Investigaciones a congresistas ‘mochasueldos’ en fase decisiva: ¿cómo avanzan los casos en fiscalía?

En respuesta, el Congreso inició procesos a nivel de la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Por su parte, la Fiscalía de la Nación, por entonces bajo el mando de Patricia Benavides, inició un grupo de investigaciones preliminares contra los legisladores implicados por el delito concusión.

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A nivel parlamentario, los casos derivaron en ‘blindajes’ o sanciones leves a nivel de la Comisión de Ética, mientras que los que llegaron a la SAC continúan en proceso. A nivel del Ministerio Público, las indagaciones tampoco avanzaron muy rápido: recien en noviembre se presentó una denuncia constitucional en uno de la decena de casos de este tipo.

Para cuando Patricia Benavides fue suspendida y dejó de ser fiscal de la Nación, los plazos para investigar a los presuntos ‘mochasueldos’ estaban por vencerse o, al menos, bastante avanzados. Las pesquisas eran vistas directamente por el equipo del fiscal Marco Huamán, su mano derecha como coordinador del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

Casi contra el tiempo, la llegada de Juan Carlos Villena como nuevo fiscal de la Nación ha buscado darle un nuevo impulso a las indagaciones. Así, según conoció El Comercio, los próximos días y semanas serán claves para tomar decisiones al respecto: sean de denuncias constitucionales contra los legisladores para poder seguir investigándolos -lo que también podría llevar a sus suspensiones- o de archivar las indagaciones.

Las investigaciones preliminares iniciadas durante la gestión de Patricia Benavides por estos casos siguieron, en su mayoría, un esquema similar.

Comenzaron como indagaciones simples con plazos de 60 o 90 días, con diligencias enfocadas a recoger declaraciones de los trabajadores y copias de las denuncias periodísticias que revelaron los casos. Sin embargo, antes de que esos plazos venzan, eran ampliadas y declaradas como ‘complejas’ para que se extienden por ocho meses.

Luego, la fiscalía debe decidir si la evidencia recogida justifica presentar una denuncia constitucional ante el Congreso para levantar el antejuicio (inmunidad) del parlamentario implicada. Solo con esa luz verde se pueden seguir las pesquisas en fase de investigación preparatoria. El único caso con denuncia constitucional, por ahora, es el de María Cordero.

Un ejemplo de este procedimiento es el caso de la congresista Heidy Juárez. Según consta en documentos a los que accedió este Diario, la fiscalía le imputa haber abusado de su condición de congresista y de presidenta de la Comisión de Cambio Climático para inducir, a través de un asesor, a los entonces trabajadores de su despacho y de esa comisión a “entregar parte de sus remuneraciones” para su beneficio. La parlamentaria niega la acusación.

La indagación comenzó el 13 de abril con un plazo de dos meses, que luego se ampliaron a dos meses más. Finalmente, én agosto, el caso se declaró complejo y se le dio el plazo de ocho meses, que venció el 12 de diciembre del 2023.

Por esos días, Patricia Benavides acababa de ser suspendida, Juan Carlos Villena recién asumía el cargo y Marco Huamán estaba por salir del área de Denuncias Constitucionales, que hoy es dirigida por el fiscal Luis Germaná. En ese contexto, el Ministerio Público no volvió a ampliar el plazo de la investigación, que venció el día en que estaba previsto: el 12 de diciembre pasado. Sin embargo, hasta ahora no se emite decisión respecto a si se denuncia o se archiva.

El caso de Heidy Juárez es llamativo porque la indagación venció sin que concluyen todos los actos que la fiscalía tenía previsto realizar. En noviembre, en las últimas semanas del plazo, Patricia Benavides y Marco Huamán solicitaron al Poder Judicial levantar el secreto bancario de la congresista y volver a tomar las declaraciones de testigos claves. Pero el tiempo no alcanzó y el 12 de diciembre llegó sin que esas pesquisas se culminen.

La defensa de Heidy Juárez, según consta en una audiencia judicial, consideraba que habiendo vencido el plazo de la investigación también se debía rechazar el levantamiento de su secreto bancario. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley accedió al pedido fiscal el último miércoles y autorizó a la fiscalía a ejecutar la medida. Con ello, este será un nuevo elemento a tomar en cuenta de cara a la decisión de denunciarla o no.

Otra opción es ampliar el plazo de la investigación preliminar de ocho meses nuevamente de forma extraordinaria. Así ocurrió en el caso de la legisladora Rosío Torres, cuya investigación preliminar comenzó el 2 de abril del 2023.

De forma similiar, la fiscalía le imputa haberse aprovechado de su condición de legisladora y presidenta de la SAC para “inducir a los trabajadores que le entreguen dinero de sus remuneraciones” a través de una cuenta bancaria a nombre de su sobrino. Como sus colegas, Torres niega la acusación.

Desde la emisión denuncia periodísticia que dio origen a la pesquisa, hecha por Punto Final, el caso parecía como uno de los más sólidos. Sin embargo, la investigación fue declarada como compleja durante la gestión de Patricia Benavides, con plazo hasta el 1 de diciembre del 2023. Antes de esa fecha, se amplió de forma extraordinaria por dos meses más hasta este jueves 1 de febrero.

La defensa de Rosío Torres recurrió al Poder Judicial para que esa última ampliación sea anulada. Según argumento su abogado, la nueva prórroga no se justifica y las diligencias que se argumentaron como necesarias corresponderían recipén a una eventual etapa de investigación preparatoria.

En respuesta, la fiscalía respondió que el nuevo plazo era necesario porque se había incluido a una de las trabajadoras de la legisladora como su presunta cómplice, se habían requerido nuevas declaraciones de testigos y se había solicitado el levantamiento de su secreto bancario, entre otras diligencias.

La decisión del Poder Judicial respecto a este tema, específicamente del juez Juan Carlos Checkley, se conocerá en los próximas días. En tanto, la fiscalía continúa con sus indagaciones con el 1 de febrero, por ahora, como fecha límite.

El último de los casos de este tipo es el de Alejandro Soto, actual presidente del Poder Legislativo. La fiscalía de la Nación, bajo la jefatura de Patricia Benavides, le abrió investigación preliminar el 22 de agosto.

Las pesquisas se dieron luego de un reportaje de Cuarto Poder. Allí se revelaron un conjunto de chats, a través de los cuales Phenelope Contreras Cabezas, trabajadora de su oficina y coinvestigada en el caso, solicitaba a otros colaboradores dinero para pagos de publicidad en Facebook y otras redes sociales del parlamentario de APP.

El plazo inicial fue de 90 días, que se vencían el pasado 21 de noviembre. Sin embargo, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso ampliar las pesquisas por 60 días más, tal como informó por entonces este Diario. Se necesitaban hacer más diligencias, como nuevas declaraciones y pedidos de información al Congreso.

El nuevo plazo era hasta el pasado 21 de enero. Según una fuente de El Comercio, no se ordenó otra prórroga, con lo que la indagación preliminar venció aquel día. De ser así, la fiscalía se pronunciara en los próximos días: o denuncia constitucionalmente al titular del Legislativo o archiva el caso.

El caso del presidente del Congreso también tiene un vínculo con la indagación penal seguida a la propia Patricia Benavides. Según Latina, el exasesor de Jaime Villanueva le pidió a Alejandro Soto agendar la moción para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; ante lo que “necesitaba ayuda” en su investigación.

Soto niega esa versión, pero ya ha sido citado a declarar como testigo en las pesquisas a Benavides.

Fuentes de El Comercio comentaron que la mayoría del resto de casos ha seguido un camino similar de declarse como complejos para ampliarse hasta ocho meses. Tal es el caso, indicaron, de la congresista Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) o el congresista Jorge Flores (Acción Popular), cuyas investigaciones iniciaron en abril y julio, respectivamente.

El de Katy Ugarte, de acuerdo con las fuentes, es otro de los casos donde la fiscalía está próxima a emitir un pronunciamiento. En el de Flores Ancachi aún están pendientes unas pericias, diligencias que la defensa del congresista ha pedido, mediante un recurso presentado ante el Poder Judicial, que no se hagan.

El caso de Ugarte tiene una particularidad. En la disposición que da inicio a la investigación penal a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, se señala que fue una de las congresistas con los que Jaime Villanueva se habría reunico para buscar votos a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, “para trasladarles el ofrecimiento de archivar sus denuncias a cambio de votos”.

También se menciona en ese grupo a Edgar Tello y Jorge Flores, quienes por entonces aún no eran investigados por presuntos recortes de sueldo, pero sí eran parte de otras pesquisas.

Los casos de los presuntos ‘mochasueldos’, en general, son parte de la carga de investigaciones a altos funcionarios que ha encontrado Juan Carlos Villena, tras asumir como fiscal de la Nación, junto a Luis Germaná, sucesor de Marco Huamán al frente del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

“Pronto habrá novedades”, coinciden fuentes cercanas a esas indagaciones.