por eso”, expresó.

La procuradora señaló que, de esta forma, “el Poder Judicial va a comenzar a marcar un camino importante, dar precedentes importantes. Así como antes de dieron precedentes importantes durante las investigación. Ahora vamos a comenzar a conocer cómo valoran, evalúan, deciden y sancionan sobre estos casos de gran corrupción”.

Casos similares a los el Metro de Lima, de presunto pago de coimas para ganar concesiones de megraproyectos, son los de la Carreterra Intoreceánica Sur (que involucra a Alejandro Toledo), la Costa Verde Callao y la Vía Evitamiento Cusco. Esos cuatro casos -que fueron parte del acuerdo de colaboración con la empresa- ya tienen acusación y al menos en los dos últimos está cerca de dictarse que pasen a juicio.

Por el lado de los acusados, el abogado de Cuba, César Nakazaki Seminario, afirmó a El Comercio que su cliente es inocente y que la fiscalía no podrá probar “ningún tipo de pacto” entre Odebrecht y él. Además, dijo que espera un juicio justo y calificó la pena que pide el Ministerio Público como “insustentable”.

El defensor legal de Santiago Chau, Carlos Hermoza, declaró a este Diario que no se ha probado que su defendido haya sido parte de un pacto colusorio y tildó de “desproporcionada” la pena que piden para él.

Durante la etapa de investigación, el acusado Miguel Navarro alegó que nunca se le pidió esconder dinero de origen ilícito, sino ayudar a infringir una prohibición administrativa. Se espera que esta sea la versión que mantenga su defensa legal, que sigue siendo la misma desde entonces, en el juicio.

Luis Castillo Berrocal, abogado de Magdalena Bravo, alegó en diálogo con El Comercio que las irregularidades atribuidas a su defendida no estaban bajo su competencia; mientras que el defensor legal de Jesús Munive, José Luis Francia, aseguró a este Diario que su cliente actuó dentro de sus funciones.