Delegación de facultades: Plazos y UIF en el centro del debate

La Comisión de Constitución del Congreso inició el debate de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la sesión que se llevaba a cabo en el Hemiciclo del Palacio Legislativo tuvo que ser suspendida tras 2 horas y media de discusión, debido a que para las 3 de la tarde se había programado la sesión del pleno en la que la aprista Luciana León será elegida tercera vicepresidenta del Congreso.

Sin embargo, el debate en la Comisión de Constitución dejó claras las diferencias que hay en torno a la delegación de facultades. Uno de los aspectos más controversiales ha sido el plazo durante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir decretos legislativos.

El predictamen –sustentado por el presidente de la comisión, el fujimorista Miguel Torres– propone delegar las facultades por 90 días en los temas de reactivación económica y formalización; lucha contra la corrupción; agua y saneamiento; y reorganización de Petro-Perú. Sin embargo, plantea apenas 60 días en seguridad ciudadana.

El aprista Javier Velásquez Quesquén consideró que restringir el tiempo para que el Ejecutivo legisle es una mala señal. El oficialista Gino Costa también consideró que 60 días para seguridad ciudadana era muy poco. “El criterio no debe ser la urgencia de un asunto, sino la calidad de la norma que se espera”, argumentó.

Sin embargo, el fujimorista Luis Galarreta consideró que 60 días era suficiente, pues los que equipos técnicos del Ejecutivo deben estar trabajando desde que se solicitaron las facultades (el 8 de setiembre).

Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, propuso que el plazo de las delegaciones, en todo caso, sea de 90 días para los cuatro aspectos (el gobierno había pedido 120).

Reparos a la UIF
Otro aspecto que estuvo en el centro del debate es el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mientras en el proyecto de ley, el Ejecutivo pedía facultades para legislar de manera tal que la UIF pudiera, por un lado, acceder al secreto bancario y, de otro lado, compartir sus informes de inteligencia financiera con los organismos electorales y de inteligencia, el predictamen descarta esta segunda posibilidad.

Los apristas Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén fueron lo más claros defensores de este aspecto del predictamen. Aunque el jefe de la UIF, Sergio Espinoza, ha criticado que el Congreso no quiera dar mayores atribuciones a su institución, Del Castillo mencionó que la titular de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), María del Socorro Heysen, ha dicho que se ha llegado a un punto y medio. “Ella ha dicho que eso es satisfactorio, así no les guste a los caviares”, enfatizó Del Castillo.

Velásquez también mencionó que era improcedente que un órgano administrativo como la UIF tuviera acceso al secreto bancario, que tiene protección constitucional. “El Congreso debe legislar en función de las necesidades del país, no de una campaña mediática”, dijo.

Otro punto que generó controversia fue la propuesta del predictamen para que el Ejecutivo tuviera que prepublicar, con 7 días de antelación, cada decreto legislativo.

Del lado oficialista, Carlos Bruce consideró que esta prepublicación recortaba en la práctica el plazo de delegación de facultades, y Mercedes Aráoz dijo que este mecanismo significaría un gasto económico, pues representaría la impresión de los documentos en el diario oficial “El Peruano”.

Del lado de la mayoría parlamentaria, Luis Galarreta, dijo que, al parecer, el Gobierno no quería que la ciudadanía sepa qué iba a hacer con las facultades legislativas.

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