Pedro Chávarry y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: entre el archivo y lo pendiente

En los últimos dos años, los cuestionamientos sobre el fiscal supremo Pedro Chávarry, traducidos en denuncias, han sido un asunto recurrente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Sin embargo, la frecuencia con la que se repite su nombre no ha impedido la dilación de los trámites correspondientes.

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Un nutrido número de acusaciones contra el exfiscal de la Nación fueron presentadas entre el 2018 y el 2019, años en la que el mencionado grupo parlamentario fue liderado por el entonces congresista César Segura (Fuerza Popular), quien, ante la insistencia de los opositores a su bancada de que las denuncias sean vistas a la brevedad, tenía la costumbre de responder que los expedientes serían revisados por orden de llegada.

El último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constituciones decidió continuar el trámite de la denuncia presentada por la actual titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, contra Chávarry Vallejos por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que habían sido lacradas.

Sin embargo, se determinó que el proceso sea retomado desde el último extremo adoptado por el Parlamento en setiembre del 2019, punto en el que la subcomisión había concedido imputación por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años, mas no por encubrimiento personal y encubrimiento real.

Así, la subcomisión no tomó en cuenta el pedido de revisar las decisiones adoptadas por el Parlamento disuelto, en las que Chávarry se vio librado de denuncias más gravosas.

Motivos que avivaron procesos

La figura de Pedro Chávarry luce críticas desde antes de jurar al puesto de fiscal de la Nación, posición en la que el abogado se desempeñó desde julio del 2018 a enero del 2019. En la víspera de su asunción al máximo cargo del Ministerio Público, un audio con coordinaciones entre él y el juez supremo César Hinostroza, supuesto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, le valió vinculaciones con dicho grupo.

A esta revelación le sucedieron la publicación de numerosas grabaciones que daban cuenta de su cercanía con miembros de la presunta organización criminal, lo que motivó la solicitud de que se efectúen las investigaciones del caso por parte de parlamentarios opositores a Fuerza Popular, fiscales de todo rango y el presidente Martín Vizcarra.

En noviembre y diciembre del 2018 aparecieron dos acusaciones que también lo esbozaron como protagonista de la agenda política: la primera, por la presunta adulteración de sus notas en su proceso de ratificación en el CNM como fiscal supremo; mientras que la segunda por presuntamente haber plagiado 292 de los 356 párrafos de la tesis con la que obtuvo su grado de maestría en derecho penal.

No obstante, uno de los puntos cumbres de las críticas a su persona se dio lugar el 31 de diciembre del 2018, cuando en su condición de fiscal de la Nación retiró a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato. Ambos fiscales habían pedido denunciarlo por entorpecer la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht, así como presuntamente hacer maniobras de encubrimiento a favor de la investigada lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. A causa de la presión ejercida por varias protestas ciudadanas, los fiscales fueron restituidos en sus cargos el 2 de enero del 2019.

Días después, los reflectores se posaron nuevamente sobre el entonces Fiscal de la Nación, esta vez por el ingreso de personal de su despacho y de su escolta personal a una oficina de su asesor que había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos, y otros, contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Tras esta última imputación, Chávarry anunció la dimisión al cargo de fiscal de la Nación, pero aduciendo la existencia de injerencias del Ejecutivo en su labor como autoridad del Ministerio Público. A finales de febrero, Rosa María Venegas, exasesora de Chávarry e implicada en el caso, indicó que el fiscal supremo fue quien ordenó el deslacrado de la oficina mencionada.

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Largo trámite

El julio del 2018, Marco Arana (Frente Amplio) denunció a Chávarry por su presunta cercanía con los implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por mentir en torno a una cita que se llevó a cabo en el domicilio del empresario Antonio Camayo. El 10 de octubre del 2018, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el informe que recomendaba la destitución de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación y su inhabilitación por 10 años en la función pública, decisión que fue ratificada días después en la Comisión Permanente.

Tras extensas dilaciones y sesiones suspendidas por falta de quórum, fue admitida a trámite la denuncia de Gloria Montenegro (APP) por las grabaciones que vinculaban a Chávarry con Los Cuellos Blancos del Puerto, en contraste a lo sucedido con la denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco contra Chávarry y seis magistrados supremos por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, pues esta fue desestimada.

A su vez, Gino Costa presentó hasta cuatro denuncias constitucionales contra el entonces titular del Ministerio Público: por los audios con Hinostroza, por presunto plagio en su tesis, por la adulteración en sus notas en la evaluación de ratificación en el cargo y por supuesto entorpecimiento del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Solo la última fue admitida a trámite.

Tras la renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal de la Nación, en febrero del 2019 la bancada del Frente Amplio presentó una nueva denuncia constitucional contra él, esta vez por el ingreso a las oficinas lacradas del Ministerio Público, acusación en la que se le imputaron los delitos penales de hurto agravado, desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal y real, obstrucción a la justicia, fraude procesal y pertenencia a una organización criminal.

En abril, luego de reiterativas demoras para el nombramiento de ponentes de las denuncias y, nuevamente, sesiones sin suficiente quórum, la subcomisión acordó por mayoría archivar la denuncia contra Chávarry por el ingreso y sustracción de información en las oficinas del Ministerio Público lacradas por el fiscal José Domingo Pérez.

Un mes después, Zoraida Ávalos presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos, precisamente por la irrupción de su colega en las mencionadas oficinas. En respuesta, varios legisladores del grupo de trabajo advirtieron que la acusación no se podría procesar hasta agosto de ese año a causa de que el inciso M del artículo 89 del Reglamento del Congreso establece que las denuncias “declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente período anual de sesiones”.

El 20 de mayo del 2019, la subcomisión acordó, por mayoría, acusar al extitular del Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal, previstos en el Código Penal, por su decisión de remover a los fiscales Vela y Pérez. Días después, sin embargo, la Comisión Permanente solo aprobó acusarlo por el delito de encubrimiento real.

En junio, el grupo de trabajo encabezado por el fujimorista César Segura declaró improcedente la denuncia de la fiscal Ávalos en los extremos de que se acuse a Chávarry por encubrimiento personal y encubrimiento real, permitiendo únicamente el trámite de la imputación por presunto atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), la cual tiene una pena menor. La decisión fue ratificada por la Comisión Permanente.

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El 24 de julio del 2019, el pleno del Parlamento rechazó la eventual acusación contra Chávarry por los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto, así como tampoco recomendar su destitución e inhabilitación por 10 años por infracciones a la Constitución.

Dicho día solo se aprobó la denuncia por el presunto delito de encubrimiento real. Varios meses después, en noviembre del 2019, el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo Instructor, archivó el proceso contra Chávarry por considerar que los hechos imputados no constituyen el delito aprobado por el pleno Congreso.

Las denuncias contra Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión permanente y el pleno del Congreso se vieron disminuidas, en reiteradas oportunidades, por los votos de las bancadas de dos partidos: Fuerza Popular y el Apra.

Pendientes

Tal como se ha mencionado líneas más arriba, la subcomisión ha decidido continuar con el trámite de la denuncia de Ávalos por la irrupción en oficinas de la Fiscalía de la Nación que fueron lacradas en enero del 2019, pero solo por uno de los tres delitos imputados.

Sin embargo, hay dos procesos más contra Pedro Chávarry. Luis Roel Alva (Acción Popular), titular del grupo congresal, ha especificado este martes que hay dos denuncias constitucionales ciudadanas planteadas contra el fiscal supremo.

La primera, de número 302, ha sido interpuesta por la supuesta infracción constitucional y comisión de los delitos contra la administración pública como abuso de autoridad y concusión.

Del mismo modo, figura la 305 por la presunta comisión del delito de omisión del ejercicio de la acción penal. En diálogo con Ideeleradio, el legislador ha señalado que ambas serán calificadas por el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Serán revisadas al detalle para no blindar a nadie [...] Mi promesa es que no vamos a blindar a nadie”, concluyó el acciopopulista.

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