Fiscalía archivó tres veces investigación contra César Álvarez

RODRIGO CRUZ ARANA @rcruza

Algo raro está pasando en la fiscalía de Huaraz desde que la procuraduría decidió investigar al hoy suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, por el delito de lavado de activos. 

La procuradora Julia Príncipe contó a El Comercio que las irregularidades comenzaron en junio del año pasado, cuando el fiscal provincial Hernán Quispe declaró improcedente la queja que presentó su despacho. Quispe, en ese entonces, sostuvo que el recurso fue presentado de manera extemporánea. Empero, eso no sería exacto.

“Nosotros, ni bien nos enteramos, le remitimos al fiscal toda la investigación que acredita que sí presentamos la queja dentro del plazo de ley; sin embargo, no obtuvimos respuesta de su parte”, recordó Príncipe.

Según las normas del Ministerio Público, las quejas deben ser respondidas en un plazo de tres días. "Nos hemos pasado un año haciendo gestiones para que por fin la queja haya sido elevada a la Fiscalía Suprema en lo Penal”, comentó.

De hecho, el recurso de la procuraduría no es más que una cadena de intentos por seguir investigando a Álvarez por el delito de lavado de activos. “Hasta en tres oportunidades la fiscalía ha archivado nuestra investigación”, remarcó la abogada del Estado.

Cabe recordar que si hoy el suspendido presidente regional está recluido en el penal de Piedras Gordas I, es porque la fiscalía lo acusó de homicidio calificado y asociación ilícita. Álvarez, a la fecha, no ha sido procesado por lavado de activos. 

La procuraduría sigue los pasos del cuestionado de Álvarez y su entorno desde junio del 2010, a partir de una denuncia presentada por el Frente de Defensa del Pueblo de Huaraz. Desde entonces, han identificado a una red de testaferros que tendría 56 miembros. Estas personas serían familiares y consejeros regionales cercanos al mandatario ancashino.

“La investigación ha estado paralizada un año [...]. Si se declara fundada la queja, continuamos”, dijo la letrada a este Diario.   

PELÁEZ LO SABÍA
Al ver que el fiscal Quispe no daba razón sobre su queja, la procuradora Príncipe decidió, en setiembre del año pasado, remitirle dos oficios al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, contándole lo sucedido.

“En un oficio le anexé todos los antecedentes, y sin embargo tampoco obtuve una respuesta [...]. Desconozco por qué el doctor Peláez no hizo nada al respecto”, indicó.

El Comercio se comunicó con Peláez Bardales, quien dijo: “seguramente al tomar conocimiento del caso le remití una comunicación al fiscal superior competente de Huaraz”.

El ex titular del Ministerio Público señaló, asimismo, que es irregular que la queja no haya sido resuelta en los plazos de ley. “Creo que aquí la Fiscalía de Control Interno debería de abrir una investigación cuanto antes para determinar responsabilidades”, añadió.

“Si existen presunciones, la fiscalía debería de investigar a Álvarez por el delito de lavado de activos”, manifestó el fiscal.

EXCUSAS PARA ARCHIVAR
La investigación de la procuraduría encontró en dos fiscales provinciales sus primeros obstáculos. Ellos son: la fiscal Silvia Paredes Goicochea y su colega José Antonio Palasa Guerra.

Paredes archivó la investigación, según Príncipe, argumentando que hacían falta peritos para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Palasa indicó que los presuntos testaferros adquirieron sus bienes, cuestionados por la procuraduría, antes de que Álvarez asumiera la Presidencia del Gobierno Regional de Áncash. “El fiscal Palasa dijo también que no era necesario levantar el secreto bancario ni bursátil de Álvarez”, precisó Príncipe.

EL SOCIO DE ORELLANA
La procuradora reveló también que Daniel Ramsay Romero, ex asesor del ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales, es socio del cuestionado empresario Rodolfo Orellana Rengifo.
 
Fue al comentar la investigación por tráfico de tierras y estafa que realiza su despacho desde el 2009 al empresario. “Orellana constituyó la empresa Coopex en el 2008, la cual está conformada por trabajadores del Poder Judicial, funcionarios de gobiernos regionales, el congresista Ángel Neyra (Fuerza Popular) y el ex asesor de Peláez, Daniel Ramsay Romero”, señaló.

Ramsay, precisó Príncipe, figura como socio de la firma Coopex (Cooperativa de Crédito para Empresas Exportadoras). “Eso se lo comuniqué al doctor Peláez y me dijo que hacía tiempo que su ex asesor ya no estaba vinculado a Orellana”, agregó la procuradora.

Al respecto, Peláez, aseguró: “[Ramsay] se desvinculó completamente de esa sociedad cuando trabajó conmigo”. “Hasta donde tengo conocimiento integró una empresa con Orellana hace como cinco años, pero luego renunció”.

En otro momento, la procuradora Príncipe dijo que existe una campaña de amedrentamiento y difamación “por haber tenido el atrevimiento de haberle pedido a la fiscalía que comprendan a Orellana en calidad de investigado”.