Caso Patricia Benavides: presunta red habría buscado “captar” a magistrados del TC, según colaborador

Ambos temas fueron plasmados y desarrollados en la resolución judicial que autorizó las detenciones de siete personas (entre ellos, dos exasesores de Benavides) y el allanamiento de 21 inmuebles en 12 distritos de Lima, como parte de la operación Valkiria XI, ejecutada durante la madrugada del último martes por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Tras la asunción de Benavides a la Fiscalía de la Nación, Huamán fue nombrado en julio de 2022 como fiscal adjunto supremo provisional, siendo designado específicamente en el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Es por esta división clave dentro de la fiscalía por la que pasan todas las denuncias contra los altos funcionarios del Estado (como los congresistas sindicados como ‘Los Niños’) y desde donde, según las primeras pesquisas, Huamán “habría asumido un papel de facilitador de información, contactos, consultor y de cuanta labor fuera necesaria para lograr los objetivos” de Benavides y su presunta red.

A lo largo del casi año y medio que Benavides estuvo a cargo de la institución, Huamán siempre se mantuvo dentro del círculo de confianza de la exfiscal de la Nación, incluso ante la inminente primera operación Valkiria que significó el desbaratamiento de la presunta red y gatilló una severa crisis institucional.

Tras el escándalo, Huamán fue retornado en diciembre pasado —por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena— a su plaza de origen: la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Hasta hoy, permanece en esa fiscalía anticorrupción.

Huamán es actualmente investigado como coautor del presunto delito de organización criminal, en la carpeta que sigue la fiscal suprema Delia Espinoza, siendo incorporado justamente el pasado 1 de marzo a esa pesquisa junto a las congresistas Patricia Chirinos y Martha Moyano. Fuentes de El Comercio confirmaron que los nuevos elementos ya fueron elevados por el Eficcop a la fiscalía suprema.

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Pero a los elementos ya conocidos a lo largo de los últimos meses se suma ahora la versión del Colaborador Eficaz 33-2023, en donde implica al fiscal Huamán en la presunta receptación de dinero a cambio de archivar pesquisas fiscales. Esto habría ocurrido entre el primer y segundo semestre del 2023 y, en ambos hechos, se habría coordinado con el abogado Óscar Nieves Vela, exconsejero legal de la presidenta Dina Boluarte y visitante de Palacio de Gobierno. Testimonios y otras diligencias efectuadas por el Eficcop habrían logrado corroborar dicha versión.

En el primer caso, según la versión del colaborador, Huamán y Miguel Girao (exasesor de Benavides y quien fuera detenido el martes de forma preliminar) habrían ingresado a la oficina de Jaime Villanueva, otrora hombre de confianza de Benavides, para indicarle que Nieves “estaba ofreciendo una buena cantidad de dinero a cambio de que se le ayude a conseguir el archivo” de una pesquisa fiscal contra su patrocinado.

La investigación a la que se hace referencia es una pesquisa por presunto lavado de activos seguida en contra del empresario Camilo Peirano Blondet, según la citada versión, a cargo del fiscal provincial Carlos Puma. El abogado Nieves le habría enviado a Villanueva documentación relacionada al caso, vía el aplicativo de mensajería Signal.

Como parte de las gestiones para lograr el cometido, según el colaborador, Villanueva se comunicó directamente con el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, pidiéndole información “por encargo” de la fiscal de la Nación del caso en cuestión. Incluso, ante la insistencia, se logró gestionar una cita formal entre un abogado de parte (y es que, según esa versión, Nieves “no quería figurar”) y el fiscal Puma. En esta reunión también participó la fiscal adjunta provincial Augusta Arcela Ynfante, a cargo de la tramitación de la carpeta fiscal.

En el encuentro, de acuerdo con las pesquisas, el abogado de Peirano expuso que el plazo de las diligencias preliminares en contra de su patrocinado se había vencido y solicitó que se emitiera una disposición de fondo. Y es, tras esta reunión, que días después —el 16 de febrero de 2023— se emitió la disposición de no haber mérito en parte para continuar y formalizar investigación contra Peirano y otros; es decir, se envió el tema al archivo.

El colaborador eficaz relató que, tras conocer de esta decisión, Villanueva se comunicó con el abogado Nieves para darle cuenta y este último, tras agradecerle, “le indicó que el dinero ofrecido por el archivamiento de la investigación sería entregado a Marco Huamán Muñoz”.

Al cabo de unos días, según las pesquisas, Huamán se habría comunicado con Villanueva para que acuda a su oficina dentro de la misma fiscalía.

“Este le manifestó que el abogado Oscar Nieves Vela había cumplido con su ofrecimiento de dinero por conseguir el archivo de la investigación (...) entregándole en ese momento un sobre manila color amarillo el cual contenía (US$20.000), mencionando Marco Huamán que él ya había cobrado su parte”, se recoge en el documento judicial.

Según la versión del colaborador, Huamán habría indicado que esos US$20.000 debían de ser repartidos una mitad para Villanueva y otro para Miguel Girao, el exasesor detenido. Girao habría destinado ese dinero para el financiamiento de un departamento junto a su esposa.

Posterior a ello, hay una segunda entrega de dinero en la que también se implica a Huamán. Los mismos personajes, pero distintos beneficiados. A inicios de julio del año pasado, nuevamente Nieves se habría comunicado con Villanueva para solicitarle el archivo de otra pesquisa fiscal por presunto lavado de activos, esta vez seguida contra Manuel Altamirano Ramírez, según se recoge en el documento judicial.

“A cambio de ello ofreció la entrega de dinero para Jaime Villanueva Barreto y para el exasesor de la fiscal de la Nación Miguel Girao y el fiscal adjunto supremo Marco Huamán. Esta propuesta fue aceptada (...) pues Óscar Nieves habría manifestado haber tratado previamente el acuerdo ilícito con Girao y Huamán, con quienes se había consolidado el sostenimiento de este tipo de acuerdos subrepticios de tipo corruptivo”, se remarca en la resolución.

Al igual que el primer caso, Villanueva habría buscado gestiones ante el fiscal coordinador Rafael Vela. También se habría contactado con la fiscal adjunta Angie Távara Roque, responsable de la carpeta fiscal en el despacho del fiscal Carlos Puma, y a quien “le habría ofrecido interceder para que sea nombrada como fiscal provincial”. Esto habría sido a cambio de elaborar el proyecto de disposición de archivo.

Pero a diferencia de la primera carpeta fiscal, incluso con ello aquí habrían encontrado ciertas demoras. Tanto que Villanueva tuvo que comunicarse con la propia Benavides, quien convocó a su despacho hasta en dos oportunidades (el 5 de julio y el 19 de julio, respectivamente) al fiscal Puma para que emita un pronunciamiento. Tras las presiones, ello finalmente ocurrió. Se archivó.

Posterior a ello, en setiembre de ese año, Nieves “le entregó dinero” al fiscal Marco Huamán y a Miguel Girao, según el testimonio que se recoge en la resolución, por el archivamiento de esta pesquisa. Luego este último habría acudido a la oficina de Villanueva, de acuerdo con el colaborador, entregándole US$10.000 “que era su parte del dinero recibido por el acuerdo realizado”.

La segunda línea de investigación tiene que ver con Huamán y su supuesta cercanía con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, y cómo la presunta organización criminal también habría buscado “captar” a los magistrados del citado organismo constitucional.

Según las pesquisas, el tema surgió luego que Benavides destituyera a la fiscal suprema Betzabé Revilla, a cargo de las pesquisas en contra de su hermana, Enma Benavides. Tras esto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación.

De acuerdo con la declaración de un aspirante a colaborador, Benavides, Villanueva y Girao “planificaron” que debían plantear una demanda competencial ante el TC, pues “tenían que aprovechar” que el presidente de ese órgano, Morales, “es muy cercano” a Huamán y que por su intermedio “les harían el favor de declarar fundada la demanda”.

Para ello, Benavides primero llevó el tema ante la Junta de Fiscales Supremos y planteó que la JNJ no podía investigarla por actos de gestión, siendo aprobada la presentación de la demanda. Sin embargo, el aspirante a colaborador refiere que “siempre la finalidad de Benavides fue que pueda designar a los fiscales a su conveniencia” y “para evitar que la sancionen” por el cambio de Revilla.

A inicios de agosto del 2023, de acuerdo con esta versión, Benavides habría enviado a Huamán a reunirse con el magistrado Morales Saravia en la sede del TC “para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial”.

“En esa reunión, el presidente del TC le dijo a Marco Huamán que tenían que presentar la demanda competencial antes del 20 de agosto del 2023, porque él se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda, además se comprometió a ayudar a la fiscal de la Nación”, según relató el aspirante a colaborador.

En un auto de fecha 29 de agosto (y firmado y publicitado el 31 de ese mes), el TC decidió admitir a trámite la demanda competencial promovida por Benavides, “como lo habían acordado la fiscal de la Nación y el presidente del TC Francisco Morales, a través del fiscal Marco Huamán”, se sostiene.

También se remarca que Morales “se hizo designar como ponente de la causa para garantizar con eso que mostraría una posición a favor en su informe para declarar fundada la demanda”. Este Diario pudo conocer que el primer ponente del caso fue Morales, aunque luego fue derivado hacia otro magistrado.

La demanda competencial en cuestión aún está pendiente de ser resuelta por el máximo intérprete de la Constitución. Pero, además, siguiendo con el testimonio, luego de la admisión, el “plan” de la exfiscal de la Nación “fue el de captar a los demás integrantes del Tribunal Constitucional para garantizar que declaren fundada la demanda competencial”.

En este extremo se implican a otros personajes como al abogado José Luis Hauyón y al exministro aprista Hernán Garrido Lecca; este último ya ha negado anteriormente los señalamientos tras las operaciones Valkiria.

El Comercio intentó recoger las versiones tanto del fiscal Huamán como del magistrado Morales, a través de llamadas y mensajes. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no respondieron.