La entidad que realiza la solicitud de compra es la Oficina de Participación Ciudadana, que está a cargo del primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría (Fuerza Popular). (Foto: El Comercio)
La entidad que realiza la solicitud de compra es la Oficina de Participación Ciudadana, que está a cargo del primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría (Fuerza Popular). (Foto: El Comercio)

Tres días antes de que concluya el 2023, el publicó las bases, a través de la OSCE, para una licitación muy particular: la adquisición de 17.540 medallas para “diversos programas” que el referido poder del Estado desarrollará este año. La buena pro se dará el próximo 19 de enero.

De acuerdo al expediente técnico, al que tuvo acceso El Comercio, 4.830 medallas serán doradas y las 12.710 medallas restantes, plateadas. La entidad que realiza la solicitud de compra es la Oficina de Participación Ciudadana, que está a cargo del primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría (Fuerza Popular).

El documento, además, subraya que las preseas serán entregadas a los participantes de los programas “Parlamento Joven”, “Parlamento Universitario”, “Parlamento Mujer” y “Parlamento Escolar”.

En promedio, el Poder Legislativo entregará 1.461 medallas por mes y 48 por día.

(Foto: El Comercio)
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El Congreso ha elegido cuatro diseños para las medallas [ver imagen] y le dará 20 días a la empresa seleccionada para que entregue el material, una vez que la institución dé el visto bueno a las muestras. Las preseas, que deberán tener un año de garantía, deben venir con una cinta color rojo y blanco ya acoplada.

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El costo de esta futura adquisición aún no se conoce, debido a que las empresas deben presentar sus ofertas. A la que tenga el precio más bajo se le otorgará el máximo puntaje.

La compra de medallas es solo uno de los ocho procesos de adquisición del Parlamento en diciembre. Por ejemplo, el 29 del pasado mes publicaron las bases para la licitación de un sistema contra incendios; también están buscando contratar asesoría para el mantenimiento de la seguridad electrónica y, quizás la más polémica, la obtención de nuevos celulares “para la asistencia y votación” en las sesiones plenarias.

Los equipos telefónicos- de acuerdo al expediente de la licitación-deberán contar con tecnología 4G o 5G “como mínimo”. Además, sus baterías deberán garantizar “un tiempo de conversación de al menos seis horas”, memoria interna de 64 gigas, operación en cuatro frecuencias, reconocimiento facial y sensor de huella.

También deberá tener un plan de datos de 10 gigas mensuales, que debe ser incluido en la oferta.

Otra de las compras que busca concretar el Congreso en las próximas semanas es la de un sistema de megafonía para el Palacio Legislativo.

De los S/929′965.014 que tuvo el Parlamento como presupuesto en el 2023, ejecutó S/862′514.358. Es decir, el 92,8%. Y le quedó un saldo de S/67′450.656, de acuerdo a su portal de Transparencia. Para este año, el Legislativo cuenta con más de mil millones como partida presupuestal.

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Alegría indicó que, si bien la Oficina de Participación Ciudadana está bajo la supervisión de la Primera Vicepresidencia del Congreso, él no dispone la operatividad de esta. Añadió que los programas de participación tienen acogida y que a los que se inscriben y terminan los cursos “por lo general se les entrega una medalla junto a un certificado que ahora son digitales”.

El parlamentario fujimorista dijo que es probable que se compren más de 17 mil medallas para que la unidad resulte a menor costo.

En otro momento, justificó que el Congreso mantenga las votaciones en el pleno y comisiones de manera virtual, aunque adelantó que va a proponer a la Junta de Portavoces que los legisladores que deseen participar del debate estén presentes en sus curules.

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(Fuerza Popular), jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, dijo a este Diario que las medallas se han entregado desde la creación de los programas, pero que a diferencia de años pasados, esta vez se decidió solicitar la licitación por todas las preseas que se usarán en el 2024.

“Cómo podríamos hacer la simulación [de que estos jóvenes son congresistas], cómo sería la juramentación a los alumnos, qué les imponemos”, indicó al ser consultada sobre si los programas podían darse sin las medallas.

Beteta, quien fue congresista en el Parlamento disuelto por el expresidente Martín Vizcarra, señaló que no sabe cuánto costará la referida compra. “Nosotros solo hacemos los requerimientos”, subrayó.

“Esto es como regalarle caramelos a la gente”

Al respecto, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró “un despropósito” que el Congreso utilice sus recursos para la compra de medallas, cuando a los participantes de los programas mencionados líneas arriba se le pueda dar un diploma. Agregó que por más medallas que el Legislativo dé, esto no cambiará la percepción que tiene la opinión pública sobre ese poder del Estado.

“Esto es un despropósito. Si con esto quieren revertir la pésima opinión que tiene la ciudadanía sobre el Parlamento, no es un mecanismo adecuado. ¿Dónde está la oficina de control interno de la contraloría? ¿Está pintada en la pared? ¿Dónde está el contralor Nelson Shack? Con un diploma de cartón o de papel es suficiente, no es necesario gastar”, remarcó a El Comercio.

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Rospigliosi también advirtió que se debe revisar quiénes son los destinatarios de los programas parlamentarios.

“Ellos deben ser elegidos por meritocracia, cuidado, no vayan a ser militantes de partidos políticos, porque eso conllevaría a que se están utilizando recursos públicos para capacitar a afiliados a un partido y encima les darán medallas”, expresó.

Respecto a la adquisición de nuevos celulares para que los congresistas puedan participar virtualmente de las sesiones plenarias, Rospigliosi indicó que el Congreso debe retornar a la presencialidad.

Explicó que el artículo 51-A del reglamento del Parlamento establece que cuando haya “circunstancias de gravedad” que impidan el desarrollo de sesiones presenciales, el presidente del Congreso, tras un acuerdo de la Junta de Portavoces, puede disponer el desarrollo de sesiones virtuales del pleno y otros órganos.

“En la actualidad, ¿cuál es el hecho de gravedad? La solución es que cualquier grupo ciudadano presente una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial y que un juez ordene que se respete el reglamento, que disponga que las sesiones deben ser presenciales”, manifestó.

Rospigliosi sostuvo que los bonos extraordinarios, las tarjetas para fechas conmemorativas de 2024 y estas últimas compras son una evidencia del despilfarro del Congreso. “Esto es un escándalo y nada le pone fin”, acotó.

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El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes indicó que el Parlamento solamente busca “agenciarse una mejor imagen” con los ciudadanos a los que hacen participar en sus programas.

“Esto es como regalarle caramelos a la gente para que hable bien del Congreso, eso no añade ni un ápice a la calidad representativa [de este poder] frente a las necesidades del país, el Perú no necesita medallas por más ingenuo que sea este gesto”, dijo a este Diario.

Delgado Guembes refirió que las prioridades del Legislativo para la ejecución de su presupuesto deben ser en actividades que le dan un “mayor valor público”. ¿Se lo da comprando celulares, otorgando bonos y tarjetas de consumo, medallas? No pues, esta es la parte más superficial y banal. El Congreso está asumiendo una actitud delirante con respecto al ejercicio de la representación pública”, finalizó.

Más información

A mediados de diciembre, se conoció que la Mesa Directiva aprobó la entrega de tarjetas electrónicas correspondientes al “aguinaldo navideño de fin de año”, cada una por S/1.700. Este beneficio comprendió a todos el personal del Servicio Parlamentario, “independientemente de su régimen laboral”, y a los congresistas.

De acuerdo a un análisis realizado por El Comercio, el monto que se desembolsó por ese aguinaldo fue de más S/6′500.000.

La mayoría de congresistas (algunos devolvieron ese dinero) recibió en total un beneficio económico de más de S/43.000 solo en diciembre de parte del Estado, tomando en cuenta su sueldo, su gratificación y aguinaldo, así como el bono por semana de representación y por desempeño laboral.