El juicio a Gregorio Santos está camino a la recta final

El ex gobernador regional de Cajamarca y ex candidato presidencial Gregorio Santos, quien encabezó la semana pasada una marcha en Lima para exigir una nueva Constitución, tiene un proceso penal abierto que está en su penúltima etapa.

Se trata del juicio oral que el Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional sigue al líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) por presuntos actos de corrupción realizados durante su gestión como gobernador regional de Cajamarca. A Gregorio Santos se le acusa de dirigir una organización delictiva que habría cobrado sobornos a cambio de otorgar la buena pro en 12 licitaciones.

Gregorio Santos es procesado junto a otras 46 personas por los delitos de asociación ilícita y colusión. Para él, la fiscalía ha pedido 24 años de prisión.

El juicio oral se inició hace más de un año y se encuentra en la penúltima etapa. Ya se interrogó a los procesados, se tomó la declaración de los testigos y se recogieron los informes de los peritos. En la actualidad se viene desarrollando la oralización de las pruebas. Después seguirán los alegatos y finalmente la sentencia.

De acuerdo a fuentes judiciales, el fallo podría emitirse dentro de cuatro meses. Según fuentes fiscales, el sentido de la sentencia sería condenatorio.

“El caso está bastante consolidado. La hipótesis de la fiscalía, de que hubo colusión en 12 procesos de selección, ha sido corroborada por colaboradores eficaces, testigos, documentos y voucher, y también por peritos que se presentaron en el juicio”, manifestó el fiscal a cargo del caso, Walter Delgado.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la mayoría de los contratos se firmó con las empresas Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y Cassum Ingenieros. El entonces gobernador regional habría recibido coimas por más de S/1’200.000 de los empresarios Wilson Vallejos y Luis Pasapera, quienes también son procesados.

La fiscalía asegura que durante el proceso se ha confirmado los depósitos de las coimas, no solo en la cuenta de Santos, sino también en la de sus dos ex parejas, su chofer y miembros de su seguridad.
El Ministerio Público también sostiene que Vallejos compró un departamento para Santos y que eso ha sido verificado por el vendedor del inmueble, así como por la persona que hizo el depósito del dinero para la adquisición.

El ex gobernador regional, quien estuvo 25 meses bajo prisión preventiva y fue liberado en julio del año pasado, niega todas las imputaciones y ha sostenido que hay una persecución política en su contra.

Consultado por este Diario sobre lo que se señala desde la fiscalía, Santos se limitó a decir que “la fiscalía puede afirmar mil barbaridades y calumnias”.

No fue posible hablar con su abogado Fernando Ugaz, pero este dijo en una audiencia que el fiscal Delgado “ha hecho una fabulación al hablar de una organización criminal”.

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