Ministro Roberto Sánchez y su asesora fueron hallados responsables de irregularidades en informes de la contraloría

Miguel Gutiérrez R.

Unidad de Investigación

La Contraloría General de la República halló responsabilidad administrativa en el actual ministro de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, cuando este se desempeñaba como director ejecutivo de la oficina de Administración de las Direcciones de las Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, en el 2016.

Una acción de control posterior realizada en el 2019, a la Diris de Lima Norte, encontró que el actual ministro, quien es presidente de Juntos por el Perú y congresista, y otros servidores públicos no cumplieron con controlar debidamente los procesos de contratación con empresas, así como el pago de servicios de mantenimiento de infraestructura de cinco establecimientos de salud de la capital. La contraloría estimó que el incumplimiento de las normas de contrataciones por estos funcionarios perjudicó al Estado por más de S/86.000.

Entre las irregularidades encontradas por el equipo de auditores figura la desaparición de un expediente técnico que justificaba un proceso de contratación de adjudicación directa a una empresa proveedora.

El órgano de control señaló también que el director ejecutivo de la Oficina de Administración de Salud, Roberto Sánchez, tramitó el pago a dos contratistas sin esperar el visto bueno del jefe de mantenimiento y servicios generales tal como lo exigía el proceso de adquisiciones. Además, Sánchez aprobó otros expedientes de mantenimiento sin esperar que las observaciones fueran resueltas, transgrediendo lo dispuesto por la ley de contrataciones.

La contraloría puso en conocimiento estas evidencias a la procuraduría del Ministerio de Salud para que inicie las acciones legales contra los servidores y funcionarios comprometidos. Al ministro Roberto Sánchez se le encontró responsabilidad civil y administrativa en este control.

Otra investigación

El actual titular del Mincetur también fue demandado en la parte civil por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), la institución para la cual trabajó entre el 2013 y 2014 como gerente de Administración y Finanzas.

El pedido de indemnización por daños y perjuicios a Sánchez Palomino y otras 11 personas que laboraron en esa institución por un monto de S/340.250 fue presentado en el 36° Juzgado Civil de Lima y posteriormente en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente. El Sisol se desistió finalmente de la indemnización luego de que se declarara inadmisible en un primer momento. En el caso del juzgado civil, el proceso se registra como activo desde el 2018.

La asesora

La jefa del gabinete de asesores del despacho ministerial, quien fue escogida por el titular del Mincetur para que coordine diariamente su plan de trabajo, también figura en informes de la contraloría por sus funciones en otras entidades del Estado.

Aída Salas Gamarra figura en un reciente informe de control por una presunta responsabilidad penal en una compra de material de protección y de higiene para los trabajadores del programa social Pensión 65. Salas era la jefa de la Unidad Administrativa de este programa social, en plena emergencia sanitaria del COVID-19, cuando se adquirieron grandes cantidades de alcohol en gel y termómetros infrarrojos por un monto de S/142.420.

El equipo de auditores determinó que el material adquirido no cumplía las especificaciones técnicas requeridas en el expediente de adquisición, así como el pago innecesario de servicios de embalaje de alcohol en gel y mascarillas, operación que solo terminó beneficiando económicamente a tres empresas proveedoras en desmedro de la entidad.

Una copia del informe de auditoría fue enviado este año al procurador público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para que tome las acciones legales correspondientes. Se desconoce su estado actual.

En el 2017, otra auditoría recomendó abrir proceso administrativo disciplinario al detectar que Salas cometió “negligencia” cuando laboraba como directora de la Oficina Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores del Ministerio de Salud.

La sanción disciplinaria –que podía ser hasta un año de suspensión de sus remuneraciones– finalmente no se produjo porque la falta prescribió por el tiempo transcurrido, según disposiciones de Servir.

El ministro y la jefa del gabinete coincidieron en el 2013 cuando Sánchez se desempeñaba como director de Política y Planes en el Concytec, dependiente de la PCM, y Salas como directora general administrativa. Precisamente, el primer cuestionamiento a la gestión de Salas se dio cuando laboraba en esa oficina del Estado. El procurador de la PCM, en representación del Concytec, demandó una indemnización por incumplimiento en sus funciones. El magistrado del 32° Juzgado Civil declaró en el 2017 que, habiendo transcurrido más de dos años, el proceso había prescrito.

Este Diario solicitó las versiones del ministro Sánchez y su asesora Salas, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuestas.

Más información

En el 2006, Roberto Sánchez enfrentó un proceso por el delito de falsedad ideológica, pero la Corte Superior de Justicia de Huaura lo absolvió y se ordenó el archivo definitivo del proceso años después, en el 2013. También tiene una investigación policial desde el 2020 por fraude en la administración de personas jurídicas. Sánchez y Salas no tienen experiencia en el sector comercio y turismo, según sus hojas de vida.

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